Una audiencia en la que debía declarar el gobernador de Santa Cruz, sobre una presunta violación, fue suspendida porque el juez encargado de la causa declinó competencia.
Los comités cívicos de al menos cinco regiones del país ratificaron marchas simultáneas para la tarde de hoy, a las 17:00, en demanda de la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, desde el pasado 30 de diciembre, acusado por terrorismo en el caso “Golpe de Estado I”.
Por su parte, la Central Obrera Boliviana, mediante su secretario Ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, ratificó ayer el respaldo de las organizaciones sociales del país al Gobierno de Luis Arce Catacora, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Huarachi afirmó que como ente matriz de los trabajadores rechazan “cualquier intento de desestabilización o un “nuevo golpe de Estado”.
“Nos hemos declarado en estado de emergencia. Nos hemos organizado y las organizaciones sociales, de manera unánime, están convocando a sus bases para defender y respaldar al gobierno democrático y proteger la estabilidad económica”, afirmó Huarachi.
MARCHAS
Para hoy en horas de la tarde fue confirmada una marcha simultánea en varios departamentos del país en demanda de la liberación del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y otros detenidos por la crisis de 2019, reportó ERBOL.
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que, en la capital cruceña, la movilización comenzará a las 17.00 y de manera simultánea en todos los departamentos del país, excepto en Potosí que será a las 12.00.
El dirigente cívico afirmó que la partida en la ciudad de Santa Cruz será en la plaza del Estudiante y se dirigirá hacia la plaza 24 de Septiembre. Aseguró que en todos los departamentos confirmaron organizar movilizaciones.
Sin embargo, según un reporte de ABI, los dirigentes de los comités cívicos de Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz coincidieron en descartar su participación en la marcha de hoy, por considerar que “Bolivia requiere continuar en la senda del crecimiento económico en paz”.
El presidente del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez, indicó, según ABI, que sus bases no acatarán la medida de presión que articula el cívico Rómulo Calvo.
“El Comité Cívico de Oruro no ha participado de ninguna reunión (de coordinación), en tal sentido no vamos a participar de ninguna movilización”, afirmó Pérez y lamentó que por la defensa de una persona vinculada a la crisis de 2019 se ataquen edificios públicos en Santa Cruz.
De acuerdo con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, hasta el viernes 6 de enero se reportaron 27 infraestructuras del Estado dañadas, entre ellas el saqueo y la quema del edificio de la Fiscalía Departamental, de una sucursal del Banco Unión y de Impuestos Nacionales.
Al igual que el cívico de Oruro, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, aseguró que las instituciones cochabambinas trabajarán con normalidad, porque la prioridad es “el despegue económico de la región”.
AUDIENCIA
Este lunes estaba previsto que el gobernador Luis Fernando Camacho declare desde el penal de Chonchocoro sobre la denuncia de una presunta violación que pesa en su contra.
Sin embargo, el proceso fue suspendido debido a la ausencia de representantes de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Además, el juez encargado del caso en La Paz declinó competencia y decidió remitir la denuncia a juzgados de Santa Cruz.
Al respecto, Martín Camacho, abogado del Gobernador cruceño, citado por el portal Oxígeno, calificó de correcta la decisión del juez de remitir la denuncia a Santa Cruz; sin embargo, recordó que todavía se mantienen cinco procesos en contra de la autoridad departamental.
“Es probable que lo llamen a declarar por los diversos casos como una forma de presión y amedrentamiento”, afirmó el jurista en contacto con El Deber.
El pasado 6 de diciembre se conoció que se presentó una denuncia penal en contra de Camacho, por un delito de violación que habría ocurrido hace más de 30 años.
Según la denuncia, presentada por un hombre de iniciales J.G.M.A., el hecho habría ocurrido en 1987, en el domicilio de Camacho, ubicado en el barrio Ramafa, cuando la presunta víctima tenía cinco años y la actual autoridad 10 años.
