En el año y medio de mandato del izquierdista, el Legislativo controlado por la derecha hizo tres intentos de moción de destitución. El expresidente y su Gobierno amenazaron más de una vez con disolver al Congreso y enfrentaron una crisis interna que hizo que se renovara el gabinete en cinco ocasiones. Esta historia permite entender lo último de la crisis política peruana.
Se repite la historia en Perú. Un presidente disuelve al Congreso y, el mismo día, los legisladores reaccionan destituyendo al mandatario. Pasó en 2019 con Martín Vizcarra y ocurre de nuevo este 7 de diciembre con Pedro Castillo.
Este miércoles el Parlamento peruano, dominado principalmente por la derecha, estaba convocado a las 15:00 (hora local) para votar un tercer intento de moción de destitución en contra del izquierdista Castillo. Pero el presidente actuó primero y a medio día publicó un video en el que anunciaba su decisión de disolver temporalmente el Congreso, convocar a elecciones del Legislativo e instaurar un gobierno de emergencia excepcional para legislar con decretos ley hasta que se eligieran popularmente a los nuevos congresistas.
Y su afrenta a los poderes no fue solo contra el Legislativo. Castillo también ordenó reorganizar el sistema de justicia; incluyendo a la Fiscalía de la Nación, que investiga al presidente por seis casos preliminares; y al Tribunal Constitucional, que ha declarado infundadas varias de las demandas clave que ha presentado el Ejecutivo en su batalla contra el Legislativo. Así, con su alocución, intentó borrar de tajo a las ramas del poder con las que ha tenido roces.
El Congreso no tardó en responder. No solo se reunió antes de la hora programada, sino que los legisladores llegaron directamente a votar la vacancia; con lo que se saltaron las horas de debate que estaban previstas y en las que se había agendado un espacio de 60 minutos para que Castillo se defendiera junto a su abogado. El resultado fue ampliamente a favor de destituir al presidente por “permanente incapacidad moral”; con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones. Así se superó con creces el mínimo de 87 votos necesarios.
Si bien este es el punto culmen de los enfrentamientos entre el mandatario peruano y los legisladores desde que aquel asumió el poder el 28 de julio de 2021, las diferencias vienen de tiempo atrás con tres intentos de destitución contra Castillo y algunos llamados por parte de funcionarios del Gobierno a disolver el Legislativo. Además, todo en medio de una alta volatilidad dentro del propio Ejecutivo, con cinco cambios de gabinete en menos de año y medio de mandato, con ministros cuestionados y con otros jefes de cartera que han criticado abiertamente al presidente.
El primer intento de destitución no se alcanzó ni siquiera a debatir
Desde que Castillo le ganó las elecciones presidenciales a la derechista Keiko Fujimori por un estrecho margen de diferencia, se presumía que la gobernabilidad del mandatario iba a estar en disputa. Si bien la bancada oficialista Perú Libre fue la que más escaños obtuvo, con 37; los partidos de derecha y opositores suman 80 de los 130 puestos del Congreso. Además, el partido de Fujimori, Fuerza Popular, fue el segundo más votado al obtener 24 escaños. Así, el líder sindical tenía desde sus inicios un panorama político complejo.
A este se sumó la elección de un gabinete con varios ministros cuestionados, empezando por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, investigado por presunta apología al terrorismo tras manifestar públicamente su apoyo al grupo Sendero Luminoso.
En medio de las polémicas, Bellido se mantuvo en su cargo durante los primeros meses del mandato de Castillo, hasta que el presidente le pidió la renuncia el 6 de octubre de 2021. El primer ministro había estado de nuevo en el centro de los escándalos por amenazar al consorcio que opera el principal yacimiento de gas de Perú, diciendo que debía renegociar el contrato de la concesión. Además, la congresista opositora Patricia Chirinos lo denunció por violencia machista. Ella sostiene que Bellido le dijo frases como “soltera, casada, divorciada y ahora viuda” y “ahora solo falta que te violen”; algo que Bellido negó.
El reemplazo del saliente primer ministro fue Mirtha Vásquez, una ambientalista que obtuvo el voto de confianza por parte del Legislativo para dirigir la política de gobierno. Esto daba esperanzas de un ambiente más favorable para el Ejecutivo, pero pronto llegó la primera gran arremetida de los congresistas.
