“Mucha de la gente que estaba ahí temía que no iba a salir de esa situación, pensaban que iban a morir. Muchos lloraban, otros se quebraban, pero finalmente intentamos pasar y llegó la población de Oruro a salvarnos, prácticamente, y logró evitar que suframos más ataques y podamos trasladarnos nuevamente hacia Oruro”.
Así recuerda en Correo del Sur Radio el profesor Rodrigo Echalar, expresidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), la emboscada a la Caravana del Sur en Vila Vila, ocurrida hace exactamente cuatro años, el 9 de noviembre de 2019, un día antes de la renuncia del entonces presidente, Evo Morales, acosado por las denuncias de fraude electoral.
Manifestantes de Sucre organizaron el viaje a La Paz y lograron entusiasmar a potosinos para reforzar las protestas en la sede de Gobierno. Tres buses partieron inicialmente de la capital, luego se sumaron dos y otros tantos al llegar a Potosí.
Sin embargo, el viaje fue interrumpido por una emboscada en las proximidades de Vila Vila, sobre el camino entre Oruro y La Paz, a 165 kilómetros de esta última ciudad. Al promediar las 9:00, los ocupantes de los buses fueron sorprendidos por una lluvia de piedras y hasta gases que detuvo su avance. La mayoría de los ocupantes logró bajar y corrió a ponerse a buen recaudo. En ese afán, algunos pasajeros fueron retenidos por los atacantes afines al Gobierno que los golpearon, les rasgaron la ropa e incluso desnudaron, amenazando con matarlos.
Jhonny Medrano, a cargo de uno de los buses con una treintena de personas, lo recuerda así: “No sabía si estabas yendo a morir o estabas yendo a ayudar (…) Hubo emboscadas en varios puntos de la carretera; también había cierres de caminos y en uno de esos cierres emboscaron a uno de los buses. Nosotros fuimos con otros buses más, en el trayecto hacia La Paz, pasando Oruro, pero la situación estaba muy difícil: no pudimos pasar, teníamos que abrirnos caminos. También auxiliamos a los mineros que estaban secuestrados en la carretera a Uyuni. Había operativos incluso hasta del Ejército, había mucho descontrol, no se podía estar tranquilo”.
Hubo denuncias de abuso sexual contra manifestantes que corrieron como pólvora a través de las redes sociales y causaron indignación. Esos testimonios activaron, horas después, la Caravana Minera, también atacada, incluso a balazos, en Playa Verde.
MUERTES DE 2019
Antes de las emboscadas en Vila Vila y Playa Verde y en medio de las protestas extendidas en todo el país, fallecieron dos personas en Montero, Santa Cruz. Tras la renuncia de Evo Morales, Jeanine Áñez asumió la presidencia. Calmaron las manifestaciones contrarias al MAS, pero salieron a las calles grupos en El Alto y Cochabamba partidarios del exmandatario. En las masacres de Senkata y Sacaba, murió una treintena de personas en medio de la intervención militar.
SECUESTRO
Rodrigo Echalar
Expresidente Codeinca
Fuimos a Potosí, logramos también movilizar allá y trasladarnos a La Paz, pero fuimos detenidos en Vila Vila por gente que el Gobierno había pagado para poder enfrentarse contra nosotros; incluso hubo gases lacrimógenos, secuestro a varias personas y fue una situación terrible”.
AYUDA
Jhonny Medrano
Encargado de un bus
Como yo estaba a cargo del bus, tenía que estar adelante con el conductor, alerta, mirando por todo lado. El conductor estaba con mucho pánico y lo mismo nosotros. Allá en Betanzos nos hicieron escapar también, nos estaban emboscando y había una que otra familia que nos apoyó”.
ATAQUE
Testimonio
Informe del GIEI
El señor me estaba agarrando de mi espalda y me decía ‘¡sácate, sácate la ropa!’ y la chica con la que estaba me gritaba ‘¡tu buzo, tu buzo!’ (…) el hombre me estaba arrancando la ropa y logré zafarme para agarrar mi mochila, pero luego otra señora que sale detrás del bus me agarra y grita ‘¡aquí están! ¡aquí están! ¡que se desnude!’”.
En el informe del Grupo de Expertos
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que elaboró un informe sobre los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documentó que al menos dos mujeres que intentaron escapar en Vila Vila fueron víctimas de violencia sexual, una de ellas era menor de edad.
Este es un testimonio registrado en el amplio documento presentado en agosto de 2021.
“Él agarró a una de mis compañeras del cabello y la empujó al suelo, yo lo empujé para que la soltara, pero él me agarra y me botó a un lado, nos obligan a todas a bajar del bus, él también me agarró y me bota al suelo, (…) yo caí de rodillas y es ahí donde me agarran de la espalda y de mi buzo, y me dicen vos quédate aquí (…) Ese hombre empezó a gritar ‘¡Que se desvistan!, ¡que se desvistan!’, yo vi (…) que empezaron a gritar igual que el hombre ‘¡que se desvista! ¡que se quite la ropa! y nos tiraban piedras’ (…) El señor me estaba agarrando de mi espalda y me decía ‘¡sácate, sácate la ropa!’ y la chica con la que estaba me gritaba ‘¡tu buzo, tu buzo!’ No entendía al principio, pero luego vi que el hombre me estaba arrancando la ropa y logré zafarme para agarrar mi mochila, pero luego otra señora que sale detrás del bus me agarra y grita ‘¡aquí están! ¡aquí están! ¡que se desnude!’ (…) Nos dieron con un fierro en el cuerpo, dieron en la pierna, y me levanté para seguir, yo solo escuché que querían que nos vayamos desnudas (sic)”.
Preocupación de la CIDH por el avance de la investigación
Hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “el elevado número de investigaciones sin avance” en Bolivia sobre los hechos violentos desatados durante la crisis pre y poselectoral de 2019, que van desde las torturas e intentos de ejecuciones en Vila Vila y Playa Verde –las menos nombradas– hasta las masacres de Senkata y Sacaba.
La CIDH publicó a inicios de octubre su primer informe de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI: estableció que Bolivia cumplió dos recomendaciones y avanzó en otras 12.
Entre los hallazgos, identifica que el Estado adoptó medidas de cumplimiento, por ejemplo, para fortalecer la institucionalidad e independencia del Mecanismo Nacional de la Prevención contra la Tortura. Asimismo, se derogaron las normas de amnistía en casos de graves violaciones a derechos humanos identificados por el Informe del GIEI, según una nota de prensa.
LOS AVANCES
Entre los avances, se destaca la organización de medidas de satisfacción dirigidas a víctimas tales como acciones públicas de apoyo a ciertos grupos, o la aprobación de normas, como la Política Plurinacional de Reparación Integral o aquellas dirigidas a la creación de actos de conmemoración.
“Por otro lado, entre los desafíos identificados se resalta que, tras casi cuatro años de ocurridas las graves vulneraciones a los derechos humanos, persiste el reto de implementar e institucionalizar un programa de reparación integral que abarque a todas las víctimas, lo que incluye a familiares de fallecidos, las personas detenidas arbitrariamente, torturadas, perseguidas, y relacionadas a hechos de violencia donde se evidenció la falta de protección y garantías estatales.
Asimismo, entre otros de los principales desafíos identificados en el informe, se destacan las dificultades para un adecuado acceso a la justicia de las víctimas.
En ese sentido, preocupa el elevado número de investigaciones que se reportan sin avances.
Al respecto, la CIDH recuerda al Estado que es fundamental la coordinación y compromiso de las Fiscalías para garantizar el acceso a la justicia”, reza el informe.
Fuente: CORREO DEL SUR
