Ushuaia. Madrugada del 9 de octubre de 2012. Alika Kinan es liberada del cabaret El Sheik junto a otras seis víctimas.
Hacía meses que fiscales y gendarmes investigaban al local y a sus regenteadores por explotación sexual. Habían sido casi veinte años de sometimiento. Al liberarse abrió una fundación para sobrevivientes del mismo delito. Ya ayudó a más de 200 mujeres: “Yo sé que cambio sus vidas. Tengo mucha convicción y elijo cada día hacer esto”.
Alika tiene hoy 46 años, cuatro hijas, dos hijos y a Alfredo, su pareja. Viven todos bajo el Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia. Alika creó y dirige el Programa de Estudio, Formación e Investigación sobre Trata de Personas de la Universidad Nacional de San Martín, y recibió el Premio a los Héroes Contra la Esclavitud Moderna en Estados Unidos, donde acaban de nombrarla asesora en el Foro de Seguridad de Inteligencia Parlamentaria.
En 2015 Alika se atrevió a enjuiciar no sólo a sus proxenetas sino también al Estado por facilitar su explotación. Y fue la primera (y única) víctima que se convirtió en querellante civil y penal. El juicio aún no terminó.
La explotación como herencia
Ella no lo sabía, pero su madre, sus tías, su abuela, todas habían sido explotadas sexualmente. Se enteró cuando sus padres se separaron y se fueron cada uno por su lado, dejándola a ella al cuidado de su hermana menor. Tenía 16 años, su hermana 9 y vivían en Córdoba. Trabajó de todo lo que pudo hasta que una mujer le ofreció viajar a Ushuaia. La distancia -le explicó- valía la pena: allá se cobraba mejor.
Le mandaron el pasaje y fue a la isla a comienzos de 1996. La esperaban en el aeropuerto, la llevaron directo al local de Roca 306 y entonces le comunicaron cuál sería su trabajo. Le dieron ropa, tacos, perfumes, maquillajes. Ya estaba endeudada antes de comenzar. Estaba atrapada.
Fueron años de muchas drogas y alcohol para soportar los golpes, las violaciones, los días y noches de un pase tras otro. Abortos. Traslados por distintos cabarets. Deudas, súplicas, manipulaciones. “Las putas no denuncian”, les decían, mientras policías y funcionarios las frecuentaban.
“Por tus hijas”
Al ser rescatada, Alika fue citada a la Fiscalía a dar su testimonio. “Venís de una familia de mujeres explotadas y abusadas y vos tenés hijas. Esto lo tenés que cortar vos”, le dijo entonces la fiscal de instrucción, María Hermida. Alika buscó psicóloga y abogado y se rearmó.
En 2016 comenzó el juicio contra los tratantes y el Estado. El 30 de noviembre de ese año, un Tribunal de Tierra del Fuego condenó a 7 años de prisión a su proxeneta, Pedro Montoya, y a 3 años a su esposa, Ivana García, y a la encargada del local, Lucy Alberca Campos. Los tres, considerados culpables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El tribunal ordenó a la municipalidad de Ushuaia a pagarle 780 mil pesos por daños y perjuicios.
La reparación económica pedida era de 2.365.000 pesos: una pericia psicológica del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación aseguraba que Alika sufría estrés postraumático grave y crónico y que el sufrimiento era extensivo a toda su familia.
En abril de 2018 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Montoya, pero consideró que tanto la reparación económica como la pena para las dos mujeres era baja y ordenó un segundo juicio. El nuevo tribunal aumentó un año la condena a Montoya y subió a 5 la de García y a 4 la de Alberca Campos. Pero Montoya ya tiene libertad condicional y está en su casa, junto a García. A Alberca Campos, de nacionalidad peruana, la expulsaron del país. El resarcimiento económico fue elevado a 960 mil pesos. Alika apeló.
“Realmente nunca me imaginé que mi vida podía llegar a cambiar tanto, fueron muchas cosas las que pasaron, cosas buenas, cosas malas, pero nunca me imaginé estar donde estoy hoy. Llegar hasta donde he llegado es increible”, dice Alika de paso por Buenos Aires.
Como declaró contra sus tratantes, y personas involucradas en distintas redes que regenteaban múltiples cabarets, Alika y su familia entraron al Programa de Protección de Testigos. Ya no viven en Ushuaia.
“No sé si a esta altura, después de 10 años, espero algo de la Justicia. Sí creo en la justicia, no tanto del sistema judicial, pero sí me gustaría que el sistema judicial cambie para tener otras realidades para otras tantísimas mujeres y niñas que siguen siendo revictimizadas y aún siguen sufriendo la violencia institucional por haber sido víctimas del delito de trata”, asegura.
“Ayudar a mujeres que han vivido lo mismo que yo me hace muy bien. No todas vivimos lo mismo, pero tenemos en común haber sido víctimas o sobrevivientes de explotación sexual y eso nos pone a todas en un mismo lugar respecto al acceso de la justicia y a ese proyecto de vida truncado que nunca llega a materializarse”, detalla. Y admite que se enoja cuando mujeres rescatadas vuelven a los prostíbulos. Con ellas, porque tendrían que luchar más. Con el Estado, por no darles lo que les corresponde.
En 2008 se sancionó la Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y se creó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que lleva recatadas a 17 mil víctimas. La ley se modificó en 2012 y 2019. Cambió la idea del consentimiento (no existe cuando se está en una situación vulnerable) y se plantea la reparación a través de la asistencia de vivienda, alimentos, vestimenta, educación, acceso a la salud, la justicia. No todo se cumple.
“Gran parte de la sociedad aún sigue siendo cómplice y se niega a reconocer una realidad”, se queja Alika, pero prefiere quedarse en lo positivo: “Soy una apasionada y estoy agradecida a la vida, a Dios, de poder hacer todo lo que hago y ver esos cambios no sólo en mí y en mi familia sino en tantísimas mujeres que pasan por la fundación y por todos los programas en los cuales colaboramos. Estoy muy agradecida”.
