Esa violencia sinfín forma parte del paisaje mexicano, pero octubre está rompiendo récords sangrientos. A tan solo seis días de inicio del mes, ya se han registrado múltiples balaceras y asesinatos en distintas partes de la República mexicana.
20 muertos en Totolapan, incluyendo el alcalde
La última ilustración de esa mortífera tendencia es la balacera en San Miguel Totolapan, en el Estado de Guerrero, este miércoles 5 de octubre. “Hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también”, expuso Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad de México.
Ese día, un grupo de sicarios irrumpieron en el palacio municipal y asesinaron a tiros al alcalde y al menos a otras 19 personas, entre ellas varios policías. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido del que formaba parte el alcalde fallecido, exigió justicia a las autoridades.
La Dirección Nacional Ejecutiva del #PRD condena el cobarde asesinato de nuestro compañero Conrado Mendoza Almeda, Alcalde de San Miguel Totolapan, #Guerrero. Exigimos justicia @FGEGuerrero, basta de violencia e impunidad. pic.twitter.com/MWq1IFbm0u
— PRD (@PRDMexico) October 5, 2022
Poco después, el ataque fue reivindicado en las redes sociales por un cártel llamado “Los Tequileros”, a pesar de que las autoridades habían asegurado que el grupo ya no se encontraba activo.
La policía mexicana cree que el líder de la agrupación criminal, – conocido como “El Tequilero”-, murió en 2018, pero el subsecretario Mejía reconoció que el grupo había vuelto a “irrumpir”: “Ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como La Familia Michoacana”. Se sospecha en efecto que el asesinato del alcalde haya sido una amenaza para ese otro poderoso cártel de la droga.
AMLO responsabilizado por la ola de violencia
Esa matanza, que ha conmocionado al país por ser una de las más mortíferas en lo que va del año se da en el contexto de una disputa criminal entre grupos delictivos en la región. Efectivamente, no es la primera vez que San Miguel Totolapan sea escenario de este tipo de enfrentamientos entre cárteles.
Esta pequeña ciudad de 20.000 habitantes se conoce como el bastión del crimen organizado, que se disputa el territorio y el tráfico en la ruta de la droga que llega desde el Pacífico.
Esa última masacre exhibe la vulnerabilidad de los políticos ante la violencia del crimen organizado durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, denuncian sus críticos. Según la consultora Etellekt, desde que el presidente asumió el poder, han asesinado a 18 alcaldes, además de 31 regidores y 11 síndicos.
Sin embargo, el mandatario declaró este jueves que no habrá cambio en su estrategia de seguridad: “Tenemos que seguir con lo mismo, porque está dando resultados. Claro que yo quisiera que no pasaran hechos tan lamentables como los de ayer, pero es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años”, aseguró en su conferencia matutina.
En este sentido, culpó a sus predecesores: “El caso de Totolapan, son organizaciones que vienen de tiempo atrás, no surgieron en este gobierno, y estamos buscando atender las causas”, concluyó.
Pero claramente Guerrero no es la única región donde ocurren esos atentados. Este mismo miércoles 5 de octubre, se registró también la muerte de la diputada local Gabriela Marín, esta vez en Cuernavaca, Morelos. Asesinada a balazos tras ser atacada por sicarios a bordo de una motocicleta, la política había asumido el cargo de diputada local apenas en julio del presente año. “No se puede descartar un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político”, comentó el subsecretario de Seguridad.
Las mujeres, víctimas privilegiadas de la violencia en México
Otro hecho que abonó el clima de inseguridad que vive el país, fue el del homicidio de Blanca Esmeralda Gallardo, en Puebla. Esta mujer de 40 años era la madre de Betzabé Alvarado Gallardo, joven desaparecida desde 2021, quien fue asesinada en el mismo barrio donde Esmeralda Gallardo acabó muerta.
📢 El #CED hace eco y expresa su profunda preocupación por el inaceptable crimen de Blanca Esmeralda Gallardo, madre buscadora de Puebla. https://t.co/SBhUdTWV7x
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) October 6, 2022
Ante los hechos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el homicidio, y recordó que Esmeralda Gallardo habría proporcionado en distintas ocasiones información relevante acerca de la desaparición de su hija, la cual no fue retomada en la investigación del delito por las autoridades a cargo.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de ONU-DH, señaló que “ese es un nuevo doloroso recordatorio del alto riesgo y desprotección en que muchos familiares de personas desaparecidas se ven obligadas a realizar labores de búsqueda y exigencia de justicia”.
Se trata de la cuarta mujer buscadora de sus desaparecidos asesinada en México durante este año. Y esta cifra sustenta otro componente de la violenta realidad mexicana: los feminicidios.
En efecto, a pesar de la negación de las autoridades, México es uno de los lugares más violentos del mundo para las mujeres. El año pasado, México registró 33.308 homicidios, según cifras oficiales, y casi el 10% de las víctimas eran mujeres. Las ONG y feministas denuncian una media de diez feminicidios al día.
En otra noticia aterradora para los mexicanos, un reciente informe del organización Global Witness informó que la nación se ha convertido en la más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente. Mientras que, en 2020, México registró 30 homicidios de defensores ambientales, en 2021 esta cifra se elevó a 54 asesinatos.
Y alrededor de dos tercios de estos asesinatos se concentraron en los estados de Oaxaca y Sonora, ambos con importantes inversiones mineras.
Entre 350.000 y 400.000 desplazados internos por la violencia
La minería, justamente, estaría dentro de los factores que explicarían el éxodo de miles de Mexicanos, junto con la delincuencia y los conflictos locales. El mes pasado, la relatora especial de la ONU Cecilia Jiménez-Damary expuso la cifra de entre 350.000 y 400.000 desplazados internos en México. Estimó también que entre los miles de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares, los indígenas fueron los más afectados.
Según Jiménez-Damary, la impunidad y los fallos en los sistemas de justicia y seguridad son factores que inciden en ese desplazamiento: “En algunas partes del país, el crimen organizado atemoriza territorios y poblaciones a través de intimidaciones; y las investigaciones rara vez se llevan a cabo”, destacó.
Reforzando esa idea, un informe presentado este miércoles por el centro de análisis México Evalúa afirma que solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en el sistema de justicia penal mexicano.
Con EFE, AFP y medios locales