La Gobernación interpuso una medida precautoria en el Juzgado Agroambiental para frenar la actividad minera en las cabeceras de este afluente, que pasa por la zona alta de Tarija
Tras la afectación a dos municipios del departamento de Tarija por la contaminación al río San Juan del Oro por el derrame de lodos de la Cooperativa Azulejos de Esmoraca en Potosí, la Gobernación de Tarija ha determinado interponer ante el Juzgado Agroambiental de la capital chapaca una medida cautelar precautoria, con la que buscan paralizar la actividad minera en las cabeceras de este afluente.
Cabe puntualizar, que esta es la segunda vez en tres años que Tarija se ve afectada por el derrame de residuos mineros a sus afluentes. La primera vez fue en julio del 2022 por el colapso de un dique de colas de un ingenio minero de Fedecomin en la comunidad de Agua Dulce, en Potosí, en consecuencia, toneladas de desechos mineros se desplazaron por el río Cabanías hasta terminar en aguas del Pilcomayo. Mientras que la segunda afectación, fue lo sucedido la semana pasada con el río San Juan del Oro, que también es parte de la cuenca del Pilcomayo.
El secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Gobernación, Efraín Rivera, recordó que cuando ocurrió la contaminación al río Pilcomayo, Tarija se constituyó como víctima e interpuso la demanda en la Fiscalía de Potosí, pero que ahora con lo que está sucediendo con el río San Juan del Oro, el accionar será diferente, y se buscará paralizar la actividad minera por intermedio de una medida precautoria que se presentó ante el Juzgado Agroambiental de Tarija.
Rivera dejó entrever que ya se realizó el levantamiento de muestras que serán analizadas en laboratorio y con los resultados sobre la calidad del agua, en una segunda etapa, se prevé iniciar un proceso penal a la cooperativa protagonista de este desastre ambiental.
Inspección al río San Juan del Oro
La autoridad manifestó que en días pasados han realizado una inspección en donde se encuentra operando la Cooperativa Azulejos de Esmoraca en Potosí, y constataron que ante la ruptura de las piscinas, se registra un desastre ambiental que afecta a 26 comunidades de los municipios de Yunchará y El Puente.
“Con las alcaldías y subgobernaciones de estos municipios se ha hecho una inspección in situ, que más o menos tiene un kilómetro de esta actividad donde se han roto las piscinas de sedimentación que han generado un gran problema en la parte baja, es decir los municipios de Yunchará y El Puente”, afirmó.
Cargan contra la AJAM
Rivera cargó contra la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entidad dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, por haber otorgado permisos para poder operar, ya que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no autorizó esta actividad por el hecho que tiene más de 350 contratos paralizados.
“Esto quiere decir que estos contratos están siendo autorizados simplemente por la AJAM. Nosotros, como Gobierno Departamental, técnicamente primero hemos recepcionado el agua para ver los problemas que se tiene, para hacer el análisis físico, químico y biológico, lo hemos mandado al laboratorio”, dijo Rivera, a tiempo de confirmar que también se están activando los mecanismos legales que la ley franquea a la Gobernación.
A diferencia del proceso administrativo que ha iniciado la Gobernación de Potosí, con el cual solamente se establecen sanciones para la empresa infractora, Rivera enfatizó que la Gobernación de
Tarija está acudiendo ante el Tribunal Agroambiental y luego ante la Fiscalía, para que las personas responsables puedan responder por el daño ambiental que están realizando.
También se está realizando una evaluación de daños en las 26 comunidades afectadas por este desastre y una vez que se tengan identificados los daños que ha producido a la calidad del agua, a la producción agrícola y ganadera, además de posibles problemas que se tengan a la salud pública, se aplicarán los cargos ante la Fiscalía con el descargo de información técnica para sentar un precedente legal y sancionatorio, para que este tipo de hechos no vuelva a repetirse.
Gobierno guarda silencio
A pesar que desde el miércoles 24 de julio se ha advertido del derrame de lodos en el río San Juan del Oro que afectó a los municipios de la zona alta de Tarija, como lo es Yunchará y El Puente, hasta el momento ni autoridades de la AJAM, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Minería y Metalurgia se han pronunciado. El País intentó conseguir una entrevista con algún representante de este último ministerio mencionado, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Confirman que empresa no tiene licencia
Según el acta de inspección ambiental emitida el pasado 26 de julio por la Gobernación de Potosí, que acudió a la zona de desastre ocasionado por la Cooperativa Minera Aurífera Azulejos de Esmoraca RL., pudo constatar que la empresa operaba sin licencia ambiental.
En este documento, que ha sido facilitado por la vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Esther Sánchez, se puede advertir que el derrame de lodos ocurrió el pasado 21 de julio. Asimismo, se realizaron más de una decena de observaciones, que van desde la ausencia de medidas de seguridad para la explotación minera, las piscinas de estabilización no son adecuadas, deficiencias en el manejo del material de descarte, entre otras.
Fuente: EL PAÍS
