- “El propósito central de esta Misión fue apoyar el orden democrático y constitucional de Bolivia y la voluntad soberana expresada por su pueblo en las urnas”, afirmó el secretario general de la OEA.
La Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que visitó Bolivia a finales de julio reafirmó este jueves su respaldo al orden constitucional y democrático del país y al mandato surgido de las elecciones. Además, recomendó establecer un mecanismo permanente de diálogo entre el Gobierno y los distintos sectores sociales para superar la polarización y prevenir nuevos conflictos.
El informe de la misión, presentado ante el Consejo Permanente de la OEA por el secretario general del organismo, Albert Ramdin, contiene nueve recomendaciones destinadas a promover el diálogo, la cohesión social y la estabilidad en Bolivia, tras analizar el periodo de 53 días de conflictividad social que vivió el país entre mayo y junio.
La misión estuvo en La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio, en cumplimiento de una resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA en junio, y estuvo integrada por representantes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay, además de Ramdin.
Uno de los principales puntos señalados por la misión es la necesidad de preservar el orden constitucional y respetar los mandatos surgidos de las elecciones.
Esos mandatos, señala el informe, “deben ser respetados en su integridad y no pueden ser alterados por vías distintas de los mecanismos institucionales previstos en el orden constitucional boliviano”.
“El propósito central de esta Misión fue apoyar el orden democrático y constitucional de Bolivia y la voluntad soberana expresada por su pueblo en las urnas”, afirmó Ramdin, según un comunicado de prensa.
La OEA llamó, al mismo tiempo, a ampliar el diálogo entre el Gobierno y los distintos sectores de la sociedad para superar la polarización, prevenir nuevos episodios de conflictividad y fortalecer la cohesión social.
El organismo sostuvo que el diálogo y el ejercicio legítimo de la protesta social son compatibles con la responsabilidad de proteger la democracia, la estabilidad institucional y los derechos de toda la población.
La misión expresó además su pesar por las muertes registradas durante el periodo de conflictividad y remarcó que el Estado, los actores políticos y sociales y la sociedad en su conjunto tienen la responsabilidad de preservar la democracia y promover un proceso de diálogo amplio e inclusivo.
Entre sus recomendaciones, planteó establecer un mecanismo permanente y plural de diálogo entre el Estado y organizaciones indígenas, campesinas, laborales, empresariales y de la sociedad civil.
También propuso construir un marco de entendimiento que permita prevenir tempranamente los conflictos, fortalecer el Estado de derecho y garantizar el derecho a la protesta sin que las movilizaciones pongan en riesgo la vida de otras personas o impidan el acceso a servicios, insumos y suministros esenciales.
La OEA recomendó asimismo proteger la protesta pacífica y los derechos de terceros a la vida, la salud, la alimentación y la libre circulación, incluyendo la protección de infraestructura critica y la habilitación de corredores humanitarios y logísticos durante futuras movilizaciones.
El informe también pidió fortalecer las garantias para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, incluida la aprobación de una ley de acceso a la información pública conforme a los estándares interamericanos.
Bs 14.000 millones en pérdidas por los bloqueos
El ministro de la Presidencia de Bolivia, Fernando Aramayo, participó virtualmente en la sesión del Consejo Permanente. Actualidad boliviana
Aramayo agradeció el trabajo de la comisión y el informe, que respalda la defensa de la democracia nacional.
“Una democracia madura debe garantizar la movilización pacífica, pero también proteger a las mayorías que no protestan y asegurar que las autoridades electas ejerzan su mandato dentro del marco constitucional”, afirmó.
Subrayó que la Defensoría del Pueblo registró 22 personas fallecidas, de las cuales 19 eran terceros no movilizados. La mayoría falleció al no haber podido recibir atención médica de emergencia debido a que los bloqueos impidieron el tránsito de ambulancias y otros vehículos que transportaban a enfermos.
El excanciller boliviano también recordó que la crisis de los 53 dias causó a Bolivia un daño económico de 14.000 millones de bolivianos en pérdidas directas, además de la pérdida de cerca de 250.000 empleos directos e indirectos y perjuicios a siete de cada 10 industrias, que “continúan sufriendo los efectos de este estrangulamiento”.
ANF
