El Gobierno acelera su persecución religiosa y ordena a las entidades bloquear los activos de las nueve diócesis del país y de las parroquias
La mañana de este viernes 26 de mayo un sacerdote de una iglesia de la ciudad colonial de Granada, antigua capital de Nicaragua, acudió al banco a retirar dinero de la cuenta bancaria de su parroquia. La cajera le informó de que no podía darle dinero porque las cuentas habían sido bloqueadas. Horas más tarde varias fuentes eclesiales comunicaron que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a las entidades bancarias la congelación de las cuentas de todas las nueve diócesis del país, como parte de la embestida que el régimen mantiene contra el catolicismo.
El PAÍS pudo corroborar de manera directa el congelamiento de las cuentas de la Diócesis de Managua, una de las principales del país, y cuya cara más visible es el Cardenal Leopoldo Brenes. El purpurado sostuvo una reunión de emergencia con sus sacerdotes tras conocerse el bloqueo de los activos, que incluye a las diócesis y sus parroquias. Este diario también confirmó de manera directa el bloqueo de las cuentas de la Diócesis de Matagalpa, al norte del país; y la de León y Chinandega, en el occidente.
Uno de los párrocos de Chinandega notificó a los fieles de su parroquia la noche de este jueves que se abstuvieran de transferir a las cuentas de las parroquias el pago de unos libros pastorales debido al bloqueo de las cuentas bancarias.
Igual que sucedió con varias de las 94 personas despojadas de su nacionalidad por el régimen Ortega-Murillo en febrero pasado, los bancos procedieron a bloquear las cuentas de las diócesis y parroquias sin informar nada al respecto a los clientes. Hasta la publicación de este artículo, los bancos guardan absoluto silencio.
Fuentes eclesiales indicaron a EL PAÍS que el congelamiento de las cuentas puede estar relacionado con el reciente arresto el jueves de esta semana del sacerdote Jaime Iván Montecinos Sauceda, del municipio de Sébaco, acusado por el delito político de “menoscabo a la soberanía nacional”. Montecinos pertenece a la Diócesis de Matagalpa, una de las más golpeadas por la persecución religiosa, a tal punto que su obispo, monseñor Rolando Álvarez, fue condenado a 26 años de prisión en febrero. Y también los sacerdotes Eugenio Rodríguez y Leonardo Guevara, de Nueva Segovia y la catedral de Estelí, respectivamente, fueron trasladados a la policía para someterlos a “investigaciones”.
“Congelar las cuentas es un grave golpe para la iglesia, porque también tiene compromisos que pagar. Inclusive están siendo afectadas casas de formación, donde hay planillas que pagar, recibos de servicios básicos y otros gastos”, dijo a EL PAÍS la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora de un estudio titulado Nicaragua, una iglesia perseguida. El estudio arroja que en 2022 los católicos sufrieron 161 agresiones, entre profanaciones de templos, arrestos, despojo de nacionalidad, destierro de sacerdotes y acoso policial. En lo que va de 2023, más de 3.000 procesiones fueron prohibidas, en especial durante Semana Santa. Este ha sido el período de mayor persecución religiosa documentado desde el estallido social de abril de 2018. En total, el régimen suma 529 ataques contra obispos, templos y laicos.
“Buscan confiscar templos”
Un abogado defensor de derechos humanos dijo en condición de anonimato que los Ortega-Murillo preparan la antesala para confiscar los templos en Nicaragua, al igual que lo han hecho con otras propiedades administradas del catolicismo, como asociaciones y universidades. “Pueden hacer lo mismo que hicieron con la Cruz Roja de Nicaragua: anularla, confiscarla y pasar sus bienes a propiedad del Estado. Es decir, una iglesia a la medida de los dictadores; una que no critique, o en el peor de los casos proscribir el ejercicio de la religión católica en el país”, dijo el jurista exiliado en Costa Rica.
Meses atrás de la congelación de las cuentas bancarias de la iglesia católica, la abogada Molina advirtió de que uno de los patrones represivos siguientes sería la confiscación de propiedades católicas. Molina informó que hasta entonces han sido confiscados siete edificios y 32 religiosas de diversas congregaciones fueron expulsadas del país. El informe de la jurista remarca que un total de 13 medios de comunicación administrados por el catolicismo han sido clausurados, diez ONG fueron obligadas al cierre por los impedimentos legales y técnicos ocasionados por las autoridades del Ministerio de Gobernación de Nicaragua. También, otros seis proyectos sociales fueron cerrados.
Fuente: EL PAÍS
