- Por: Waldo Vargas Reyes
La propuesta política de campaña realizada por el ahora Presidente Rodrigo Paz del 50/50, relacionada a la redistribución del presupuesto de forma equitativa entre el gobierno nacional y los gobiernos Subnacionales quedo en Statu quo hasta que se elijan en la segunda vuelta a las próximas autoridades departamentales en Chuquisaca, Tarija, La Paz, Oruro y Beni este próximo 19 de abril.
Recordemos que el presidente de Bolivia, hace días atrás desde Santa Cruz junto a su gabinete ministerial anuncio la instalación de mesas técnicas sectoriales para abordar la propuesta de redistribución 50-50 con las nuevas autoridades Subnacionales y para ello dijo que se requiere primero eliminar el “Estado tranca” y que el objetivo es evitar que la burocracia se traslade a municipios y gobernaciones con la transferencia de mayores recursos.
Esta propuesta que ahora se ira tejiendo con las nuevas autoridades debe también contar con la participación decidida de la sociedad civil organizada; toda vez que, dentro del territorio boliviano esta aún vigente el control social en la Constitución Política del Estado en su Art. 241al 242) y este es considerado como un derecho y deber ciudadano para participar en la formulación de políticas públicas y fiscalizar la gestión estatal a todo nivel. Además que con la Ley 341 de 2013 busca la transparencia, el manejo honesto de recursos y la rendición de cuentas, facultando a la sociedad civil organizada para evaluar servicios y denunciar negligencias.
Asimismo, se debe considerar las resoluciones emanadas de algunas organizaciones sindicales como la del magisterio nacional que, en materia educativa, sostienen que la enseñanza debe ser una responsabilidad exclusiva del Estado y con las marchas realizadas hace días atrás manifestaron estar en contra de la descentralización, porque la educación pública y gratuita debe garantizarse desde el nivel central; de lo contrario, se estaría avanzando hacia su privatización. Asimismo, expresaron su desconfianza en los niveles subnacionales, que asumirían competencias tras una eventual distribución de recursos (50/50) con gobernaciones y alcaldías.
En consecuencia, el tema está sobre la mesa y corresponde a las nuevas autoridades junto a la sociedad civil empezar a construir propuesta y políticas a favor de sus unidades territoriales y en especial la consideración de una verdadera redistribución económica sobre la producción de sus recursos naturales como es el caso de Potosí en relación a la explotación de los recursos mineralógicos, entre otros temas estratégicos.
Pueblos del Sur 31 de marzo 2026.
