Los habitantes de la capital administrativa de Bolivia están hartos del bloqueo más largo de las últimas décadas, protagonizado por sectores descontentos con el presidente
La Paz es estos días una olla a presión. Se cumple un mes del bloqueo de las principales carreteras de acceso a la capital administrativa de Bolivia y sus habitantes mascan una rabia más amarga que las hojas de coca omnipresentes por las calles de esta ciudad rodeada de cerros y, más lejos, de imponentes montañas nevadas. Algunos creen que la solución es que el presidente, Rodrigo Paz, renuncie por haber incumplido las promesas que hizo cuando llegó al poder, hace menos de siete meses. Otros, en cambio, le piden mano dura, que saque al Ejército para poner fin a un sitio que los ha dejado sin alimentos y sin gasolina y que cada día se agrava más. Sólo coinciden en que, tome la decisión que tome, debió de haber actuado antes, cuando comenzaron las protestas, en vez de dejar que crezcan y se extiendan por todo el país.
La Plaza Murillo, el corazón del poder boliviano, lleva cuatro semanas cerrada con vallas y cadenas. Los policías que custodian sus entradas sólo autorizan el paso de quienes trabajan en el Palacio Ejecutivo, en el Legislativo o en las tiendas que los rodean, vacías de los turistas que solían recibir. En sus alrededores, han desaparecido los bocinazos y embotellamientos habituales y reina un silencio anómalo, el de una capital semivacía, en la que desplazarse en automóvil se ha vuelto un lujo al alcance de pocos. Las filas en las estaciones de servicio para llenar el depósito son kilométricas, a la espera de que llegue un cargamento. A veces significa aguardar tres días; a veces, cuatro. Los hay que consiguen combustible en el mercado negro, pero también escasea y el precio casi triplica el oficial.
Es el primer lunes de junio a la hora del almuerzo, pero el Mercado Camacho, en el centro, está desértico. De las diez carnicerías, solo dos tienen las persianas levantadas. Esperan clientes en vano: muchos paceños han dejado de comprar carne de vaca y la han reemplazado por proteínas algo más baratas. Detrás, se repite la misma escena con las verdulerías. Cuatro tomates, que en abril costaban cuatro pesos bolivianos (0,4 dólares) ahora se venden por 12 pesos (1,2 dólares). Los clientes preguntan, critican en voz baja y compran lo mínimo.
Escuelas cerradas
En la esquina del Mercado, más de 150 personas hacen fila para ingresar a un comercio y comprar un pollo por cabeza. Guillermo Villegas, empleado bancario, es una de ellas. Llegó hace media hora y se quedó porque le dijeron que el pollo está a 100 pesos (unos 10 dólares). Es más del doble de lo que pagaba antes del cerco a La Paz, pero menos de lo que se vende en otros negocios más pequeños. “Todo está patas arriba, la situación está bien grave”, lamenta Villegas.
Sus dos hijos, como miles de estudiantes más, llevan tres semanas en casa, asistiendo a la escuela de forma virtual, como en la pandemia. “No aprenden lo mismo y además, quién los cuida, es una desgracia total esto. Ni en la pandemia faltaban alimentos como ahora”, critica.
Villegas cree que el punto de inflexión del descontento social fue la distribución de gasolina adulterada, que dejó un reguero de automóviles rotos entre finales de enero y principios de febrero. “A cualquier otro Gobierno lo habrían tumbado al día siguiente, pero este llevaba muy poco tiempo, prefirieron esperar”, continúa. Paz prometió compensaciones económicas que casi nadie ha recibido.
Uno de los automóviles que se vieron afectados fue el de la abogada y docente Ana María Quintana. Repararlo le costó el equivalente a casi dos salarios mínimos, unos 600 dólares, que el Gobierno no le ha devuelto. “Es un presidente que prometió mucho y que no cumplió nada”, lo critica Quintana, quien lamenta que llegase al poder de forma sorpresiva, sin un plan de Gobierno, y no fuese capaz tampoco de crear uno sobre la marcha. Intenta hacer memoria, pero no recuerda un período de escasez tan prolongado como este y cree que ya no se puede esperar más: si Paz asume que no quiere sacar al Ejército a las calles para evitar un baño de sangre y tampoco logra dialogar con los sectores que protestan, tendrá que dar un paso al costado. “¿Qué más queda?”, se cuestiona.
El rival al que Paz ganó en las urnas, el derechista Jorge Tuto Quiroga, presiona para que el Gobierno ponga fin al conflicto. Aunque sin mencionarlo de forma explícita, Quiroga pidió que se aplique el estado de excepción y se desbloquee las carreteras a la fuerza. “Nunca antes se ha vivido un mes de asedio y secuestro”, denunció en rueda de prensa. El referente opositor calificó al Gobierno de Paz como “inerme, pasivo, que no hace absolutamente nada” y le pidió que use las herramientas en su poder: “La policía, los estamentos de seguridad, las Fuerzas Armadas están para garantizar los derechos constitucionales de todos y cada uno de los bolivianos, no meramente para cuidar dos cuadras de la plaza Murillo; que eso es todo lo que uno ve que hacen”.
Referéndum revocatorio
El Poder Legislativo es otro frente abierto en busca de soluciones. La semana pasada anuló la ley que ponía límites al despliegue de las Fuerzas Armadas en un potencial estado de excepción, y hoy se dio a conocer una propuesta desde la bancada de Unidad —la tercer mayor fuerza del Parlamento— de convocar a un referéndum revocatorio. El recurso permite a la ciudadanía, mediante el sufragio, cesar al presidente, pero debe haber transcurrido al menos la mitad de su mandato. El diputado Carlos Alarcón, el principal promotor de la propuesta, aseguró que “a través de una ley interpretativa” aprobada por dos tercios en el Congreso, se podría adelantar la medida.
“No podemos permitir que la violencia deponga y derroque gobiernos. La autoridad investida por el voto, solo por el voto será revocada”, aseguró Alarcón tras lamentar la decisión del fin de semana de los sectores movilizados de rechazar el llamado al diálogo y continuar con el bloqueo de las carreteras del país.
El presidente boliviano mantiene los llamados al diálogo y anticipa una salida pacífica de la que los paceños cada vez descreen más. En las calles hay pintadas que critican que prometió “capitalismo para todos” y trajo, en cambio, “hambre para todos”. “Ojalá Dios le dé sabiduría para saber qué hacer”, dice una vendedora. Acostumbrados a resistir en esta ciudad dura, levantada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, sus habitantes se adaptan como pueden a la nueva realidad, pero están pendientes de cada novedad que ponga fin a esta pesadilla.
Fuente: El País
