Las marcas de cicatrices en su cuerpo y traumas psicológicos figuran como prueba en la denuncia que se inició en contra de sus progenitores, mencionó el director municipal de la Familia, Waldo Tarifa
Un caso de violencia física y psicológica en contra de un menor de edad de siete años movilizó al personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que acudió al llamado de un vecino de la víctima, quien había huido de su casa a raíz de los traumas que vivió durante años.
El director municipal de la Familia, Waldo Tarifa, relató que gracias a la primera intervención que sostuvieron tanto la psicóloga como la trabajadora social de dicha repartición, se logró evidenciar que existen lesiones de data antigua en el cuerpo del niño ocasionadas por el castigo físico que sufría constantemente.
“Él indica que cada vez que sus papás consumen bebidas alcohólicas proceden a flagelarlo, a pegarlo, por lo cual él tiene temor de regresar, ya no quiere vivir con ellos. Lo que se ha hecho de manera inmediata y oportuna es poner a buen resguardo a ese menor, bajo la protección de la abuela materna”, argumentó.
Producto del acto investigativo encarado por el equipo de la Defensoría, también salió a la luz que el pequeño tampoco asistía con regularidad a pasar clases, por lo tanto se hicieron las actuaciones para revertir tal situación con el aval de su familiar.
“A partir de ello, bajo las prerrogativas que indica el artículo 153, inciso A, del Código Niño/Niña y Adolescente, se ha presentado una demanda por violencia en contra de los padres de familia, esperando que la señora juez de la Niñez y la autoridad competente, impongan las sanciones previstas en el artículo 176 del mismo cuerpo normativo”, enfatizó.
Estas se circunscriben en las siguientes; Prestación de servicios a la comunidad, multas pecuniarias para personas naturales como jurídicas, arresto y otros.
Las acciones legales amparadas en los informes de la Secretaría de la Mujer, Familia y Poblaciones Vulnerables, son el primer paso para garantizar el bienestar del niño.
“Ahora hay que regularizar la situación legal de la abuela respecto al menor par que ella se encargue, obviamente, de cuidarlo, al mismo que se apertura también competencia para que podamos hacer una demanda de asistencia familiar a favor del menor de edad y en contra de los progenitores, la abuela acordó hacerse cargo del menor, restituyéndole también el derecho a la educación”, complementó Tarifa.
De igual manera, el director señaló a nuestro medio que se restituyó a dos menores de edad que fueron interceptadas en la Terminal de Buses, mientras pretendían viajar sin el permiso de sus padres ni algún tutor a cargo.
“Las dos no son naturales de nuestro municipio sino que son de Chuquisaca, pretendían viajar a la ciudad de Santa Cruz, pero no contaban con ninguna documentación, entonces, como se presume la minoridad y ellas aceptan que son menores de edad, de 16 y 17 años, no se les podía permitir (que viajen), lamentablemente no querían colaborar ni indicar quiénes eran sus familiares, mencionaron también que no tenían ningún número de contacto, así que tuvimos que hacer un trabajo minucioso con la psicóloga y trabajadora social”.
Al ponerse en contacto con los familiares, luego de haberlas trasladado a un hogar de acogida para que puedan pernoctar, estos argumentan que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, por lo que se constituyeron en pasadas horas para la restitución.
LosDATOS
El Código Penal contempla penas de hasta diez años de cárcel por agresión a un menor de edad
La Defensoría está haciendo seguimiento al caso de agresión al niño
Los operativos están siendo coordinados con la Policía Boliviana
Fuente: EL PERIODICO
