Las víctimas de un sistema judicial siguen buscando justicia, ANF le cuenta los casos de Jhiery Fernández, Marco Antonio Aramayo, Elvira Parra y las victimas de feminicidio de Richard Choque, liberado por un juez.
A las 02.00 de la madrugada de aquel 27 de marzo de 2018, al médico Jhiery Fernández se le vino el mundo encima, su vida terminó en añicos como un vidrio roto en el suelo, cuando la justicia lo sentenció a 20 años de presidio por un delito que años más tarde se supo que no cometió, la violación contra el bebé Alexander, de ocho meses.
Estuvo encarcelado por tres años y 10 meses, hasta que se develó un audio en el que la misma exjueza que lo condenó, Patricia Pacajes Achu, admitió que él era inocente. Como el galeno, otras personas también fueron dañadas por una justicia que destrozó y truncó sus vidas. ANF le cuenta estas cuatro historias.
Antes de su acusación y juzgamiento, el médico Jhiery Fernández iba a especializarse en traumatología pediátrica e iba a formar una familia; sin embargo, sus sueños fueron truncados por la paradójica injusticia de jueces y fiscales que tienen la misión de buscar la verdad aplicando las leyes.
Hoy goza de libertad, pero es una libertad incompleta porque todavía debe vivir lidiando con el oscuro mundo de la administración de justicia. No puede salir de la ciudad ni empezar una nueva vida en otro departamento porque su proceso continúa en La Paz. Son nueve años en audiencias y gastos judiciales
Es muy difícil sobrellevar el hecho de haber estado preso por cuatro años. Te arruinan la vida, arruinan la vida de la familia, en este caso de mis papás. Han arruinado muchas cosas, muchos proyectos de vida que yo tenía y hasta hoy está repercutiendo mucho en mi persona y no creo que pueda recuperar todo ese tiempo perdido. Ha sido un infierno y sigo peregrinando por los pasillos de los juzgados”, señaló Fernández en una entrevista con ANF.
El galeno relacionó a la justicia boliviana con el Tribunal de la Inquisición porque sin pruebas fehacientes, fue señalado y acusado por un delito aberrante. Todo el “trauma” que vivió sigue en su mente es un peso en su vida.
Quisiera olvidar esos tres años y diez meses en la cárcel de San Pedro, pero no puede. Solo mencionar el tema le trae a su memoria ese pasaje atroz le causa dolor y prefiere no hablar del tema, solo calificó a ese centro penitenciario como el “peor lugar”. “No se lo deseo a nadie. Es la cloaca de la sociedad, así nos catalogaban”.
También recordó las muchas veces cuando la policía lo dirigía a sus audiencias esposado, mientras la gente le gritaba y juzgaba, mientras tanto veía a sus padres llorar y acongojados en todo el proceso. “Todo fue un suplicio”.
Pese a que tomó un tratamiento sicológico, cada vez que sale a las calles él siente desconfianza, siente que muchas miradas lo siguen juzgando, voltea su cabeza, mira hacia atrás, luego sigue su camino.
Fernández hoy es médico general en el centro de Salud San José de Natividad. Ya peleó por su libertad, hoy su lucha es obtener indemnización en un proceso contra la Gobernación de La Paz por los daños causados todos esos años, también acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado, por los jueces y fiscales que lo penaron con pruebas falsas
Estoy libre desde 2018, pero todo eso me ha marcado, y por la estigmatización de la sociedad. Siempre hay alguien que te juzga y señala y no te cree. Me ha costado incluso retomar mi profesión, el hecho de sentarme nuevamente delante de un paciente en un consultorio, hasta daba pavor revisar a un niño. Me han truncado muchas cosas”
Aseguró que desconoce cómo murió el bebé Alexander ese 13 de noviembre de 2014, y que fue asignado al Hogar Virgen de Fátima –hoy llamado Centro de Acogida Niño Jesús, dependiente de la Gobernación-, ya que él se encontraba a dos cuadras del dormitorio. Antes de su juzgamiento, el examen médico forense indicó que el bebé perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio, también presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que se estableció que el menor había sido víctima de violación.
