Continúan los operativos de rescate para tratar de encontrar a las cerca de 200 personas que aún permanecen desaparecidas
Los rescatistas repiten como un mantra que las mayores probabilidades de rescatar con vida a una víctima de un terremoto están en las primeras 72 horas. Que tras esa ventana, las posibilidades caen hasta el 2,5%. Colombia amanece este miércoles contando 48 de ellas y acelerando los operativos de rescate para tratar de encontrar a las cerca de 200 personas que aún permanecen desaparecidas, según cifras de Asocapitales. El sismo, de momento, ha dejado ya dos centenares de muertos y una devastación aún por calcular.
El presidente Abelardo de la Espriella ha visitado Cali, Quibdó, Pereira y Manizales —las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 de este lunes—, pero ha tardado en tramitar la ayuda internacional. Tras encarar la tragedia en el que apenas era su tercer día como mandatario, aún sin instalar su equipo de trabajo completo, se mostró convencido de que las capacidades colombianas eran suficientes, pero casi nunca lo son. El despliegue internacional es normal en tragedias incluso en países con fuertes capacidades de rescate. España la solicitó en las inundaciones que asolaron la provincia de Valencia en 2024 o en los incendios que arrasan cientos de hectáreas de bosques cada verano. Pero De la Espriella se resistió. El mandatario empezó limitando sus pedidos a insumos, como explicó el salvadoreño Nayib Bukele, para finalmente abrirse a recibir brigadistas y equipo de países amigos como Estados Unidos o Argentina.
Durante estos días, los 23 equipos USAR (Urban Search and Rescue) especializados en este tipo de operaciones que tiene el país han trabajado de la mano de bomberos, vecinos y otras autoridades en despejar los escombros del centenar largo de edificaciones derrumbadas en estas ciudades. A diferencia de lo que ocurrió en los terremotos de Venezuela hace menos de dos meses, las víctimas y sus familias no han clamado de forma generalizada por el abandono estatal.
El despliegue colombiano ha sido rápido, pero desigual. Los vecinos y familiares, como en cualquier tragedia, han sido los primeros en llegar, en lanzarse al suelo y empezar a escarbar. En Quibdó, una de las capitales departamentales más pobres del país, faltan máquinas y también ojos para visibilizar una tragedia que va a golpear más a los que menos tienen.
En Pereira, casi en la misma calle, podían verse este martes las dos caras de la organización. O de la desorganización. En una esquina del centro de la ciudad se fue formando un ejército espontáneo de más de 500 desconocidos que durante horas sacaron miles de cascotes en busca de supervivientes. Mandaban ellos, porque no podían contar más que con sus manos y sus cubos y la ayuda de un puñado de bomberos, muchos voluntarios. Pero en esa misma calle, donde unos gritaban por carretillas y mazos, otros se rodeaban de decenas de policías, bomberos, miembros de la USAR y hasta un rescatista australiano para lograr sacar con vida a Daniela. La joven de 32 años fue rescatada en aparente buen estado, tras sobrevivir un día y medio bajo toneladas de escombros. Imágenes similares se repiten en Cali, donde otros equipos buscan a víctimas como Violeta, de siete años, y su abuela Amparo, en el conjunto residencial Guadalupe, al suroeste de la ciudad.
A kilómetros de distancia de las zonas cero, el resto de la sociedad se alista para un apoyo que va más allá de los rescates. Entidades como la Cruz Roja, el Banco de Alimentos de Bogotá y diferentes fundaciones e iniciativas recogen dinero o insumos. Alimentos parece haber suficientes, pero elementos para atender a los heridos, colchones, frazadas o plantas eléctricas para mantener el flujo donde aún hace falta siguen estando entre las mayores necesidades.
La acogida es también un enorme desafío en Quibdó, donde los albergues acabaron destruidos tras el sismo, pero también en Pereira, donde los más vulnerables que trabajan con la venta ambulante no solo perdieron sus viviendas, sino también sus trabajos. Al menos durante estos días, hasta que consigan nuevos carritos para vender sus tintos o clientes que les compren un cargador de celular.
“Tenemos que reconstruir una ciudad”, decía apesadumbrado en la mañana de este martes el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. Aunque el país aún hace el censo de daños, el presidente ha indicado que fueron afectadas por lo menos 807 escuelas, incluyendo cuatro que colapsaron en Quibdó. Tres aeropuertos siguen cerrados y necesitan reparación. Decenas de acueductos, puentes, calzadas y hospitales requieren reparaciones de diferente grado. Las construcciones que siguen en pie, pero están inservibles, suman aún más. Por eso es que el Servicio Geológico de Estados Unidos, que hace seguimiento a este tipo de tragedias en todo el mundo, calcula que probablemente se necesiten entre 1.000 y 10.000 millones de dólares para la reconstrucción, o hasta un 7% del PIB colombiano.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dijo este martes en el Congreso que el Gobierno está pensando decretar una emergencia económica, como la que definió el Ejecutivo de Andrés Pastrana cuando un terremoto similar afectó la misma zona y dejó más de 1.000 muertos en 1999. En aquel entonces, el decreto no solo permitió recursos extraordinarios, sino que creó una institucionalidad especial —el llamado Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero o Forec— enfocada justamente en reactivar la economía de una región.
Aún no se ha medido la cantidad de negocios que pueden desaparecer porque no tienen dónde funcionar o porque vivían del capital invertido en un inventario que se perdió. Esas quiebras producen un efecto cadena de pérdidas de empleo, afectaciones al sector financiero o difíciles situaciones familiares. De la Espriella ya ha hablado de subsidios de arriendo para las familias que no tengan con qué pagar sus viviendas, y de la suspensión de pagos de servicios públicos o el aplazamiento de la declaración del impuesto de renta. La construcción de más largo plazo aún está por verse.
Mientras tanto, miles de familias buscan dónde pasar la segunda noche después de perder sus viviendas, o de no tener todavía el visto bueno para regresar a ellas ante las dudas sobre su solidez estructural. Bajo los escombros, el reloj de las 72 horas sigue corriendo.
Fuente: EL PAÍS
