La escena impresiona, pero no deja de ser relativamente habitual en algunos barrios de la ciudad de Río de Janeiro: autobuses públicos vacíos y cruzados en medio de la calle en modo barricada, bloqueando el tráfico. Es la estrategia que usan algunos delincuentes armados para interrumpir las operaciones policiales y evitar que los agentes accedan a las barriadas que controlan. Esta semana, ya se cuentan 14 autobuses atacados, aunque no hubo toma de rehenes ni heridos. Tampoco detenidos. En el trasfondo, la guerra por el control territorial entre grupos del crimen organizado.
El miércoles, cerca del mediodía, un grupo de hombres armados mandó parar a nueve autobuses en la carretera de Itanhangá, que como tantos otros lugares en Río es una especie de muro invisible: a un lado, un exclusivo campo de golf y urbanizaciones de lujo; al otro, la favela de Rio das Pedras, una de las más peligrosas de la ciudad y famosa por ser la cuna de la milicia, el movimiento paramilitar que en los últimos años ha extendido rápidamente sus dominios en la ciudad.
Los autores del secuestro de los vehículos, de los que de momento poco se sabe, ordenaron a punta de pistola a pasajeros y conductores que los abandonaran y se quedaron con las llaves. El objetivo, cerrar el paso a una operación del Bope, el temido Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar. El tráfico quedó bloqueado durante dos horas, hasta que se pudieron retirar los autobuses.
“Cuando entra el Bope, hacen ese tipo de represalias, que generalmente indican que la policía se acercó a un objetivo estratégico”, afirmó la teniente coronel Claudia Moraes, portavoz de la Policía Militar, a la cadena Globonews. “Cuando hay una reacción de esa dimensión es porque están intentando proteger alguna cosa”, añadió. El jueves se registró un incidente similar, con otros cinco autobuses transformados en barreras: dos de nuevo en la carretera de Itanhangá y otros tres en varios puntos de la zona norte de la ciudad, a decenas de kilómetros de distancia.
Las empresas que gestionan los autobuses públicos de Río afirman que en lo que va de año, al menos 97 autobuses fueron atacados de esta forma, para ser convertidos en barricadas, otros ocho fueron incendiados y unos 1.760 vandalizados. Los daños superan los 22 millones de reales (casi cuatro millones de dólares).
La principal explicación tras la imagen de los autobuses-barricada es la batalla por el control territorial. El poder paralelo del crimen organizado ya domina el 18% de la región metropolitana de Río (casi 500 kilómetros cuadrados entre varias ciudades), según datos del Grupo de Nuevos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Desde hace décadas hay una guerra abierta entre grupos dedicados al narcotráfico (con el poderoso Comando Vermelho como claro protagonista) y las llamadas milicias, las mafias formadas por exagentes de las fuerzas de seguridad, famosas por extorsionar a los vecinos a cambio de una teórica protección frente a otros delincuentes.
En esta guerra territorial, la policía es un convidado de piedra y se limita a poner paños calientes. La Policía Militar informó de que la operación que la toma primera toma de autobuses de esta semana (con nueve vehículos) pretendía evitar que el Comando Vermelho (CV) se hiciera con el control de Rio das Pedras, hasta ahora un bastión inexpugnable de las mafias paramilitares. El año pasado, el CV fue el grupo armado que consiguió extender más sus tentáculos por la ciudad. Dado que erradicar el crimen organizado de los territorios que controla parece misión imposible, la policía hace ahora contención de daños, intentando, como en este caso, evitar picos de inestabilidad y baños de sangre entre grupos rivales. “El desorden urbano es la regla en Río de Janeiro, no podemos negar eso”, decía estos días en tono lacónico el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Río, Victor Santos.
A pesar de que Río de Janeiro no está entre los estados más peligrosos de Brasil, la región vive una crisis de seguridad que acabó salpicando la campaña electoral de las elecciones municipales, cuya primera vuelta se celebró el día 6. El alcalde, el centrista Eduardo Paes, reelegido con una amplia mayoría, acusó al gobernador Cláudio Castro (aliado de Bolsonaro) de total incompetencia, dado que es él quien tiene las competencias en materia de seguridad.
Lo cierto es que en los últimos años, el número de homicidios y las muertes causadas por la policía ha caído notablemente en el Estado de Río, pero otros delitos que tienen mucho impacto en la percepción de seguridad (como los atracos callejeros) han crecido sustancialmente. Episodios como los de las barricadas, con decenas de pasajeros teniendo que salir de su autobús a punta de pistola, no ayudan a disipar la idea de que, como decía el propio responsable de seguridad, en Río, el caos es la regla.
Fuente: EL PAÍS
