* La carencia de recursos económicos impide juzgar a los operadores de justicia implicados en hechos irregulares
Potosí, Kollasuyo Digital
La presunta impunidad que favorece a los operadores de justicia en Bolivia es responsabilidad de la Ley 025 del Órgano Judicial porque obstaculiza el procesamiento por la comisión de hechos ilegales, afirmó hoy el consejero de la Magistratura, Marvin Molina.
El Consejo de la Magistratura es responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas, así como del control y fiscalización del manejo administrativo y financiero en el Órgano Judicial.
Sin embargo, esta instancia no administra los recursos económicos del Órgano Judicial – que están a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera –, por lo que procesar internamente a un operador de justicia es difícil, ya que no cuentan con vehículos ni caja chica para notificar a los jueces ciudadanos que conformarán el jurado, explicó.
Además, muchas veces, hasta el personal auxiliar pone de su bolsillo para notificar a los jueces ciudadanos, los cuales también suelen omitir su participación.
Estos hechos resultan en la remisión de obrados a otro juzgado y hasta otra jurisdicción, por lo que tarda mucho el procesamiento a un operador de justicia involucrado en hechos ilegales, complementó.
Como ejemplo, citó el caso de la jueza Gladys Bacarreza, quien fue destituida de su cargo hace unos días, después de 6 años y 90 procesos en su contra.
Sin embargo, para agilizar los procesos contra los operadores de justicia, Molina afirmó que hace un año presentó un Proyecto de Ley para introducir reformas en el Régimen Disciplinario; pero no recibió el respaldo de los asambleístas nacionales.
Es un problema estructural que debe resolverse en el Órgano Legislativo mediante una norma legal, añadió.
Sin embargo, aseguró que los procesos contra los operadores de justicia si avanzan en la justicia ordinaria.
Willy Alcocer Salas
