El TCP continúa operando en un escenario de fractura interna, con dos bloques enfrentados y crecientes cuestionamientos sobre la legitimidad de las autoridades prorrogadas.
La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió una denuncia penal presentada contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), señalados por aprobar una resolución que habría permitido la “prórroga inconstitucional” de sus mandatos.
La acción fue interpuesta por dos magistradas electas en los comicios de 2024, quienes sostienen que la determinación vulneró la Constitución y prolongó de forma irregular funciones que debían concluir en 2023.
La fiscal de materia Jenny Esther Torrico Delgadillo informó oficialmente el inicio de la investigación preliminar, mediante un documento remitido al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de Chuquisaca.
En el informe, al que EL DEBER tuvo acceso, la fiscal detalla que la denuncia fue admitida tras la subsanación de observaciones y que el caso pasa ahora a la fase de averiguación penal en cumplimiento del Código de Procedimiento Penal.
El caso
Los denunciados son: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.
La investigación se abrió por los presuntos delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica, tipificados en los artículos 148 Bis y 199 del Código Penal.
La Fiscalía señaló asó que el Ministerio Público actuará “en estricta observancia del principio de obligatoriedad” y que el juzgado deberá ejercer control jurisdiccional.
La denuncia fue presentada el 12 de noviembre por las magistradas Paola Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, electas en los comicios judiciales de diciembre de 2024.
Ambas cuestionan el Auto Constitucional Plurinacional 070/2025-O, emitido el 31 de octubre, el cual —afirman— fue aprobado en un ambiente de “completo hermetismo” y sin participación de los cuatro magistrados electos.
Prudencio denunció que el documento jamás fue remitido a los nuevos miembros de la Sala Plena y que fue presentado al país como si no hubiera existido disidencia. En su criterio, la resolución invade competencias de la Asamblea Legislativa, puesto que clausura la posibilidad de cesar a los magistrados prorrogados en tanto no existan nuevas autoridades electas.
“Ya son dos años de prórroga en los que, de forma metódica, han frenado tres veces su salida, siendo parte y juez en su propio interés”, afirmó la magistrada.
Por su lado, el magistrado Boris Arias, también electo en 2024, pidió que la nulidad del auto sea tratada por suplentes y recordó que los nueve miembros del TCP pueden ser sometidos a juicio de responsabilidades.
Desde que estalló la crisis, hace dos semanas, EL DEBER intentó contactarse con el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, para conocer su posición, pero no respondió.
El conflicto escaló al sistema judicial
Los magistrados electos alertaron que el conflicto no se limita al reciente auto, sino que forma parte de una secuencia de resoluciones —53/2024-O, 002/2025-O y 070/2025-O— que, según ellos, exceden las competencias del TCP al declarar inconstitucionalidad de proyectos de ley mediante simples autos, una vía no contemplada por el Código Procesal Constitucional.
La tensión se profundizó cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, cuestionó públicamente la resolución que habilitó la tercera prórroga de mandatos.
En una entrevista con el programa ‘Periodismo que cuenta’, Saucedo afirmó que el auto “impone frenos a la Asamblea Legislativa” y expresó su apoyo a la denuncia presentada por las magistradas electas. “Hay que restablecer el Estado de Derecho; no podemos reconstruir el país si seguimos tolerando este tipo de ilegalidades”, declaró.
A ello se suma que la Cumbre Judicial, realizada el 14 de noviembre en Sucre, pidió en su punto 11 el cese de los magistrados autoprorrogados, aumentando la presión institucional.
Con la admisión de la denuncia, la Fiscalía avanza ahora en la etapa preliminar, que incluye la toma de declaraciones y la evaluación de documentación presentada por las denunciantes. Según el informe oficial, toda la prueba documental fue registrada en el Sistema Informático del Ministerio Público, interoperable con el Órgano Judicial.
Fuente: El Deber
