Tamara Taraciuk Broner está íntimamente vinculada a Venezuela y a la democracia. La directora del Programa Estado de Derecho de Diálogo Interamericano nació en Caracas cuando sus padres estaban exiliados por la dictadura argentina de los 70′s y ahora, desde su trabajo en este centro de análisis e intercambio político, intenta buscar soluciones a la crítica represión y autoritarismo que vive su país natal.
Su abuelo, Julio Broner, un empresario que fue presidente de la Confederación General Económica durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, fue víctima de los militares que mantuvieron a Argentina bajo una cruenta dictadura. En 1977, Broner viajaba con su esposa Dolly Rubinstein cuando fueron retenidos en un aeropuerto y les quitaron sus pasaportes, tal como han vivido muchos venezolanos en el último mes. Esa escena que ella describe en el libro Argentino por opción que publicó para que sus hijos conozcan la historia familiar, explica la raíz por la cual trabaja hace más de veinte años documentando violaciones de derechos humanos en Latinoamérica. “Está dedicado a mis hijos con el deseo que siempre puedan elegir libremente su destino”, dice Taraciuk (1979), abogada de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y trabajó durante casi 17 años en Human Rights Watch. Desde Uruguay, donde vive, conversó con Lideresas de Latinoamérica sobre su propuesta de incentivos legales para una transición democrática en Venezuela, a un mes de las elecciones.
Pregunta. Con esa historia personal, ¿qué papel juega la palabra democracia en su vida, ¿cómo la entiende en un momento de tanta discusión sobre los alcances que tiene?
Respuesta. Una de las cosas que aprendí de mis papás y del exilio es que lo único que realmente se tiene es lo que lleva adentro. Es algo que he visto también haciendo trabajo en las fronteras donde encuentras miles de migrantes que salen solo con lo que llevan puesto. Por eso creo que la democracia tiene que ver con poder elegir dónde uno quiere estar y cómo quiere vivir.
P. Eso la vincula con la situación de Venezuela, su país natal. A un mes de las elecciones, ¿qué alternativas ve para destrabar la situación?
R. Lo que pasó después de las elecciones era esperable. Mi impresión es que el Gobierno de Venezuela dejó que las elecciones ocurriesen por dos razones. Una, porque necesitaba algún reconocimiento internacional de las democracias del mundo para darle cabida a la teoría de la normalización, de que allí las cosas no estaban tan mal; y para acceder a ciertos mercados que necesitaba para operar y vender el crudo venezolano. Y, por otro lado, porque calcularon muy mal el margen de éxito de la oposición y la capacidad de organización que tuvo. Entonces, cuando terminó el día de las elecciones con tanta claridad en las calles y con la evidencia de las actas que la oposición publicó un par de días después, el régimen hizo lo que mejor sabe hacer: atrincherarse en el poder, reprimir y atacar.
P. Luego vino la decisión del Tribunal de Justicia que, sin embargo, no ha movido la aguja de algunos países…
R. No fue ninguna sorpresa que se usara al Tribunal Supremo a Justicia, que no tiene independencia ni facultades para hacer lo que hizo y es parte de esa estrategia de pretender dar un viso de legalidad al fraude. Sin embargo, ya les queda muy difícil seguir manteniéndolo. Han pasado cuatro semanas y no han mostrado las actas porque no las tienen. No tienen cómo corroborar el resultado oficial que anunció el Consejo Nacional de Electoral.
P. ¿Cuáles son entonces los escenarios?
R. Veo dos posibilidades. Una que es que Venezuela se transforme en una dictadura pura y dura al estilo de Nicaragua, que a simple vista parece que es lo que quieren hacer; pero la otra alternativa, y no creo que sea un desenlace inevitable, es que se vean obligados a negociar una salida. Para que eso ocurra se tienen que dar varios factores: la oposición se tiene que mantener unida en la ruta electoral, como lo ha hecho hasta ahora, y seguir aprovechando el capital político que generó María Corina Machado; también, que la gente pueda seguir manifestándose a pesar de la represión. La gente salió a votar en condiciones totalmente desafortunadas e injustas, y ahora hay que mantener esa efervescencia para que se respete su derecho al voto.