La propia Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, impulsó la primera moción para destituir a Pedro Castillo como presidente del país. Sus principales argumentos eran que el movimiento oficialista Perú Libre había recibido supuestamente financiación irregular y que había presuntos tráficos de influencias alrededor de Castillo. También lo señaló por haber retomado las relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba. Además, el llamado a la destitución tomó fuerza cuando el programa Cuarto Poder difundió una serie de videos en los que se veía a Castillo reunido con políticos y empresarios en una vivienda en Lima, distinta a la Casa de Pizarro. Todo sin dejar constancia de sus encuentros como presidente, tal como lo señala la ley nacional.
Aun así, el intento no prosperó en el Legislativo. El 7 de diciembre de 2021, el Congreso desestimó la moción incluso antes de debatirla, pues 76 de los 130 congresistas votaron en contra de llevar la propuesta al siguiente y último nivel. Con lo que la idea murió antes de ejecutarse. Pero las tormentas apenas comenzaban para el Gobierno de Castillo.
La segunda moción contra Castillo fue precedida por dos crisis ministeriales
Una ola de críticas desde adentro del Ejecutivo sacudió de nuevo al presidente. Esta vez, eran sus propios ministros los que se mostraban en desacuerdo. Primero, el ministro del Interior, Avelino Guillén, dimitió luego de que Castillo no lo respaldara en una disputa de vieja data que tenía con el jefe de la Policía Nacional, Javier Gallard, por los ascensos de varios generales. Luego, la propia primera ministra, Mirtha Vásquez, presentó su carta de renuncia el 31 de enero de 2022 y en ella le lanzó un duro dardo al presidente: “Hemos llegado a un momento crítico. La crisis en el sector del Ministerio del Interior no es asunto cualquiera ni coyuntural, es la expresión de un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado”.
Castillo enfrentó su nueva crisis nombrando al siguiente presidente del Consejo de Ministros; lo que implicaba una recomposición casi que total de los jefes de cartera, la tercera en tan solo sus seis primeros meses de mandato. Con la mala suerte de que el elegido, Héctor Valer, duró únicamente tres días en el cargo; pues el Congreso no le dio su voto de confianza y además varios medios peruanos revivieron la noticia de que el funcionario había sido denunciado por violencia doméstica en 2016. Pero antes de que lo sacaran del cargo, Valer le mostró los dientes a los legisladores, pues les advirtió que su nombramiento era una “bala de plata”, puesto que el presidente podía disolver las Cortes si el Congreso no lo respaldaba en el voto de confianza. Una amenaza que luego repetirían otros miembros del gobierno.
Después de la votación, el 4 de febrero, el presidente Castillo tuvo que conformar un cuarto gabinete, esta vez liderado por quien era hasta ese momento su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres. Con el tiempo, Torres se convirtió en uno de los más férreos defensores de Castillo y, de hecho, ahora ejerce como su abogado, luego de que Benji Espinoza se negara a defender legalmente al presidente tras disolver el Congreso este 7 de diciembre.
Y mientras el Ejecutivo se recomponía, en el Congreso cursaba un segundo intento para destituir al mandatario. El partido derechista Renovación Popular promovió una nueva moción alegando 20 razones para sacar a Castillo de la Presidencia. Una de ellas son las declaraciones de Karelim López, una lobbista investigada por un posible escándalo de lavado de activos. Ella le afirmó a la Fiscalía que el objetivo de su red de corrupción era obtener dinero de licitaciones de obras públicas para pagar las deudas de la campaña electoral de Pedro Castillo.
Otros de los argumentos eran las denuncias de antiguos funcionarios del Ejecutivo que señalaban que existía un “gabinete en la sombra”, las designaciones de 10 ministros que los congresistas catalogaban como “cuestionables” y presuntos tráficos de influencias en la licitación de obras públicas.
Y en ese contexto político, vino otra advertencia por parte del Gobierno. El primer ministro, Aníbal Torres, dijo que Castillo tenía la intención de presentar una iniciativa de ley para adelantar las elecciones generales, y así, obligar a un cambio de Congreso más pronto de lo esperado. Sin embargo, según el propio Torres, el presidente decidió no hacerlo para darle “un último intento a la concertación”.