Hoy, Jheiry Fernández aún tienen una deuda que pagar a sus familiares por todos los gastos que le implicó defenderse en el proceso. Espera que las personas que lo implicaron en un delito que no cometió sean juzgadas como debe ser. “La justicia boliviana necesita personal con conciencia y moral. El árbol de la justicia está dañada y podrida”, afirma con toda la solvencia que le toco vivir
Luego que la jueza Pacajes reveló que sentenció a Fernández sabiendo que era inocente, organizaciones de derecho humanos, activistas, políticos, ONG que trabajan en el ámbito judicial mostraron su indignación y repudiaron la actitud no solo de la jueza, sino de los fiscales que ocultaron pruebas para incriminar al joven médico.
Contra Pacajes se abrieron dos procesos penales y uno disciplinario. Fue destituida del cargo tras el escándalo. En 2019, la condenaron a tres años y cinco meses de prisión que una parte cumplió en la cárcel de Obrajes; la pasada semana fue absuelta en un caso por incumplimiento de deberes.
También iniciaron proceso contra los exjueces, Lia Cardozo, Javier Rolando Chaca, Gladis Guerrero, Roberto Mérida, Enrique Morales y Pacajes, pero solo resultó acusada esta última.
Al final, sus “verdugos” siguen impunes, sin sanciones. Es más, fueron premiados como el entonces fiscal Edwin Blanco que actualmente es juez nombrado por el Consejo de la Magistratura; el entonces fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, fue nombrado cónsul en Chile y actualmente es viceministro de Tierra y Territorio y la exfiscal Susana Boyán.
Marco Aramayo y Elvira Parra
Luego de estar preso siete años, a las 05.40 del 19 de abril de 2022, Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc) murió por un paro cardiorrespiratorio. Desde que fue encarcelado, Aramayo vivía torturado por los 256 procesos que le abrieron, siendo el principal denunciante del desfalco millonario a esta entidad, que superó los $us 100 millones por un poco más de 1.000 proyectos.
Antes de su fallecimiento, ANF lo entrevistó y contó con mucho penar los sufrimientos que vivía, principalmente por no haber vuelto a ver a sus padres. De acuerdo con el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), este hombre fue torturado de forma taxativa, no solo porque ha sido encerrado en 56 cárceles, también porque ha sufrido situaciones de privación de ir al baño, de alimentos, de agua, ha sido castigado por hacer públicas sus denuncias, no ha tenido derecho al debido proceso, ni a una justicia oportuna. Ha sufrido hasta humillaciones degradantes
“Por la distancia, mi madre y mi hijo no pudieron visitarme, los que supuestamente eran mis amigos también me abandonaron. Lo más triste es no despedirse de un ser querido. Mi papá Andrés falleció de rabia e impotencia. Los dirigentes sindicales, campesinos, indígenas que andaban detrás de mí pidiendo ayuda y que los ayudé nunca se acordaron de mí, se escondieron y hasta me borraron de las redes sociales”, dijo en su última entrevista con ANF, en 2021.
Aramayo asumió la dirección ejecutiva del Fondo Indígena en septiembre de 2013. Por nueve meses investigó las gestiones 2009-2013 y en sus hallazgos identificó 153 proyectos que fueron cancelados, pero sin descargos. Entre ellos también encontró proyectos “fantasmas”, es decir, obras que no existían.
Tras conocer estos hechos de corrupción, advirtió a la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras y presidenta del Directorio, Nemesia Achacollo –que hoy goza de libertad, pero enfrenta un proceso-, de las irregularidades.
Con todos estos antecedentes se presentó a la Fiscalía el 2015, confiado de que el Ministerio Público tomaría su declaración como una contribución para el esclarecimiento del Fondo Indígena; sin embargo, fue aprehendido y al día siguiente, enviado a la cárcel con detención preventiva. Solo salió de prisión para ir al hospital y ser atendido, no obstante, falleció
No hubo Navidad ni Año Nuevo ni hubo fiesta, todo fue dolor porque uno extraña a sus seres queridos. En la cárcel encontré otra familia común, aprendí a ser tolerante con ellos y a sobrellevar las injusticias de la vida, todos los días”, contó esa vez, con una voz que denotaba cansancio y tristeza.
La que también fue un “chivo expiatorio” de la justicia y sigue siendo usada para limpiar la imagen de “alguien” fue Elvira Parra. La exdirectora nacional del Fondioc desde 2015 hasta 2023 fue encerrada en prisión -tanto en La Paz como en Santa Cruz- por ocho años y 15 días acusada de estar implicada en el desfalco millonario.
“Yo jamás he agarrado un boliviano. Los montos transferidos han salido del Tesoro General de la Nación a la comunidad. En mi gestión, el dinero no se ha malversado, se ha sacado correctamente”, enfatizó en contacto telefónico con este medio digital.