P. En ese escenario juega fuerte también la comunidad internacional.
R. Es lo que hace que esto sea distinto al pasado. A los aliados tradicionales de Maduro en la región les queda muy difícil defenderlo hoy. Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Lula, han usado algunos eufemismos, pero no han defendido a la victoria de Maduro. Eso genera condiciones muy distintas porque lo que está pasando ahora no es Guaidó 2.0, no se le está pidiendo a la comunidad internacional que, de una manera ideologizada, vayan y apoyen a un gobierno paralelo.
P. ¿Cuál puede ser el límite para esos tres países?
R. Es bueno ver que no aceptan los resultados y piden que se respeten los derechos humanos, pero creo que no les queda mucho espacio si quieren seguir diciendo que se rigen por principios democráticos. De alguna manera Maduro le hizo un favor a la democracia haciendo las cosas tan mal. Ha sido tan burdo el fraude y la escalada represiva que es indefendible. México ha sido más tímido, pero incluso López Obrador recién después la decisión del Tribunal Supremo de Justicia dijo que hay que ver las actas. Sería bueno entonces que los tres llamen las cosas por su nombre, que digan que se robaron las elecciones y exijan que se termine la represión.
P. ¿Cuáles son las alternativas que ve?
R. La sociedad civil tiene un papel en esta situación tan compleja. En nuestro caso lo que yo hago desde el programa Estado de Derecho es poner sobre la mesa una propuesta de un esquema de incentivos legales para una transición democrática. Los hay, aunque pueden ser moralmente muy desagradable para muchos de nosotros- yo he trabajado toda mi vida recogiendo testimonios de gente torturada y sé que no hace ninguna gracia-. En Venezuela se cometieron dos grandes tipos de delitos en los últimos 25 años, violaciones de derechos humanos y delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. En cuanto a violaciones de derechos humanos, hay alguna gente que está implicada en crímenes contra la humanidad y en esos casos el derecho internacional es muy claro y traza una línea roja que no se puede cruzar. No es posible garantizar la impunidad a los que están implicados en ese tipo de crímenes porque son imprescriptibles. La mejor alternativa para esa gente es buscar refugio en países que no se rigen por el derecho internacional ni por principios democráticos, pero esos son la minoría. La mayoría de la gente que hoy está en la fuerza de seguridad, el poder judicial, el Ejecutivo, algunos en mandos medios y bajos, sí tienen la posibilidad de acceder a beneficios legales.
P. ¿Y cómo funciona esa propuesta de incentivos para los otros delitos?
R. Si bien el derecho internacional en general debe investigar y promover la transparencia, los fiscales tienen muchísimas opciones. Hay esquemas legales, sobre todo en Estados Unidos, que permiten ofrecer rebajas de penas, incluso el Presidente de ese país puede dar clemencia y eliminar una sanción penal. Ahora, esto no puede ser gratis, tiene que ser a cambio de concesiones concretas que abran la puerta a la transición democrática. Entonces, hay una posibilidad que tiene que venir de la mano de aumentar la amenaza legal. Si quienes están en el poder saben que la amenaza de procesos penales fuera de Venezuela, tanto por la Corte Penal Internacional como por otros tribunales, es creíble se abre la puerta para una conversación donde estos incentivos se tornan interesantes para alguna gente en el poder.
