El alcalde Jhonny Llally accedió a la detención domiciliaria, pero deberá presentar cuatro garantes con solvencia económica de 400.000 Bolivianos cada uno.
La decisión judicial sacudió a la comunidad política del municipio local porque el Juez Cautelar Cuarto del Distrito Judicial de Potosí ha resuelto cambiar la detención preventiva del alcalde a una medida domiciliaria en el marco de la investigación por el delito de supuesta violación.
La fiscal departamental, Roxana Choque, ha informado que la determinación ha sido apelada por el Ministerio Público, que sostiene que Llally debe permanecer tras las rejas en el penal de Cantumarca.
La audiencia en la que se modificó la situación legal del alcalde ha generado controversia en Potosí, ya que las autoridades judiciales han considerado que la detención domiciliaria es suficiente, mientras que la Fiscalía insiste en que existen razones para mantenerlo bajo detención preventiva.
