- El Comité Cívico pide investigación y sanción contra responsables del transporte urbano y autoridades municipales.
Potosí, Kollasuyo Digital
El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) presentó este jueves una denuncia penal formal ante el Fiscal Departamental de Potosí, Dr. Gonzalo Aparicio Mendoza, por la presunta comisión de los delitos de agio, especulación e incumplimiento de deberes, relacionados con el cobro irregular de pasajes en el transporte público urbano de la ciudad.
De acuerdo con el documento, la denuncia por agio y especulación apunta a dirigentes de sindicatos, cooperativas y operadores de micros, minibuses y otros, quienes —según COMCIPO— habrían elevado arbitrariamente el costo de los pasajes, incumpliendo lo establecido en la Ley Municipal N° 545, que fija tarifas transitorias para el transporte urbano.
La normativa municipal establece las siguientes tarifas:
- Mayores: Bs. 2,50
- Adulto mayor: Bs. 2,00
- Universitarios y normalistas: Bs. 1,50
- Colegiales: Bs. 1,00
- Escolares: Bs. 0,50
- Personas con discapacidad: Bs. 1,00
Para el servicio de taxis y radio taxis, la tarifa es de Bs. 8,00 en horario diurno y Bs. 10,00 en horario nocturno, tanto para distancias cortas como largas.

COMCIPO considera que el incumplimiento de esta escala tarifaria constituye un perjuicio económico directo a la población y exige al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes, disponer inspecciones inmediatas a los vehículos que prestan el servicio y sancionar a los responsables conforme a ley.
Además, la denuncia por incumplimiento de deberes involucra al alcalde municipal de Potosí, Waldo Porcel Soruco, y a la presidenta del Concejo Municipal, Josefina Cruz Marca, por presunta omisión en el control de la normativa vigente. COMCIPO solicita la admisión de la denuncia y el inicio de investigaciones conforme a los artículos 70 y 289 del Código de Procedimiento Penal.
El documento fue firmado por el presidente de COMCIPO, Dr. Alberto Pérez Ramos, junto a dirigentes del ente cívico, quienes reafirmaron su compromiso con la defensa de los intereses de la población potosina y exigieron respeto a la legalidad vigente en el sistema de transporte urbano.

