Arzobispo emérito de Sucre afirma que la Iglesia ya dio su palabra en un informe
El intento del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, de incluir a autoridades de la Iglesia católica en el caso denominado “Golpe I”, por los hechos de octubre y noviembre de 2019, provocó una serie de reacciones en el clero y en el ámbito político; el Conade y la oposición califican de “venganza” la acción impulsada por Chávez después de que las autoridades religiosas se sumaron a la recolección de firmas por la reforma judicial.
Luego de que la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitara a la Fiscalía que convoque a declarar a los sacerdotes que en 2019 formaban parte de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y que, en esa condición, participaron en el proceso de pacificación de 2019, el arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, remarcó que la Iglesia católica siempre estará dispuesta a aclarar su participación en aquellos sucesos.
“Sabemos de nuestros hermanos que están privados de libertad en distintas cárceles del país por motivos políticos, claro, con otros pretextos; se buscan pretextos como terrorismo, confabulación, golpe de Estado. Si eso se va a extender a la Iglesia (católica), no sería extraño, lo hemos visto en Nicaragua”, dijo Galván este domingo.
En un memorial que fue remitido el 30 de enero pasado al fiscal Omar Mejillones, la Procuraduría solicita que se cite a declarar a un grupo de autoridades religiosas, en el marco del caso “Golpe I”, por el delito de terrorismo.
En ese escrito hay una lista de 10 nombres para que sean convocados. Entre ellos está el arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, vicepresidente de la CEB tanto en 2019 como en la actualidad; el padre José Fuentes Cano, exsecretario general adjunto; Aurelio Pesoa, exsecretario general episcopal, y monseñor Giovani Arana, obispo auxiliar de El Alto aquel año.
GOZAN DE FUERO
El fiscal Mejillones, en un memorial, recordó que se debe tomar en cuenta que los altos cargos de la Iglesia católica gozan de un trato especial. “En relación a los representantes de la Iglesia católica, considerando que estos son considerados misiones (nuncios), el impetrante deberá considerar el art. 195 del CPP (Código de Procedimiento Penal), y pronunciarse al respecto previa citación”, señala el escrito de Mejillones, citado por El Deber.
CORREO DEL SUR consultó anoche sobre este tema a Centellas, quien dijo que la CEB no recibió nada oficial de la Fiscalía.
PRESENTÓ SU DESCARGO
El arzobispo emérito de Sucre, monseñor Jesús Juárez, dijo a la ANF, de forma escueta, que no corresponde una convocatoria de la Fiscalía a autoridades religiosas porque la Iglesia presentó en su debido momento los descargos de su participación en el proceso de pacificación del país.
“Creo que estas citaciones no corresponden, la Iglesia ya puso todos sus buenos oficios a petición y también hizo un documento donde deja claro todo lo que ha sucedido. Que no repitan todo como disco rayado”, enfatizó.
El 16 de junio de 2021, la CEB entregó un informe dirigido al papa Francisco y a la Fiscalía General del Estado sobre su participación en la crisis política entre octubre y noviembre de ese año. Allí dio su versión de las negociaciones que se desarrollaron en la Universidad Católica antes de la asunción de Jeanine Áñez.
“HIPÓCRITA”
El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, criticó este domingo la aplicación “hipócrita” de la ley por parte de las autoridades. Dijo que para unos es liviana y para otros, pesada.
Conade observa “venganza” en solicitud del Procurador
Manuel Morales, máximo representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), calificó de una “venganza” pretender investigar a los obispos de la Iglesia católica que participaron en las reuniones para pacificar el país durante la crisis política de 2019.
“Es una actitud de vendetta política porque la Iglesia católica ha anunciado que se está sumando a esa iniciativa ciudadana de recolección de firmas. Entonces, el procurador Wilfredo Chávez, que fue abogado íntimo de Evo Morales, está actuando con una sensación y odio a partir de los hechos del 2019”, declaró Morales a Unitel.
El activista dijo que en las reuniones de 2019 para la pacificación del país también estuvieron actores del MAS.
Por su parte, el expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, comparó la petición de los abogados de la Procuraduría con los sucesos en Nicaragua y convocó a la comunidad internacional a pronunciarse sobre lo que se considera un nuevo intento de persecución.
Fuente: CORREO DEL SUR
