En un extenso documento, el ente matriz plateó sus nuevas demandas resumidas en ocho puntos, entre ellos el compromiso para “no privatizar”, el derecho a fiscalizar las normas antes de su aprobación y el freno a un posible financiamiento del FMI
El país está atento a lo que pueda acontecer en la Casa Grande del pueblo este miércoles. Después de siete semanas del conflicto, el Gobierno citó a la Central Obrera Boliviana (COB) a un diálogo para las 9:00 de este miércoles, como respuesta a su conminatoria.
El encuentro se alista en medio del llamado de los sectores del país, que ya estiman más de $us 2.000 millones en pérdidas, un duro golpe a la economía del país. Decenas de sectores son golpeados por las protestas contra el presidente Rodrigo Paz.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, participará como garante en la reunión, confirmaron a las red UNITEL fuentes de la Fiscalía.
Este miércoles 17 de junio se cumplen 48 días de las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La COB, sectores campesinos y seguidores de Evo Morales exigen la renuncia del mandatario boliviano.
“Celebramos la posibilidad de que se pueda y se tenga que dialogar”, destacó el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, quien anunció que se trata de una “mesa de diálogo, de concertación y de construcción de soluciones en base a la realidad que vivimos”.
Horas antes, reapareció el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, quien anunció una conminatoria para que el Gobierno atienda su pliego y se pacifique el país.
En un extenso documento, el ente matriz plateó sus nuevas demandas resumidas en ocho puntos, entre ellos el compromiso para “no privatizar” y el derecho a fiscalizar las normas antes de su aprobación.
Otro de los puntos que se destaca en el pliego es el rechazo al financiamiento externo del FMI. “Bolivia no accederá a ningún crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, se lee en el documento.
Pero además la COB exige transparentar las negociaciones con el Banco Mundial, el BID y otros organismos.
En ese escenario, tras denunciar la “politización” de las movilizaciones, el ente matriz ha marcado distancia del expresidente Evo Morales, quien desde el trópico de Cochabamba, alienta las protestas.
Gálvez, informó que el Ejecutivo está dispuesto a abordar cada uno de los planteamientos en la mesa de diálogo. Sin embargo, aclaró que cualquier acuerdo deberá enmarcarse en la Ley y la Constitución Política del Estado (CPE).
“Hemos analizado en detalle cada uno de los puntos para evaluar qué se puede hacer, pero será en la mesa de diálogo donde debemos conversar estos temas”, afirmó Gálvez en una conferencia de prensa el martes.
“Todo tiene que estar sujeto a la Ley, conforme a la Constitución, a la lógica y al sentido común. Confiamos en que podremos ponernos de acuerdo”, señaló.
Fuente: Unitel