P. ¿Y ya hay países están abiertos a esta propuesta?
R. Esta propuesta tiene dos patas. Una es la legal, que tenga un sustento jurídico fuerte y la otra es la pata política, que tenga un apoyo claro por parte tanto de la oposición política venezolana como de los actores internacionales que están involucrados. Petro, Lula o López Obrador tienen la ventaja, en teoría, de mantener una puerta abierta de diálogo con el gobierno de Maduro. Lo mejor que pueden hacer es mostrarles que lo que están haciendo no es el mejor desenlace para ellos, porque así no van a poder gobernar, no van a poder acceder a los mercados, porque los bonistas no están contentos, porque no van a poder vender el petróleo y porque nadie quiere, y a Petro y Lula no les conviene tener un país gobernado por una mafia criminal en sus fronteras. No es solo pedirle a Maduro que de buena voluntad se suba un avión y se vaya a Siberia o a cualquier otro lugar, sino, en paralelo hay que construir estos puentes con estas otras personas dentro del poder que no están en una lista negra hoy, y no tienen por qué estar. No todos los que están en la estructura de poder en Venezuela tienen el destino predeterminado de ir a la cárcel para toda la vida por todos los delitos que cometieron. Y esa es una oportunidad para quebrar la estructura de poder, que no es monolítica.
P. Muchas personas aseguran que aceptar a Edmundo González es como reeditar Guaidó. ¿Por qué dice que no es así?
R. Lo que ocurre es más parecido a Guatemala, donde Bernardo Arévalo llegó ahí por casualidad, nadie se lo esperaba y tuvo que enfrentar una enorme cantidad de desafíos para asumir el poder, inclusive el uso de las estructuras institucionales de ese país. Eso es lo que Maduro está tratando de hacer. Obviamente, Venezuela tiene una trascendencia global distinta, pero lo que es interesante, si hablamos de quitarse caretas, es que si en el caso de Guatemala donde los hechos eran similares hubo una coalición de la región y varios países se unieron desideologizadamente para apoyar una transición de poder, vale la pena preguntar, ¿por qué si la comunidad regional se unió a favor de Arévalo, no lo hacen a favor de González?
P. En línea opuesta está Chile, ¿cómo analiza la posición del presidente Boric?
R. La posición de Chile ha sido extraordinaria, notable. En América Latina, en general, los gobiernos de izquierda no han tenido una política exterior consistente en cuanto a democracia y derechos humanos. Han tomado decisiones totalmente sesgadas por ideología y eso le hace muy mal a la causa de los derechos humanos. En este trabajo no debería importar si la víctima o el victimario es de derecha o de izquierda. Boric entonces es una excepción de la izquierda habiendo mantenido una política de principios cuestionando abusos, y principalmente a quién los cometió. En el caso de Venezuela, el resto de la izquierda mezcla un poco lo que es el legado de Chávez en sus primeros años con la situación actual, que no tiene nada que ver con un proyecto socialista.
P. Ha documentado otros procesos represivos, ¿encuentra alguna novedad en la represión poselectoral?
R. Ha sido de una gran intensidad en cuanto a la cantidad de personas detenidas, pero los patrones son los mismos. En el pasado ya se practicaba el ruleteo, que es detener y llevar a las personas de un lugar a otro sin informar a los familiares dónde están los detenidos y que, en el derecho internacional, constituye desaparición forzada; abusos contra detenidos; intimidación por parte de grupos armados que en Venezuela se llaman colectivos. En este caso sí veo mayor intensidad de la intimidación a través de las redes sociales, gente que denuncia cómo les chequean los celulares en la calle, les hacen mostrar su WhatsApp. Un nivel de mayor de control social. Lo que se ve es que tras las elecciones se sacaron la careta.
P. Finalmente, está el factor elecciones en Estados Unidos en noviembre. ¿Cómo puede incidir si llegara a ganar, por ejemplo, Donald Trump?
R. En general, para Estados Unidos, América Latina no es prioridad y Venezuela no es un tema de agenda global importante, pero sí les importa en cuanto a lo migratorio. Ya hay encuestas que muestran que, si no se respeta la voluntad popular, hay millones de venezolanos que tienen planes de migrar principalmente hacia Estados Unidos. Más allá de quién gane, lo importante es que en el Congreso exista consenso sobre la situación venezolana y se sienten las bases para que le den la importancia que debería tener. El desafío más grande es cómo mantener la atención internacional en una crisis de estas dimensiones, que siga siendo un tema prioritario, porque el tiempo juega a favor de Maduro. La urgencia es que no lo dejen comprar tiempo.
Fuente: EL PAÍS
