La Paz, 31 de diciembre de 2025 (ANF).- Con el cuerpo marcado por el dolor y los años de encierro, pero con una fe que se niega a extinguirse, Juan Bascopé Cari resiste en el penal de San Pedro. Apicultor y productor campesino de Apolo, en el norte de La Paz, Bascopé es hoy el rostro más visible del llamado “caso Apolo” y uno de los símbolos más crudos de la violencia estatal extrema en Bolivia.
Desde su celda, habla de su deterioro físico, de la vida diaria en prisión y, sobre todo, de una esperanza que deposita en la revisión de su caso y en la verdad que —dice— tarde o temprano se impondrá.
Bascopé asegura mantener confianza en el sistema de justicia, particularmente en la nueva etapa que se abre con las autoridades que asumirán funciones en enero. “Confío en que mi carpeta pueda ser revisada de manera objetiva”, afirma a ANF, convencido de que aún es posible corregir las irregularidades que, según su defensa, marcaron todo el proceso judicial en su contra.
En el plano procedimental, explica que ya se presentaron documentos ante la jueza de ejecución, los cuales fueron remitidos a Sucre. Espera que, tras el receso por vacaciones judiciales, desde el 5 de enero se retomen las actividades y se realice una revisión minuciosa de su situación legal.
Más allá de los trámites, Bascopé se aferra a su fe religiosa. “No hay un problema que dure 100 años”, repite, convencido de que la verdad terminará saliendo a la luz. También deposita expectativas en las investigaciones por tortura impulsadas por Virginia Ugarte, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto.
La supervivencia en el penal de San Pedro es, para él, una lucha cotidiana. Para evitar un mayor deterioro de su salud, cocina su propia comida, pero denuncia que los costos se han disparado. “Antes hacía una sopa con 15 bolivianos, ahora necesito 50; la carne y las verduras están carísimas”, relata.
Sin posibilidad de generar ingresos, su subsistencia depende por completo de su familia. Sus hijos le envían dinero cuando pueden, y sus hermanos y hermanas lo visitan y mantienen contacto permanente. Recuerda con emoción a su madre, que solía llevarle canastones con miel de abeja, yuca y plátanos, productos que conectaban su encierro con la vida campesina que perdió.
El ambiente carcelario también le pasa factura en lo emocional. Las “batidas” policiales —requisas que se realizan a cualquier hora del día o la noche— y las listas de control diarias lo mantienen en un estado de tensión constante. A ello se suma el trauma de haber presenciado peleas dentro del penal. “Eso me afecta mucho, me obliga a esconderme rápido en mi espacio”, confiesa.
Su estado de salud es una de las mayores preocupaciones. Bascopé sufre intensos dolores en los hombros que le impiden realizar incluso esfuerzos mínimos. Cuenta que al intentar cepillar una gorra para lavarla, sus hombros comenzaron a temblar y no resistieron.
“Ahí me di cuenta de que ya no tengo fuerza”, dice. Un interno venezolano, conocedor de fisioterapia, le señaló que tiene el omóplato “lleno de cayos” producto de las lesiones sufridas durante la tortura. Actualmente, se apoya en plantas medicinales y jugos de frutas, pero reconoce que necesita con urgencia atención especializada en neurología, traumatología y cardiología, que no puede costear por su cuenta, ya que para salir a una cita médica se debe tener dinero.
La lesión en el hombro le ha quitado toda posibilidad de trabajar dentro del penal. “Ya no puedo producir nada para ayudarme”, afirma con resignación. Su mayor temor es el futuro: salir de prisión tras más de una década y no poder mantenerse por sí mismo.
“No quiero ser una carga para mi familia”, sostiene. Por ello, tiene como objetivo viajar al exterior, con apoyo de organismos de derechos humanos, para exponer personalmente su caso y buscar una solución definitiva.
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) concluyó que Juan Bascopé Cari fue sometido a tortura física y psicológica durante su detención en el marco del caso Apolo. En sus informes periciales, el ITEI señala que las lesiones y secuelas identificadas “son compatibles y concordantes con los métodos de tortura denunciados por la víctima” y que el relato de Bascopé mantiene “coherencia interna, persistencia en el tiempo y correspondencia clínica”.
El instituto advierte además que el apicultor presenta afectaciones psicológicas asociadas a violencia extrema, indicando que “los síntomas observados responden a un cuadro típico de estrés postraumático derivado de tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Para el ITEI, los hechos configuran una grave violación de derechos humanos y comprometen la responsabilidad del Estado, por lo que recomendó “una investigación imparcial y efectiva, la sanción de los responsables y la reparación integral de la víctima”.
Bascopé Cari fue acusado por la emboscada del 19 de octubre de 2013 en Apolo, en la que murieron tres policías y un médico durante operativos de erradicación de coca. Tras años de detención preventiva y procesos cuestionados, en diciembre de 2020 fue condenado a 30 años de prisión como único responsable por homicidio, asociación delictuosa y otros delitos, sentencia que luego fue ratificada por el Tribunal Supremo.
Desde el inicio, su defensa y organizaciones de derechos humanos denunciaron que fue sometido a torturas por policías y militares: cuatro días de maltrato extremo que le provocaron fracturas, lesiones nerviosas, dolores crónicos y secuelas físicas y psicológicas permanentes.
Defensores del caso sostienen que el juicio estuvo marcado por falta de pruebas directas, testigos inconsistentes y posibles nulidades procesales, mientras la Fiscalía mantuvo la acusación señalándolo como líder de la resistencia en Apolo.
Hoy, mientras cumple condena en San Pedro, su caso sigue siendo emblemático por condensar violencia estatal, debilidades estructurales del sistema penal y una persistente lucha por justicia y reparación. Con el cuerpo quebrado, Juan Bascopé insiste en no rendirse: la esperanza, dice, sigue intacta.
Fuente: ANF
