- El Caso FIC se ha convertido en un emblema de la fiscalización a gestiones pasadas
Potosí, Kollasuyo Digital
La justicia potosina pone fin a las suspensiones. Este viernes 10 de abril se instalará la audiencia de juicio oral por el presunto daño económico durante el Festival Internacional de Cultura. La Alcaldía capitalina solicita una sentencia condenatoria por el delito de conducta antieconómica.
Luego de una serie de postergaciones que dilataron el proceso, el Órgano Judicial de Potosí finalmente tiene previsto instalar este viernes 10 de abril la audiencia de juicio oral y público por el caso del Festival Internacional de Cultura (FIC). En el banquillo de los acusados se encuentran la exalcaldesa Lesly Flores y quien fuera su director de Cultura, ambos señalados por irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La acusación fiscal y la querella presentada por el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí se centran en un presunto daño económico que asciende a aproximadamente 500.000 bolivianos. El Ministerio Público tipificó el hecho bajo el delito de conducta antieconómica, argumentando una gestión deficiente y perjudicial de los fondos destinados al evento cultural más importante de la Villa Imperial.
El director jurídico de la Alcaldía, Osmar Téllez, fue enfático al señalar que la institución edil no buscará menos que una sentencia condenatoria. “De acuerdo con la tipificación de este delito en el Código Penal, los acusados enfrentan una posible pena de privación de libertad que oscila entre los tres y seis años”, explicó la autoridad legal.
La instalación de este juicio ha sido esquiva. En los últimos meses, diversas argucias legales y ausencias justificadas provocaron la suspensión de las audiencias, generando críticas en sectores de la sociedad civil que exigen transparencia.
Téllez manifestó que para la jornada de mañana se espera que el tribunal actúe con firmeza: “Esperamos que la audiencia se lleve adelante sin nuevas suspensiones ni pretextos. La ciudadanía potosina aguarda una resolución definitiva y que se determinen las responsabilidades por este daño al patrimonio de todos” comunicó.
El Caso FIC se ha convertido en un emblema de la fiscalización a gestiones pasadas. La resolución de este juicio no solo definirá el futuro legal de la exalcaldesa Flores, sino que también sentará un precedente sobre la administración de festivales y eventos masivos que, históricamente, han estado bajo la lupa por la falta de descargos claros.
La audiencia está programada para las primeras horas de la mañana en los tribunales de justicia de esta capital.
El delito de conducta antieconómica (Art. 224 del Código Penal Boliviano) se aplica al funcionario público que, por mala gestión o descuido, causa una pérdida de patrimonio al Estado, independientemente de si hubo una intención de enriquecimiento personal.
