Fencomin entró en emergencia tras el envío a prisión de casi una veintena de personas por explotación ilegal de minerales en Beni. El Gobierno anticipó una estrategia.
La aprehensión a gran escala de personas presuntamente vinculadas con la minería ilegal en Riberalta, Beni, terminó con 19 de ellas presas de forma preventiva, otras 38 con medidas sustitutivas y el sector minero levantado en señal de emergencia.
Ayer, en horas de la tarde, la Justicia, desde La Paz, resolvió que la casi veintena de sujetos acusados por la explotación de oro en el río Madre de Dios fuera a prisión durante cuatro meses, lapso que deberá ser cumplido en la cárcel de Villa Busch, en Cobija, Pando.
La polémica se generó en días pasados, cuando la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) dio cuenta de operaciones ilegales en la zona. Tras ello, le siguieron las capturas numerosas, el 14 del mes en curso. El escenario desencadenó un bloqueo de carreteras indefinido por parte de cooperativistas, quienes exigen la liberación de todos.
La decisión de la Justicia agudizó la tensión. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) salió al paso para declararse en emergencia y definir posibles lineamientos.
Esa entidad apuntó contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Amparados por el ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), los mineros reprobaron el accionar de la autoridad y confirmaron la apelación respecto a la detención preventiva de las 19 personas.
“La Cooperativa Asobal tiene una solicitud de contrato administrativo minero que deviene de un derecho preconstituido. Ellos explotan desde mucho antes que la nueva Constitución Política del Estado. En el área hay actividad minera legalmente establecida. Ha habido una confusión respecto a las ubicaciones en las coordenadas”, comentaron desde la defensa legal de los que fueron aprehendidos.
En respuesta a ello, el Gobierno anticipó una lucha contra la minería ilegal mediante un plan de acción que contempla, además, combatir el uso excesivo de mercurio en el proceso de extracción, tomando en cuenta la nocividad.
La ministra de Salud, María Renée Castro, habló ayer de acciones varias, entre ellas, la elaboración ya en marcha de un Plan de Mercurio y de Salud con entidades internacionales.
También, según Castro, se trabaja en la denominada Guía Técnica para el Diagnóstico Clínico, Tratamiento y Vigilancia de la Intoxicación por Mercurio en Bolivia. Esta iniciativa se encuentra en fase de revisión. En agosto podría estar terminada.
El registro de importadores y exportadores de mercurio representa otro mecanismo que emergió del gabinete del presidente Luis Arce. El ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, confirmó sobre el comienzo de esta tarea. “Hemos detectado que para cada kilo de oro, se usan tres kilos de mercurio (…). Estaba entrando más mercurio y ¿dónde está ese mercurio? Estaba reexportándose a otros países. Para este tema se ha creado este decreto supremo, para registrar a los comercializadores e importadores de mercurio”, detalló Méndez.
El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, también condenó la extracción ilegal de minerales: “No podemos permitir la minería ilegal y el uso excesivo de mercurio, que es altamente contaminante para el medioambiente y nocivo para la salud. Se debe tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de nuestra población y preservar a nuestra Madre Tierra”.
El ministro Del Castillo agradeció el respaldo dado por Choquehuanca y lo hizo notar con un tuit. “Agradezco las palabras de nuestro vicepresidente, @LaramaDavid; nuestro compromiso contra la contaminación medioambiental y por la salud de nuestro pueblo es prioridad en nuestra gestión”.
BLOQUEO INDEFINIDO
El bloqueo en las rutas hacia Riberalta no se ha levantado. Es más, los movilizados confirmaron que la medida de presión ya tiene un carácter indefinido. Esto, después de que la Justicia determinara apresar a 19 personas vinculadas con extracción de oro presuntamente irregular.
Bismarck Taborga, uno de los dirigentes en apronte, expresó lo siguiente, en nota con Unitel: “No vamos a suspender las medidas hasta que no sean liberados todos. Seguimos firmes en las decisiones de mañana y habrá marcha interinstitucional en apoyo a los obreros y balseros”.
Fuente: OPINIÓN