En medio de las tensiones crecientes y las indirectas, la destitución se hundió en el Congreso. Aunque la moción contó con el respaldo de las bancadas de derecha que, juntas, sumaban 72 escaños; no lograron los votos necesarios en el debate final del 28 de marzo de 2022. Pues de los 80 que requerían, solo alcanzaron 55. Así, Castillo tenía un nuevo respiro que le duró solo ocho meses más.
El tercer y último intento terminó con el fin de Castillo y del Congreso
Desde entonces, los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo se volvieron más directos, especialmente por dos leyes que promovieron los parlamentarios y a las que el Gobierno se oponía. Esas fueron las normas que le dieron ambiente a la disolución del Congreso y que potenciaron la destitución del mandatario.
La primera pelea jurídica y política que intentó dar el Ejecutivo fue por la Ley 31355, aprobada el 21 de octubre de 2021 y con la que se modificó la cuestión de confianza. Esta es la herramienta que utilizó Castillo para disolver el Legislativo ya que, según la Constitución peruana, si los legisladores niegan dos veces la misma cuestión de confianza, el presidente está facultado a disolver al Parlamento.
Pues bien, la reforma que aprobó el Congreso para esa ley, en la práctica, le reducía margen de maniobra al Ejecutivo, puesto que precisaba que un ministro de Estado o el presidente del Consejo de Ministros podía pedir una cuestión de confianza únicamente para poner a votación una política general del gobierno, y no para aprobar o negar reformas constitucionales.
Después de que el Congreso modificó la norma, el Gobierno la demandó ante el Tribunal Constitucional, alegando que violaba la Carta Magna. Sin embargo, el 3 de febrero de 2022, la máxima instancia judicial declaró infundada la demanda y dejó en pie la Ley 31355 tal cual la aprobaron los legisladores.
No contento con la decisión, Aníbal Torres le solicitó al Congreso el 8 de noviembre de 2022 votar una cuestión de confianza para reformar dicha ley. Pero el Congreso se opuso y archivó la petición de reforma del Ejecutivo. Fue entonces cuando Castillo puso más claramente sobre la mesa la opción de acabar con el Legislativo, ante su negativa. “Hemos declarado ante el Parlamento una prerrogativa del Ejecutivo, como es la cuestión de confianza. Hoy conocemos la respuesta. Debo anunciar que el Ejecutivo dará también una respuesta en las próximas horas al pueblo peruano”, advirtió el 11 de noviembre.
Seis días después, Torres volvió a pedirle al Congreso que votara otra cuestión de confianza. Esta vez para derogar otra ley, la 31399, que fue aprobada en enero de 2022 y que modificó el referéndum. Desde que existe esa norma, todo referendo que implique una reforma constitucional, primero debe ser aprobado por el Legislativo. El Gobierno se opuso a la norma alegando que esta impedía la participación de los ciudadanos de forma directa.
Aun así, el 24 de noviembre, la Mesa Directiva del Congreso rechazó la cuestión de confianza. El presidente del Parlamento, José Williams Zapata, del partido Avanza País, explicó que la Ley 31399 no ameritaba una cuestión de confianza por no ser una política general de gobierno, que era precisamente la restricción que el propio Legislativo había puesto con la norma anterior. Además, recibió un espaldarazo del Tribunal Constitucional el 30 de noviembre, pues este determinó que la Ley 31399 tampoco contravenía la Constitución, como lo alegaba el Gobierno.
Así las cosas, Aníbal Torres renunció a su cargo como primer ministro, con lo que le abrió las puertas a Castillo para disolver el Congreso. Pues la norma dice que después de que los legisladores voten en contra de una cuestión de confianza, el Ejecutivo puede conformar un nuevo gabinete y solicitar la segunda votación. Si esta también se vota en contra, el presidente puede optar por la disolución.
Sabiendo este contexto, los legisladores iniciaron una tercera moción de vacancia. El 1 de diciembre, 73 congresistas votaron a favor de hacer el debate en contra de Castillo, debate que estaba programado para este 7 de diciembre.
El resto fue cuestión de quién actuó primero. Castillo disolviendo el Congreso sin que se votara por segunda vez la cuestión de confianza, y el Congreso ya disuelto optando por destituir al presidente y en su lugar nombrar a la vicepresidenta Dina Boluarte. Un escenario que ya ha vivido Perú y que se suma a la historia de inestabilidad política que ha hecho que en el país haya habido cinco presidentes en los últimos cinco años.
