Del Castillo fue cuestionado por la forma en la que lideró los operativos de captura del gobernador Luis Fernando Camacho. También estuvo al frente de la detención de la expresidenta Jeanine Äñez. Fue denunciado por delito de tortura por la familia Aramayo
“¿Quién va a fugar del país por un aeropuerto internacional, con toda su familia y con menores de edad?”. Con esa frase, el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo selló su defensa pública minutos después de que la Justicia ordenara su libertad pura y simple, tras descartar la Fiscalía cualquier imputación en su contra por el delito de obstrucción policial.
La declaración la hizo al salir del Palacio de Justicia de Santa Cruz, luego de la audiencia de acción de libertad en la que el juez constitucional Carlos Alberto Moreira le concediera la tutela en su favor, ordenó su liberación inmediata y dispuso el cese de la persecución policial contra él y su familia. Afuera, un pequeño grupo de activistas protestaba contra la decisión judicial.
“Me siento muy feliz por mi familia, porque vamos a poder acceder a una visita médica y seguramente el 12 (de enero) nos estaremos reencontrando”, dijo en referencia al viaje que tenía programado a Santiago de Chile para una evaluación neurológica de su hija menor, diagnosticada con autismo.
Recordó que, tanto en la vía ordinaria como en la constitucional, los jueces coincidieron en una misma conclusión: su libertad debía ser inmediata. “Ambas demandas han sido resueltas y creemos que la justicia ha hecho lo correcto, no solo para mi familia, sino para cualquier familia en este país”, sostuvo.
Consultado sobre si retomará el viaje, explicó que intentará reprogramar las citas médicas y confirmar si aún puede utilizar su vuelo de retorno previsto para el 12 de enero. “Si no, vamos a hacer las comunicaciones necesarias. Mi pasaje está comprado hace más de 40 o 50 días”, precisó.
“No me he ido del país, no me voy a ir”
“Yo soy una persona que se ha mantenido en el país. No me he ido, no me voy a ir” afirmó. Y reforzó su argumento con una pregunta directa: “¿Quién va a fugar por el aeropuerto internacional de Viru Viru, con altísima seguridad, con toda su familia y con una menor de edad con una condición médica? Si quisiera hacerlo, ya lo habría hecho hace meses por vía terrestre”.
Anunció que acudirá a todas las instancias necesarias, incluso internacionales, para que el hecho no se repita. “No solo por mí, sino por todos los bolivianos. A nadie más le puede pasar lo que nos pasó ayer”, advirtió.
El exministro reiteró su denuncia de abuso policial durante el operativo en el aeropuerto internacional Viru Viru. Relató que, pese a no existir ninguna restricción legal, se paralizaron controles migratorios y vuelos internacionales, lo que —según dijo— generó daño económico al Estado.
“Un capitán ha reconocido que instruyó paralizar vuelos. Por eso estamos pidiendo copia legalizada del acta y de la resolución”, señaló, al tiempo de anunciar acciones legales. Afirmó además que su hija menor sufrió una crisis emocional y un golpe durante el procedimiento, hecho que —aseguró— está respaldado con material audiovisual.
“Mi hija fue golpeada por un funcionario policial. Vamos a ir incluso a instancias internacionales para restituir los derechos que han sido vulnerados”, remarcó.
El antecedente judicial
La liberación de Del Castillo se produjo luego de que el fiscal Luis Alba resolviera no imputarlo, ni a su cuñado Abad A., por el presunto delito de impedir u obstaculizar el ejercicio de funciones públicas. Con ese antecedente, la jueza de Instrucción Penal de Warnes, Rosario del Carmen Egües, dejó sin efecto la aprehensión y emitió los mandamientos de libertad pasadas las 17:30.
Paralelamente, el abogado Enrique Ramírez presentó una acción de libertad contra jefes policiales de Santa Cruz, denuncia que derivó en el fallo constitucional que ordenó la liberación inmediata.
Abogado y militante del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo alcanzó su mayor visibilidad como ministro de Gobierno durante la presidencia de Luis Arce (2020–2025), desde donde se consolidó como uno de los voceros más duros del Ejecutivo y figura central en operativos y procesos judiciales de alto impacto político.
Para sus críticos, simbolizó la judicialización de la política; para el MAS, firmeza estatal tras la crisis de 2019. Esa polarización marcó su imagen pública y acompañó su intento de salto electoral en 2025, que terminó con un 3,17 % de los votos, lejos de las fuerzas principales.
“Hemos alcanzado justicia, pero esto no va a quedar aquí”, advirtió tras salir de la audiencia. “Vamos a presentarnos las veces que sea necesario para demostrar que no hemos cometido ningún delito y que en Bolivia nadie puede ser privado de libertad de esta manera”.
Del Castillo fue cuestionado por la forma en la que lideró los operativos de captura del gobernador Luis Fernando Camacho hace tres años. También estuvo al frente de la detención de la expresidenta Jeanine Äñez. Adicionalmente, la familia de Marco Aramayo, quien murió en prisión en medio de al menos 200 procesos penales en su contra por el caso del Fondo Indígena. había presentado una denuncia por torturas y vejámenes contra Del Castillo, quien ejerció un poder político sobre la Policía, de acuerdo con sus adversarios.
Fuente: El Deber
