El incremento de la violencia por parte de grupos dedicados al “jukeo” (robo de mineral) ha puesto en alerta máxima al centro minero de Porco. Ante la gravedad de los últimos enfrentamientos, el alcalde René Huanaco ha solicitado formalmente al Gobierno central la instalación de un puesto militar para resguardar las vetas y proteger la vida de los trabajadores.
La inseguridad en los yacimientos mineros de Porco, en la provincia Quijarro, ha escalado a niveles críticos. El alcalde del municipio, René Huanaco, informó que la situación ha sobrepasado la capacidad de control local, por lo que se ha retomado un proyecto estratégico presentado originalmente ante los ministerios de Gobierno y Defensa para la militarización de la zona.
La solicitud surge tras una serie de incidentes violentos que han marcado el inicio del año 2026. Apenas el pasado 6 de marzo, un operativo policial en la mina Hundimiento (Empresa Minera Illapa) logró la aprehensión de cuatro personas en posesión de un arsenal que incluía 46 cartuchos de dinamita, 20 granadas de mano y un rifle lanza gas artesanal. Según los reportes, estos grupos irregulares utilizan armamento de guerra para amedrentar a los serenos y trabajadores de las cooperativas.
“El objetivo de esta medida es resguardar los yacimientos y frenar los frecuentes robos de minerales, garantizando así la seguridad del área y de los trabajadores”, señaló Huanaco, enfatizando que la presencia militar es la única vía para disuadir a los delincuentes que operan en las bocaminas.
A la amenaza de los “jukus” se suman los conflictos por el control de parajes. El pasado 3 de marzo, un enfrentamiento en la Bocamina Santiago dejó al menos 18 personas heridas debido a disputas familiares y laborales, donde también se registró el uso de explosivos.
Esta atmósfera de violencia no solo afecta la integridad física de los mineros, sino que impacta directamente en la economía del municipio, el robo de mineral de alta ley (plata y zinc) resta ingresos por regalías mineras que el municipio utiliza para obras públicas.
Los enfrentamientos y asaltos se suman a la alta tasa de accidentes, que ya registra 25 fallecidos en lo que va del año en el departamento.
La propuesta de instalar un puesto de control militar no es nueva, pero la actual gestión busca que se concrete de manera inmediata. Se plantea que los efectivos de las Fuerzas Armadas realicen patrullajes constantes en las rutas clandestinas que utilizan los ladrones de mineral para evacuar la carga hacia otros departamentos.
Mientras el Ministerio de Defensa evalúa la viabilidad del proyecto, la Policía Departamental ha reforzado su presencia en el módulo policial de Porco, aunque los trabajadores advierten que los efectivos son insuficientes frente a grupos de hasta 30 “jukus” armados que operan bajo el amparo de la noche.
