• Dirigentes de siete departamentos anunciaron que reforzarán la movilización y exigen respeto a la Constitución Política del Estado
Potosí, Kollasuyo Digital
El ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos, Simeón Serrano, informó que representantes de siete departamentos del país sostuvieron una reunión virtual en la que determinaron fortalecer y respaldar la denominada “gran marcha por la vida del boliviano”.
Según explicó el dirigente, en el encuentro participaron ejecutivos departamentales de La Paz, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Potosí, quienes analizaron la situación política y económica del país.
Serrano señaló que las organizaciones sociales decidieron conformar una comisión para reforzar las medidas de presión y apoyar la movilización, argumentando que el Gobierno no ha cumplido con las promesas realizadas durante la campaña electoral.
“El presidente dijo “patria – patria, – Bolivia, Bolivia”, pero hasta el momento está haciendo sufrir al pueblo boliviano. Si no tiene capacidad para manejar el Estado, entonces tiene que irse”, afirmó.
El dirigente cuestionó además la administración gubernamental durante los primeros seis meses de gestión, señalando que no existe capacidad para resolver la crisis económica y social que atraviesa el país.
Asimismo, pidió que se respete la Constitución Política del Estado y criticó algunas propuestas legislativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la Ley 1720 relacionada con la propiedad agraria.
Según Serrano, la normativa afectaría a pequeños productores y comunidades campesinas porque permitiría que propiedades agrícolas puedan ser embargadas en caso de incumplimiento de créditos bancarios.
“Con esta ley las comunidades pueden desaparecer y quieren hacernos callar a las organizaciones sociales”, sostuvo.
También expresó preocupación por el proyecto de ley denominado “antibloqueo”, indicando que vulneraría el derecho a la protesta y la movilización social.
De acuerdo con el dirigente, las sanciones contempladas en esa propuesta afectarían principalmente a dirigentes y movilizados que participen en protestas, marchas o bloqueos.
Finalmente, las organizaciones campesinas ratificaron su respaldo a la marcha y anunciaron que continuarán evaluando nuevas medidas de presión en defensa de sus demandas y del derecho a la movilización social.
