- La mujer asegura que la vivienda fue construida con su trabajo y préstamos bancarios
Potosí, Kollasuyo Digital
Un presunto caso de violencia patrimonial y conflicto familiar generó preocupación en la ciudad de Potosí, luego de que una adulta mayor denunciara públicamente que sus propios hijos y su expareja intentan desalojarla de la vivienda que asegura haber construido con años de trabajo y sacrificio.
La mujer, dedicada al comercio minorista, relató que el problema comenzó después de brindar apoyo a uno de sus hijos, quien atravesaba una situación personal complicada tras separarse de su pareja. Según explicó, decidió recibirlo en su domicilio para ayudarlo; sin embargo, posteriormente habrían surgido disputas relacionadas con la propiedad del inmueble.
“Todo fue construido con mi esfuerzo”
La afectada afirmó que la vivienda fue ampliada y consolidada gracias a préstamos bancarios que ella misma gestionó y continúa pagando mediante su trabajo diario.Imagn
“Todo lo que ven aquí se construyó con mi trabajo, mis sacrificios y deudas que sigo cancelando. Ahora quieren sacarme de mi propia casa”, manifestó entre lágrimas.
Según su denuncia, sus hijos y el padre de ellos habrían iniciado acciones civiles y presiones para asumir control sobre la propiedad.
El caso volvió a poner en debate la situación de vulnerabilidad de muchos adultos mayores frente a conflictos patrimoniales dentro del entorno familiar.
En Bolivia, la Ley Nº 369 de las Personas Adultas Mayores establece garantías para una vejez digna y prohíbe actos de despojo o violencia económica contra este sector de la población. Asimismo, la normativa nacional contempla mecanismos de protección frente a hechos de violencia psicológica, patrimonial y familiar.
La denunciante solicitó públicamente apoyo legal gratuito y pidió la intervención de instituciones como los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) y otras entidades encargadas de la protección de los derechos de los adultos mayores.
Organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y servicios municipales han advertido en reiteradas ocasiones sobre el incremento de conflictos familiares relacionados con bienes inmuebles y personas adultas mayores.
El caso deberá ser evaluado por las instancias correspondientes para determinar la situación legal de la propiedad y establecer si existen elementos que configuren hechos de violencia intrafamiliar o patrimonial conforme a la normativa vigente.
Thamara Oliden
