La Paz, 14 de octubre del 2026 (ANF).– El Gobierno lanzó el Decreto Supremo (DS) 5749, que faculta al Viceministerio de Transparencia a recibir y canalizar denuncias por presuntos cobros ilegales, extorsión y otras exigencias económicas de parte de jueces, fiscales, policías y funcionarios de otras entidades del sistema de justicia.
La norma alcanza a servidores públicos y exservidores del Ministerio Público, el Órgano Judicial, Derechos Reales, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana. Incluye solicitudes de dinero, dádivas o beneficios a cambio de agilizar, frenar, alterar o evitar actuaciones judiciales y administrativas.
“El Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, es la instancia facultada para recibir, registrar, procesar y canalizar las denuncias administrativas formuladas en el marco del presente Decreto Supremo, a través de su oficina central o enlaces departamentales en todo el Estado Plurinacional de Bolivia”, dice el parágrafo I del artículo 3 del decreto.
Las denuncias podrán presentarse por escrito en las oficinas centrales o enlaces departamentales del viceministerio, también se habilitará una plataforma digital para que cumpla el mismo propósito.
La norma establece que los casos serán derivados a las unidades de transparencia, instancias disciplinarias o al Ministerio Público, según corresponda. Además, el viceministerio podrá participar como coadyuvante o querellante en procesos penales.
El decreto también contempla la reserva de identidad de los denunciantes, mediante códigos confidenciales y el resguardo de sus datos personales, y dispone la coordinación con las principales instituciones judiciales y policiales para facilitar el seguimiento de los casos.
“En un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia publicará la nómina y ubicación de su oficina central y enlaces departamentales, así como las direcciones de acceso a la plataforma o mecanismo digital habilitado para la recepción de denuncias relacionadas con actuaciones judiciales o administrativas”, dice la disposición transitoria única.
Fuente: ANF
