La falta de proyectos mineros empuja principalmente a jóvenes a su hurto a través de redes cada vez más organizadas que ingresan a operadoras estatales y privadas
La minería parece ser el camino. A Bolivia se le agotó la gallina de los huevos de oro que fue el gas durante los últimos 20 años. La reducción de más del 50% en la producción del carburante ha provocado una profunda crisis económica y las miradas para sustituir al principal producto de exportación se han puesto en los minerales. El auge actual de sus precios es la explicación, respaldada por la larga tradición minera que tiene el país, principalmente en polimetálicos.
La fiebre por los yacimientos se ha encontrado con la informalidad de la práctica exploratoria y la incapacidad de los Gobiernos de crear empleos. Como resultado, proliferan grupos criminales organizados que se dedican a la sustracción en el interior de las minas y cuya primera línea de fuego, los jukus, son jóvenes presos de una economía monodependiente.
Bolivia no ha querido quedarse atrás de la revalorización de los metales. El país ha extraído más plata en los últimos 30 años que en toda la época colonial, de acuerdo con el economista Guillermo Guzmán. “Desde 1993 hasta 2023 se han explotado aproximadamente 26.000 toneladas. En toda la Colonia (1545-1825) fueron 22.000. Estamos en ciernes de un nuevo boom de ciclo de precios altos para la minería impulsado por la transición energética”. Para el almacenamiento de las energías “limpias”, como la eólica o la solar, explica Guzmán, se requiere una gran cantidad de minerales. A eso añade que el turbulento desorden mundial ha provocado que las naciones refugien sus reservas en oro o plata.
El país se subió a la tendencia minera, pero sin los medios competitivos. “A nivel de divisas, siempre hemos sido un país minero. Pero durante los últimos 20 años hemos tenido un breve lapso gasífero que ha dejado la producción minera bastante alicaída”, explica Guzmán. La enredada burocracia no ha permitido el desarrollo de nuevos proyectos mineros en el país desde principios de siglo; apenas existe un puñado de compañías privadas y lo que más ha proliferado han sido las cooperativas, muchas de ellas en la informalidad con operaciones en tierras protegidas. La adquisición del codiciado recurso cae entonces en lo delictivo. En lo que va de este año se han registrado al menos 12 ingresos violentos de ladrones al interior de galerías subterráneas estatales y privadas en Oruro y Potosí.
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la empresa estatal encargada de administrar la cadena productiva minera del país, informó a este medio que los jukus —lechuzas en quechua, por su vocación nocturna— le provocaron en 2023 una pérdida anual de 52 millones de dólares. La mina más perjudicada es la de Huanuni (Oruro), la operadora pública más grande del país, dedicada al estaño, cuyo precio interanual subió un 70 % este 2026. Comibol asegura que alrededor de 100 personas se infiltran irregularmente al interior del yacimiento cada mes, con valores de sustracción de cerca de 300.000 dólares.
“Por la extensión de las galerías subterráneas y la multiplicidad de accesos, hacen del control un trabajo extremadamente complejo. Es una mina de estaño con vetas muy ricas, lo que naturalmente la convierte en un objetivo atractivo”, señala una fuente de la empresa. La situación ha llevado a que en febrero la Policía coordine un plan integral con las cooperativas mineras y las Fuerzas Armadas. El acuerdo se sustenta en que, si bien los jukus son tan antiguos como la explotación de metales, ahora se han sofisticado con estructuras, liderazgos claros, acceso a armas de fuego, explosivos y logística capaz de mover y vender toneladas de mineral.
Los reportes locales describen decenas de personas movilizándose en cada golpe, con tareas diferenciadas entre quienes ingresan, los que cargan el mineral y los vigilantes de las salidas. “Aprovechan los momentos de menor vigilancia: la noche, los cambios de turno, los fines de semana. Conocen nuestras rutinas y las explotan. Sus métodos de acceso son variados: desde el uso de infraestructura vertical, como chimeneas de ventilación, hasta la apertura de socavones clandestinos o la infiltración directa cuando encuentran algún espacio entre controles”, asegura Comibol. El grueso de los hurtadores, expuestos al enfrentamiento armado con los mineros, a los derrumbes de la mina y a los gases tóxicos, son jóvenes de 18 a 35 años que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, como admite el propio Estado.
Para Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios Laborales y Agrarios (Cedla), el juqueo es el resultado de la ausencia de respuesta a la falta de puestos de empleo en los centros mineros. “En los últimos años las políticas mineras han sido muy limitadas a la hora de generar fuentes de empleo. En los distritos mineros te pintan dos caminos. El primero es migrar y el otro es dedicarte a la actividad ilícita del robo de minerales, alentado por la condición económica de los precios”. Asegura que el tipo de explotación minera que más ha proliferado han sido las cooperativas, pero para ser accionista se requiere una inversión de al menos 10.500 dólares.
“La principal falla radica en que no se han desarrollado nuevos proyectos mineros. En Bolivia, la última operadora minera establecida fue San Cristóbal, de zinc, en 2006. Nuestra minería está tan rezagada porque no tenemos las investigaciones geológicas para el desarrollo”, asegura Zaconeta. La actual normativa exige que las contrataciones mineras tienen que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, con cientos de proyectos estancados en el escritorio y esperando su deliberación. Por ello, en las elecciones presidenciales del año pasado todos los candidatos hablaban de la imperiosa necesidad de construir una nueva ley.
La tarea se muestra compleja: para llegar al actual reglamento se tomó cinco años. El diálogo será arduo al tener que tomar en cuenta los tres tipos de actores mineros que operan en el país: estatal, cooperativo y privado. El presidente, Rodrigo Paz, afirmó recientemente que Bolivia es el país con las mayores reservas minerales del mundo, pero el que menos produce en relación con los países vecinos con características similares, como Perú y Chile. La afirmación puede tener sus matices, como asegura el economista Guzmán: “No sé si somos más ricos en reservas, pero bajo la hipótesis de que somos más o menos iguales, lo hemos hecho 10 veces peor”.
Fuente: El País
