La minería para extraer este metal precioso, vista como una salida a la fuerte crisis económica del país, amenaza los bosques tropicales de montaña en La Paz
El paisaje de asfalto y hormigón de La Paz puede cambiar en unos pocos kilómetros a calurosos y tupidos bosques en las laderas de las montañas. Las hostiles calles empinadas del norte de la capital administrativa de Bolivia dan paso a una espesa vegetación y ríos serpenteantes que descienden por más de 5.000 metros hasta el Amazonas. En esta zona es donde se ha descrito de forma reciente el tilcayo, el primer felino salvaje descubierto en más de 100 años. Pero también existen ahí importantes yacimientos de oro que atraen a empresas, cooperativas o comunarios movidos por los precios históricos que está alcanzando el mineral y la fuerte crisis económica que azota el país.
La extracción de este mineral no solo supone una amenaza para el tilcayo, sino también para el hábitat de miles de especies animales. Solo en el municipio de Coroico, uno de los siete que conforman los Yungas, existen alrededor de 16 áreas mineras con autorización para operar y otras 129 que están en trámite o solicitud, según la planimetría de 2025 elaborada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). La institución realiza constantes inspecciones en la zona porque una gran parte de estas últimas 129 suelen funcionar aun cuando no han terminado de regular su situación.
Si bien existe minería subterránea, la que prima es la que se hace a cielo abierto, a la orilla de los ríos. Volquetas, retroexcavadoras y camiones de carga pesada remueven tierra, grava y sedimentos para recuperar oro. Los árboles caídos en extensas zonas escampadas avisan de la entrada de esta maquinaria. Las huellas de la actividad extractivista también son visibles en la vegetación del borde de los ríos, desplomada hacia el cauce por el deslizamiento provocado por la remoción de suelo.
Uno de esos derrumbes ha creado un hueco en el mismo acceso al refugio de vida silvestre Senda Verde, el lugar que acoge al ejemplar de tilcayo que sirvió para identificar a la nueva especie. “Todos estamos superorgullosos por el felino. Nos hizo volcar la mirada al mundo natural. En Coroico ya se firmó una ley que protege al tilcayo. ¿Cómo vas a hacer eso y permitir la minería que afecta a todos los animales silvestres?”, reniega Vicky Ossio, fundadora y directora de Senda Verde desde su fundación, en 2003. Este santuario es el hogar de unos 1.200 animales de 70 especies que son resguardados por una docena de guardas y voluntarios.
“Con el ruido de las máquinas [para explotar el oro], se escapaban los monos capuchinos. Ese ruido los hace desplazarse. Había incluso felinos a los que se veía cruzar la carretera”, continúa Ossio. De hecho, el tilcayo que bautizó a su especie, llamado Tigrino, es el resultado de este alejamiento forzado. Fue encontrado en la ruta siendo un cachorro por un miembro de la comunidad local; lo criaron como mascota hasta que en 2017 su rescatador lo entregó al refugio. Pasaron nueve años hasta que la ciencia oficializara el hallazgo de una nueva especie. Desde entonces, Senda Verde se ha mencionado en todos los medios internacionales y nacionales.
Ossio cuenta que visitantes, periodistas y autoridades la saturan de llamadas para ver a Tigrino, que ronda los 9 de los 13-15 años que suele vivir la especie, pero visitar su jaula está prohibido. “Está tranquilo, ¿por qué vamos a sacarlo, estresarlo? ¿Para satisfacer la curiosidad de la gente?”, se justifica la directora. Quiere que la atención se centre en la última embestida que sufrió el refugio por parte de las cooperativas mineras, las que dejaron el hueco en la entrada. Senda Verde y sus alrededores han sido objetivo de la fiebre del oro prácticamente desde que comenzaron a funcionar, pero la amenaza nunca estuvo tan cerca.
La cooperativa minera que lleva a cabo la más reciente ofensiva reclama un área en un limbo jurídico que atraviesa una treintena de terrenos en Coroico. La AJAM las llama zonas con un derecho preconstituido: concesiones otorgadas antes de la Ley de Minería y Metalurgia, promulgada en 2014, que deben adaptarse a la nueva normativa ambiental que incluye, entre otros, la presentación de una licencia ambiental. La cooperativa reclamó su derecho de explotación, el personal de Senda Verde le exigió la documentación actualizada y la tensión escaló hasta la detención de tres miembros de la minera, que fueron liberados tres días después.
La minería impacta igualmente en otras áreas donde se refugian el tilcayo y cerca de 930 especies de vertebrados en los Yungas. En el parque Cotapata, una de las tres áreas protegidas por ley de Coroico, se registró una bocamina en 2025. La gran mayoría de las comunidades intenta buscar amparo legal con la creación de reservas porque el avance extractivista no solo afecta a la fauna, sino también al agua, enturbiándola, alterando los cauces y contaminándolos de mercurio.
Las 12 comunidades de la reserva Río Negro, a poco más de tres kilómetros de Senda Verde, están terminando de escribir su plan de manejo, necesario para recibir la protección legal del Estado para sus 6.200 hectáreas contra la minería. “Cada día que pasa hay amenaza minera. Tenemos identificadas entre cuatro y seis cooperativas que amenazan el 80% de nuestro territorio”, dice Víctor Álvarez, un miembro de la reserva y representante de las comunidades.
Álvarez confiesa que, pese a que el grueso de los pobladores locales no está de acuerdo con la explotación minera, existen grupos de nativos que realizan minería artesanal o a pequeña escala. Esta actividad está contemplada en la Ley de Minería y Metalurgia, que la define como operaciones que utilizan un alto componente de mano de obra y bajos niveles de bienes de capital. “Con la crisis económica son cada vez más. Bajan al río en temporadas que no tienen cultivo. Tampoco existe una reglamentación detallada”, afirma Álvarez.
EL PAÍS pudo observar a un grupo de alrededor de 20 de estos buscadores de oro —llamados en la zona barranquilleros— en las orillas del río Coroico, a menos de 100 metros del área de resilvestración de Senda Verde. Se instalan en carpas de donde sacan picotas, bateas y motobombas, máquinas que combinan motor de combustión con una bomba hidráulica para mover grandes volúmenes de agua.
Para la directora del refugio, el daño de los barranquilleros es igual al de las cooperativas. “Eso no es artesanal, están usando motores, mangueras”. La municipalidad de Coroico coincide en que la minería a pequeña escala cada vez hace mayor uso de maquinaria compleja. “Además de motobombas, utilizan succionadoras para hacer la remoción de piedras, creando como pozas. Eso es una forma de afectar el borde del río porque aumenta el sedimento y la turbidez del agua, así como la pérdida del hábitat acuático”, cuenta Ana Carranza, la directora de Medio Ambiente de Coroico.
Las posiciones encontradas entre los nativos sobre la permisividad de la minería han erosionado las estructuras comunitarias. En los Yungas ya no se habla de la explotación minera solo como un problema ambiental, sino también social, que se extiende más allá de Coroico. En el municipio de Coripata, los residentes increparon al alcalde, retándolo a beber el agua de los ríos que abastecen la comunidad, por una supuesta permisividad de la minería ilegal. En el municipio de La Asunta, la situación fue áun más lejos: los vecinos atacaron en septiembre pasado a una cooperativa, dejando varios heridos y quemando parte de la maquinaria.
Fuente: El País
