13 de octubre (Urgente.bo).- Legisladores de la Alianza Libre presentaron hace días una proposición acusatoria ante el fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, para solicitar que se promueva un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por los hechos ocurridos durante el operativo policial del Hotel Las Américas, en abril de 2009.
Esta proposición que lleva la firma de 11 senadores y 36 diputados de esta fuerza política, fue admitida por la Fiscalía General del Estado y comunicó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el “inicio de la fase de acumulación de antecedentes contra Evo Morales y Álvaro García Linera”.
¿QUÉ DICE LA PROPOSICIÓN ACUSATORIA?
El caso Hotel Las Américas ocurrió el 16 de abril de 2009, en Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo policial ejecutado por la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC). En la intervención murieron tres personas; este hecho se dio durante el gobierno del expresidente Morales.
El documento atribuye a ambos exmandatarios presunta responsabilidad penal por las decisiones políticas que, según los proponentes, derivaron en la intervención policial y sus resultados. Entre los delitos mencionados figuran asesinato, vejaciones y torturas, privación de libertad y posibles actuaciones posteriores de encubrimiento y cobertura institucional.
En el memorial, los legisladores sostienen que el operativo no fue una actuación policial aislada, sino parte de una secuencia de decisiones previas en las que habrían intervenido autoridades del Ministerio de Gobierno, estructuras de inteligencia y mandos policiales.
“La proposición individualiza a JUAN EVO MORALES AYMA Y ALVARO MARCELO GARCÍA LINERA y les atribuye responsabilidad directa por la decisión y transmisión del operativo, por la activación de la estructura estatal ejecutora y por los resultados ilícitos producidos dentro densa intervención La imputación se basa en sus propias declaraciones, la surduencia institucional previa, la estructura de inteligencia y mando y la actuación posterior de legitimación y cobertura”, dice el documento.
Entre los principales elementos presentados figuran las declaraciones públicas de Morales y García Linera del 16 de abril de 2009, en las que ambos se refirieron a instrucciones previas para la intervención policial. Los proponentes consideran que estos testimonios son relevantes para reconstruir la cadena de decisiones desde el nivel político hasta la ejecución del operativo.
Otro antecedente es la denuncia presentada por el entonces Ministerio de Gobierno ante la Fiscalía el 14 de abril de 2009, dos días antes de la intervención. La proposición también recoge declaraciones atribuidas al exfiscal Marcelo Soza y a exfuncionarios de esa cartera de Estado sobre la preparación de la denuncia, el seguimiento al grupo investigado y las actuaciones previas al operativo.
El documento incorpora antecedentes médico-forenses sobre las muertes de Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, además de testimonios y documentos relacionados con las denuncias de tortura y privación de libertad de Mario Tadić y Elöd Tóásó.
Asimismo, cita documentación vinculada con el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros antecedentes internacionales. A partir de estos elementos, los legisladores piden esclarecer las circunstancias del operativo y determinar la responsabilidad individual de las autoridades involucradas.
En el petitorio, los proponentes solicitan al fiscal general que evalúe los antecedentes, determine si existe materia justiciable y formule el requerimiento acusatorio contra Morales y García Linera, conforme al procedimiento previsto en la Ley 044, que regula el juzgamiento de altas autoridades del Estado.
“En el marco de los artículos 161.7 y 184.4 de la Constitución Política del Estado, el juzgamiento de la Presidenta o del Presidente y/o de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones se sustancia mediante el procedimiento constitucional denominado Juicio de Responsabilidades”.
También solicitan documentación al Ministerio Público, al Ministerio de Gobierno, a la Policía Boliviana, a las fiscalías departamentales de La Paz y Santa Cruz y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Entre los documentos requeridos figuran órdenes e instrucciones relacionadas con el operativo, registros de comunicaciones, informes policiales, nóminas del personal desplegado, registros de entrega de armas y municiones, protocolos de autopsia, pericias balísticas, grabaciones de seguridad del hotel y antecedentes judiciales del denominado caso Terrorismo.
La proposición también plantea preservar los archivos, investigar la posible existencia de documentos faltantes y reconstruir las actuaciones anteriores, simultáneas y posteriores al operativo. Además, solicita que, una vez cumplidos los requisitos legales y formulado el requerimiento acusatorio, se gestione ante la Asamblea Legislativa la autorización correspondiente para el enjuiciamiento de los exmandatarios.
Fuente: URGENTE.BO
