La mañana de este martes, legisladores de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) presentaron una proposición acusatoria en contra del presidente Luis Arce para que sea sometido a un juicio de responsabilidades por haber restituido a Carlos Eduardo del Castillo como Ministro de Gobierno a pesar de que había sido censurado por la Asamblea Legislativa.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que “no corresponde” un eventual juicio de responsabilidades contra el presidente del Estado, Luis Arce, debido a que, aseguró, cumplió con la normativa al momento de destituir y luego restituir a Carlos Eduardo del Castillo como Ministro de Gobierno, después de que fuera censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
En contacto con la prensa, Alcón explicó que tras la censura , el presidente Arce cumplió con lo que establece el artículo 158 de la Constitución Política del Estado sobre la destitución tras la censura y en el marco de la misma Carta Magna, del artículo 172, volvió a designar a Del Castillo para ocupar el cargo de Ministro de Gobierno.
“En ese marco y escuchando al pueblo boliviano, pues no existe impedimento para las acciones que han sido tomadas, el Ministro de Justicia lo ha explicado en su momento y lo podemos seguir haciendo”, afirmó Alcón.
La Viceministra, en esa línea, afirmó que, en caso de ser necesario, el Gobierno asumirá la defensa del accionar del Presidente.
“Vamos a sumir nuestra posición y asumir la defensa de la misma (…)Hemos tomado acciones en el marco de la normativa vigente, por tanto no amerita (un juicio de responsabilidades)”, acotó.
Finalmente, Alcón enfatizó que la decisión de Arce está enmarcada en la normativa vigente, la Constitución y se tomó “escuchando al pueblo boliviano”.
La mañana de este martes, legisladores de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) presentaron una proposición acusatoria en contra del presidente Luis Arce para que sea sometido a un juicio de responsabilidades por haber restituido a Carlos Eduardo del Castillo como Ministro de Gobierno a pesar de que había sido censurado por la Asamblea Legislativa.
La denuncia es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales y otros, indicó el jefe de bancada Enrique Urquidi.
Del Castillo fue censurado por la Asamblea Legislativa el a finales de junio, tras su interpelación por el tráfico de autos robados.
Tras su censura, el presidente del Estado, Luis Arce, aprobó un Decreto que derogaba la designación de Del Castillo como Ministro; sin embargo, horas después lo volvió a posesionar en el cargo.
Arce, tras la decisión, justificó que la Constitución señala que es el Presidente quien tiene la atribución de elegir a su equipo de trabajo.
Además, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales los artículos de la ley 1350 que prohibían una nueva designación, por parte del presidente, de un ministro censurado en el Legislativo.
La Sentencia 0020/23 es el resultado a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado suplente Rolando Cuéllar contra los artículos 3.II y III y 4 de la Ley 1350 que Regula los Efectos de la Censura Determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Fuente: OXIGENO.BO
