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Profesores, estudiantes y autoridades universitarias marchan contra la motosierra de Milei

La comunidad académica protesta este martes en Argentina para exigir que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento de las universidades

Sobre la Avenida Córdoba, una de las más transitadas de Buenos Aires, un carril permanece cortado. Con los pupitres sobre el asfalto, unos 50 estudiantes de Ciencias Económicas escuchan a un profesor que, mientras bosqueja sobre un pizarrón plástico, intenta imponerse al bullicio de autos y buses. La misma escena se repitió este lunes en diferentes calles y plazas de la capital argentina, también en otras ciudades del país.

Las clases públicas fueron el preludio de una nueva manifestación que reunirá a profesores, alumnos, trabajadores y autoridades de las universidades estatales para protestar contra el ajuste que continúa aplicando el Gobierno de Javier Milei, pese a que una ley y fallos judiciales le ordenan aumentar el financiamiento para la educación superior.

La marcha federal universitaria que se realizará este martes será la cuarta contra la motosierra de Milei. Si bien tendrá réplicas simultáneas en toda Argentina, su principal expresión tendrá lugar en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

“Desde 2023 hasta la fecha han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6%”, denunció Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la convocatoria a la movilización. “Lo más angustiante hoy, lo más urgente”, agregó, “es la situación salarial del personal docente y no docente de todo el sistema universitario”. Entre los reclamos más apremiantes, también incluyó la necesidad de actualizar las becas de asistencia económica para estudiantes: “Muchos tienen dificultades para continuar con sus carreras si eso efectivamente no ocurre”.

En los dos años y cinco meses que lleva el actual Gobierno ultraderechista, los sueldos de los profesores y demás trabajadores de universidades estatales han perdido un tercio de su poder adquisitivo, según cálculos del CIN. Los sindicatos del sector denuncian que cada vez más docentes se ven forzados a renunciar o a sumar otros empleos ante la abrupta caída de sus ingresos. Las organizaciones gremiales han profundizado este año sus protestas y medidas de fuerza, por lo que la actividad académica está seriamente afectada en muchas instituciones.

En un país donde la universidad pública tiene amplio respaldo social, la comunidad académica espera una fuerte adhesión popular a la movilización de este martes. “Confío en que será una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto”, dijo Ricardo Gelpi, el rector de la UBA, la universidad más grande del país. En diálogo con Radio Mitre, advirtió que “afectar a la educación y la ciencia es hipotecar el futuro”.

Actores, músicos, escritores y otros artistas se pronunciaron en apoyo al reclamo y convocaron a participar de la marcha federal. “Que nadie nos saque lo que es nuestro. Este 12 marchemos todos juntos a favor de la universidad pública”, fue el mensaje al que adhirieron, entre otros, Ca7riel, Cecilia Roth, León Gieco, Samanta Schweblin, Mariana Enríquez, Mauricio Kartun, Selva Almada, Marcos López, Martha Argerich, Gabriela Cabezón Cámara, Paco Amoroso y muchos más.

El reclamo central de la protesta consiste en que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento universitario. Esa norma se limita a actualizar los presupuestos del sector a los valores reales vigentes a fines de 2023, antes de la puesta en marcha de la motosierra. Fue aprobada el año pasado por el Congreso, con el voto de casi toda la oposición, incluso de habituales aliados del Gobierno. Milei la vetó, pero los legisladores rechazaron el veto. El presidente intentó nuevamente derogar la ley en el presupuesto 2026, pero otra vez el Parlamento votó en contra. Como de todas maneras Milei no cumplió la norma, las universidades recurrieron a la justicia. En dos instancias, los tribunales fallaron que el Gobierno debe comenzar a aplicar el financiamiento aprobado por diputados y senadores. Aun así, el Ejecutivo se resiste a hacerlo y apeló ante la Corte Suprema.

Fuente: EL PAÍS

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