El exmandatario pasó dos noches en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en calidad de aprehendido.
La Paz, 12 de diciembre de 2025 (ANF).- Hace 34 días, Luis Arce estaba en la cúspide política, tenía el poder como jefe de Estado; este viernes estará sentado frente a un juez evitando ser enviado a un penal para menores de 18 años, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por el caso Fondo Indígena.
El exmandatario pasó dos noches en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en calidad de aprehendido. La Fiscalía lo imputó por permitir que no se realice ningún control al avance de los proyectos ni a los recursos que desembolsó el Fondo Indígena a cuentas particulares.
Durante casi una década, Arce en el poder ya sea como ministro o como presidente estuvo libre de la “persecución penal” del Ministerio Público, es más los fiscales cuando asumió la Presidencia orientaron la “persecución” contra los opositores, desde la expresidenta Jeanine Añez y a varios de sus ministros.
El fiscal del caso Fondo Indígena Miguel Cardozo informó que la imputación formal presentada ante autoridad jurisdiccional sostiene que existen “los suficientes elementos de probabilidad de autoría” de Arce en el caso.
El exmandatario enfrentará el proceso en la justicia ordinaria, porque la Justicia “no reconoce fueros ni privilegios”, precisó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romero Saucedo, porque la investigación en contra de Arce es por su condición de ministro de Estado.
Los delitos que le sindican los cometió presuntamente cuando ejercía como ministro de Economía y Finanzas Públicas, en el gobierno de Evo Morales.
El Ministerio Público durante una década no abrió ninguna investigación ni contra la exdiputada Lidia Patty, mucho menos contra Luis Arce. Los exfiscales generales como Ramiro Guerrero y Juan Lanchipa abrieron procesos contra decenas de personas, pero nunca tocaron al entorno de Evo Morales.
En 2015, legisladores opositores y organizaciones sociales críticas al MAS denunciaron la “protección” del Ministerio Público al gobernante Movimiento al Socialismo, especialmente a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemecia Achacollo, que presidía el directorio del Fondo Indígena, que era la máxima instancia de decisión.
Una de las atribuciones del Directorio era “aprobar o rechazar el financiamiento de proyectos de desarrollo productivo”, además la aprobación de los estados financieros, la memoria anual y el presupuesto anual, entre otros, señala la imputación fiscal. En esa instancia, Arce tenía un representante, como el resto de los ministros.
Además del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, otros cuatro ministerios eran parte del Directorio, sin embargo, cuando estalló el escándalo del Fondo Indígena ningún ministerio asumió responsabilidad en las irregularidades. La mayoría de los casos fueron cargados al exdirector ejecutivo Marco Antonio Aramayo, que después de siete años murió en la cárcel denunciando ante los fiscales que los ministros de Morales eran autores del “desfalco”, ningún fiscal lo escuchó.
Arce en ese tiempo señalaba que su facultad era desembolsar los recursos y no fiscalizarlos. Después de 10 años, la Fiscalía apunta que incumplió sus funciones porque no hizo seguimiento en el buen uso de los recursos económicos y es así que muchos proyectos quedaron inconclusos, pese a los desembolsos, o en definitiva no se realizaron como se denunció en 2015.
Fuente: ANF
