La Paz, 3 de marzo de 2026 (ANF).- Pese a contar con una normativa específica y con el respaldo de la legislación laboral boliviana, las trabajadoras del hogar continúan enfrentando jornadas extenuantes, despidos arbitrarios y salarios por debajo del mínimo nacional. Dirigentas sindicales denunciaron que la ley existe “solo en el papel” y que, en la práctica, los derechos del sector son vulnerados de manera sistemática.
Zenobia Mamani, secretaria ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (Fenatrahob), afirmó que actualmente hay un incumplimiento generalizado de las normas que protegen a este sector.
“Muchos empleadores han vuelto a minimizar el valor de nuestro trabajo. Creen que porque trabajamos en una casa no somos trabajadoras con derechos”, sostuvo en contacto con ANF.
En Bolivia rige la Ley N.º 2450 de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar, promulgada en 2003, que reconoce contrato escrito, salario mínimo, aguinaldo, jornada de ocho horas, descansos, afiliación a la seguridad social, prestaciones por maternidad y derecho a sindicalización. Además, el país ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve el trabajo decente para el sector. Sin embargo, la aplicación de estas normas es parcial y frágil.
Uno de los principales problemas, según Mamani, es el incumplimiento de la jornada laboral. “La jornada de ocho horas nunca se cumple”, aseguró. Las trabajadoras “internas” —que viven en la casa donde prestan servicios— pueden iniciar labores a las cinco de la mañana y concluir pasadas las once de la noche. Las contratadas por “medio tiempo” suelen ser retenidas hasta las cuatro de la tarde sin reconocimiento de horas extras.
Sin derecho a maternidad
Ambas dirigentas identificaron un patrón común: la discriminación por maternidad. “Es casi imposible que una mujer embarazada consiga empleo. Y si queda embarazada mientras trabaja, lo más común es que la despidan”, señaló Mamani. Choque confirmó esta situación y añadió que el embarazo se ha convertido en una causa “casi segura de expulsión”.
La violencia y el trato indigno forman parte de otra dimensión del problema. Mamani relató casos en los que a las trabajadoras se les entrega comida sobrante, a veces en mal estado, y se les obliga a comer separadas de la familia, sentadas en un banquito.
Choque agregó que existen situaciones de violencia física y abusos sexuales por parte de empleadores. “Muchas veces se intenta tapar estos casos. Las compañeras no denuncian por miedo a la estigmatización o porque no tienen recursos”, afirmó.
El acceso a la justicia es otro obstáculo. Mamani sostuvo que los procesos laborales pueden tardar entre nueve y diez años en resolverse, incluso cuando se trata de montos pequeños.
“Es una justicia que no responde a la realidad de una trabajadora que necesita ese dinero para vivir”, lamentó. Choque, por su parte, señaló que, al intentar denunciar abusos, muchas no son escuchadas por abogados o se les exige pagos que no pueden cubrir.
“Nos menosprecian por ser de origen campesino o por no saber leer y escribir. Quedamos en total indefensión”, dijo.
Afectadas por la crisis
La crisis económica ha agravado la situación. El incremento en el precio del transporte y de alimentos básicos como el pan afecta especialmente a las trabajadoras que son madres solas y viven en alquiler. Con salarios bajos o inestables, el costo de vida reduce aún más sus posibilidades de cubrir necesidades básicas.
Muchas trabajadoras no cuentan con contrato escrito ni afiliación efectiva a la seguridad social, pese a que la ley lo establece de manera obligatoria. La afiliación a la Caja Nacional de Salud continúa siendo limitada, y los mecanismos de inspección y sanción resultan insuficientes.
Frente a este panorama, Choque hizo un llamado a que se abra un debate serio sobre el cumplimiento de la ley. Dijo que en el sindicato en Cochabamba se impulsan talleres de alfabetización y capacitación técnica en gastronomía, costura y computación para fortalecer la autonomía de las trabajadoras.
Mamani coincidió en que la organización es clave para revertir la vulneración constante. “Tenemos leyes avanzadas, pero si no se cumplen, no sirven. Necesitamos que el Estado fiscalice y que la sociedad entienda que nuestro trabajo sostiene hogares y economías”, remarcó.
Fuente: ANF