Desde su encierro, ella tuvo que vivir con otras prisioneras “que gritaban”, que cuando uno ingresa a la cárcel no es más o menos que otros. “Ellos decían: el cargo, el título se deja en la puerta, aquí somos iguales’. Igual pasó en Palmasola. Es traumante, he tratado de sobrellevar”.
Estos años tras las rejas se perdió de ver crecer a sus hijos, de ayudar a su esposo en la educación, de vivir en familia. Incluso muchas veces no sabía si comían o si estaban estudiando. Ellos terminaron sus estudios de grandes y con esfuerzo, dice.
El dinero que debía conseguir para pagar a su abogado, para sus viajes, para las audiencias en Oruro, Potosí, Beni y Santa Cruz hoy le persiguen como a una sombra, pues aún su familia le ayuda a cancelar esas deudas.
“Más de 30 veces viajamos con Marco Aramayo y más de 30 veces se suspendía la audiencia. No le dábamos pena al juez lo que gastábamos, lo que no dormíamos, como veníamos apretujados, lo que no teníamos ya para comer. Además, no es lo mismo estar con abogados de defensa pública, ellos no entienden, cambian cada vez, no tienen tiempo”, relata el suplicio
Desde el 21 de marzo, Parra se encuentra con detención domiciliaria. Hoy enfrenta cerca de 180 procesos penales, por ello debe viajar a diferentes audiencias a Oruro, Santa Cruz y Cochabamba. Aseguró que su salud está quebrantada y que desea vivir al lado de su familia por los muchos años que ha perdido sin ellos. “La justicia está muy mal”, cuenta desde su propia experiencia
La familia de Blanca vivió un calvario cuando el asesino de ella fue liberado, un juez posibilitó que haya otras víctimas
Blanca Rubí (20 años) fue asesinada en 2013 a manos del feminicida y asesino serial, Richard Choque. Ella había desaparecido el 20 de noviembre de ese año, pero ocho días después su cuerpo fue hallado enterrado en el patio de la vivienda del hombre, camino a Viacha. La joven fue captada a través de las redes sociales por este hombre, quien se hizo pasar por Mauricio Terán y le ofreció su ayuda para ingresar al Colegio Militar.
Una vez que se conocieron, Blanca fue secuestrada, agredida sexualmente y asesinada por Choque y su cómplice José Luis Casilla Machaca. Por el asesinato, ambos fueron sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pena que el principal asesino cumplió hasta los ocho años. Luego y pagando a su abogada $us 3.500 para que se encargara de todo, el exjuez Rafael Alcón le concedió detención domiciliaria el 24 de diciembre de 2019 y por 18 meses.
En ese tiempo, el feminicida volvió presuntamente a captar a través de las redes sociales a cerca de 77 mujeres, dos cayeron en su trampa y de la misma forma, fueron asesinadas por este hombre. Choque también mató a su primo hermano y lo enterró en su patio
“Es inimaginable el dolor que ha sentido esa familia, porque el vacío que deja la pérdida de un hijo, una hija ha sido muy difícil de sobrellevar. Y a eso se suma haber logrado que en algún momento el responsable estuviese en la cárcel, no creo que logre subsanar ese gran dolor. La cárcel no puede pagar un daño así. Para la sociedad en su conjunto también causó indignación”, dijo Mónica Baya, activista y coordinadora nacional de la Alianza Libres sin Violencia.
Este medio intentó entrevistar al abogado y encontrar a la familia de Blanca, mas no se tuvo éxito, el profesional solo dijo que después de todo lo vivido, se desconoce de su paradero.
“Muchos ciudadanos viven estos casos, sobre todo en el sistema penal. En el caso de Choque, ha habido una situación de corrupción que ha favorecido la determinación por parte de un juez de permitirle detención domiciliaria en ejecución de sentencia, no es en cualquier caso que uno puede irse a su domicilio, solo en casos en que una persona está en etapa terminal, o tiene una enfermedad grave
El grupo de Juristas independientes y varias instituciones como la red Unitas, Jubileo, entre otras impulsan la iniciativa ciudadana de recolección de firmas para llevar adelante un referéndum de reforma parcial de la Constitución para transformar la administración de justicia.
La próxima semana se cumple el plazo para la recolección de 1,5 millones de firmas, aunque los juristas creen que los obstáculos reglamentarios que impone el Tribunal Supremo Electoral apuntan a desanimar a esta acción ciudadana.
Fuente: ANF
