La Paz, 14 de enero de 2025 (ANF).- A casi un mes de la eliminación de los subsidios a los combustibles, las consecuencias del denominado gasolinazo comienzan a sentirse con mayor crudeza. Dirigentes vecinales, representantes de trabajadores desocupados y organizaciones de víctimas coinciden en que el alza de precios está empujando a miles de personas a estrategias de sobrevivencia cada vez más precarias y peligrosas, mientras crece el temor a un incremento sostenido de la pobreza y del robo de minerales (juqueo) como forma de subsistencia.
Celestino Barro, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Tarija, describió el impacto de la medida como “un balde de agua fría” para la clase media y la gente humilde. Aseguró que el golpe más fuerte se siente en la canasta familiar, donde productos básicos como la carne se han convertido en un lujo inalcanzable.
“El kilo de carne blanda está entre 85 y 90 bolivianos. Para una familia que vive con 10 o 15 bolivianos al día, eso es imposible de adquirir”, afirmó el dirigente a ANF.
Barro explicó que, ante este escenario, muchas familias han optado por omitir comidas. “Hay madres solteras que toman un desayuno fuerte y eso ya cuenta como almuerzo o cena. No es que quieran, es que no alcanza”, señaló. La falta de empleo agrava la situación: quienes no tienen trabajo estable recurren a lavar ropa ajena, vender caramelos o pipocas en las calles para sobrevivir. A ello se suma el incremento del pasaje urbano en Tarija, que pasó de 2 a 3 bolivianos para adultos, encareciendo aún más la vida diaria.
Desde su perspectiva, la tendencia es clara y preocupante. “La pobreza va a seguir subiendo, no hay una varita mágica para revertir esto de la noche a la mañana”, advirtió. Según Barro, la economía local está prácticamente paralizada y la única salida estructural sería la ejecución de grandes proyectos por parte del Gobierno nacional que generen movimiento económico y empleo, beneficiando de manera indirecta a sectores como transportistas y vendedores minoristas.
La situación no es distinta en el distrito minero de Huanuni. Daniel Jarro, representante de los desocupados, afirmó que el impacto del gasolinazo ha sido “muy fuerte”, especialmente para quienes viven del trabajo diario. “Aquí, si no trabajas, no comes. Los albañiles, los vendedores de refrescos, los pequeños comerciantes están sufriendo mucho”, explicó a ANF.
Jarro detalló que el costo del transporte de la ciudad de Oruro hacia Huanuni se ha disparado, llegando a cobrarse hasta 30 bolivianos, mientras que los precios de las verduras y otros alimentos básicos están muy elevados.
Esta combinación de factores ha empujado a más personas a asumir riesgos extremos. “La gente está entrando en más cantidad al juqueo porque no hay otra opción. Saben que hay enfrentamientos, que ya hubo muertos con la policía y el ejército, pero la necesidad es más fuerte”, sostuvo, señalando que la alta cotización del estaño actúa como un incentivo adicional para arriesgar la vida.
Desde otro frente, Victoria López, representante de la plataforma de sobrevivientes de las dictaduras, alertó sobre la desesperación económica que también atraviesa su sector, compuesto en gran parte por personas de la tercera edad. Relató que algunos compañeros, presionados por la falta de ingresos, han decidido ir a zonas peligrosas a explorar oro de manera informal.
“Hace poco, un compañero se perdió en una expedición y fue encontrado fallecido. Es una tragedia que no debería ocurrir”, lamentó en contacto con ANF.
López señaló que, mientras el costo de vida se incrementa de forma acelerada, los procesos de reparación económica para las víctimas de las dictaduras permanecen estancados. “La plata no alcanza y el Estado no responde. Por eso vamos a reunirnos para evaluar el impacto del gasolinazo y de las movilizaciones, y no descartamos nuevas medidas de presión”, advirtió.
El trasfondo de esta crisis se remonta a diciembre de 2025, cuando el gobierno de Rodrigo Paz eliminó los subsidios a los combustibles mediante el Decreto Supremo 5503. La medida provocó un aumento abrupto de los precios: la gasolina especial pasó de alrededor de 3,79 a 6,96 bolivianos por litro, y el diésel de 3,72 a 9,80 bolivianos, con incrementos superiores al 80 % y 160 %, respectivamente.
La decisión desató protestas, paros y bloqueos en ciudades como La Paz, El Alto y Santa Cruz, con choferes, sindicatos y organizaciones sociales exigiendo la derogación del decreto. El Gobierno defendió la eliminación de los subsidios como necesaria para estabilizar la economía y reducir el déficit fiscal.
Fuente: ANF
