- El General Mirko Sokol dejó sin efecto la designación de un nuevo jefe de Frontera y confirmó al coronel José Miguel Álvarez
Uyuni, Kollasuyo Digital
La crisis institucional y social en Uyuni ingresó a una nueva fase de tensión luego de que el Comando General de la Policía Boliviana determinara dejar sin efecto la designación del coronel Gilmar Valencia Fernández como nuevo Comandante de Frontera Policial, ratificando en el cargo al coronel José Miguel Álvarez, autoridad policial que enfrenta un fuerte rechazo ciudadano.
La decisión fue asumida mediante una instructiva emitida por el Comandante General de la Policía Boliviana, General Primero Mirko Antonio Sokol Saravia, y representa un giro inesperado respecto a los anuncios realizados previamente sobre el relevo del mando policial en la región fronteriza.
Con esta determinación, el coronel Álvarez continuará al frente de la guarnición policial de Uyuni, situación que provocó la inmediata reacción de las instituciones vivas de la provincia Antonio Quijarro, que habían considerado la salida del jefe policial como una respuesta a las demandas planteadas por diversos sectores de la población.
El Comité Cívico de la Provincia Antonio Quijarro, presidido por Eliana Luna Terrazas, junto a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), organizaciones gremiales y otros sectores sociales, había expresado formalmente su rechazo a la permanencia de Álvarez mediante el Voto Resolutivo Nº 2/2026, documento en el que se declaró estado de emergencia y control social.
En dicha resolución, las organizaciones determinaron declarar al coronel José Miguel Álvarez como “persona no grata” y exigieron no solo su alejamiento definitivo, sino también la renovación total del personal policial destinado a Uyuni, argumentando que esa medida permitiría recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la seguridad y garantizar el respeto a los derechos humanos.
El malestar de la población se ha intensificado durante las últimas semanas debido a observaciones sobre la gestión policial, denuncias relacionadas con el incremento de la inseguridad ciudadana y, especialmente, por un reciente hecho de violencia registrado en pleno centro de la ciudad, que generó una amplia repercusión y cuestionamientos hacia el accionar de la institución verde olivo.
Tras conocerse la ratificación de Álvarez, dirigentes cívicos y vecinales advirtieron que la medida vulnera los acuerdos alcanzados para preservar la paz social y constituye una provocación a la población uyunense. En ese contexto, señalaron que no descartan reactivar de manera inmediata las medidas de presión.
Entre las acciones anunciadas figuran nuevos bloqueos en las rutas troncales que conectan el sudoeste potosino, además de movilizaciones y posibles cercos a instalaciones policiales, en demanda del cumplimiento de las resoluciones adoptadas por las organizaciones sociales.
La presidenta de la entidad cívica, Eliana Luna, criticó duramente al General Sokol por su “soberbia” y falta de capacidad operativa frente a los conflictos sociales.
Bajo la consigna “¡Uyuni se respeta!”, los sectores movilizados exigen que el Comando General de la Policía reconsidere su decisión y atienda los reclamos de la población, mientras la incertidumbre crece sobre el desarrollo de los acontecimientos en uno de los principales destinos turísticos del país.
Thamara Oliden
