La mesa dos concluyó en solicitar que el Ejecutivo otorgue el 5% de los recursos del TGN, se remitirá un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que se efectivice esa propuesta.
La Paz, 14 de noviembre de 2025 (ANF). – El ‘Diálogo por la Reforma Judicial’ concluyó solicitando el 5% de los recursos del Tesoro General del Estado (TGN) para el Órgano Judicial, modificar la Constitución Política del Estado (CPE) y que los magistrados autoprorrogados sean suspendidos de sus cargos.
“La magistrada Amalia Laura Villca Estrada, del Tribunal Constitucional plurinacional, ha presentado un proyecto de ley que va a ser remitido a la Asamblea Legislativa, en la cual establece el régimen transitorio para el funcionamiento del Tribunal Constitucional”, informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.
Este viernes se llevó a cabo el encuentro interinstitucional organizado por el TSJ para diseñar las tareas de cara a una reforma judicial, con cuatro ejes temáticos. En el evento participó el presidente Rodrigo Paz.
Por su parte, el abogado Otto Ritter dijo que una de las conclusiones de la mesa fue exigir la suspensión de los magistrados autoprorrogados propuesta que fue aprobada por todos los integrantes de la mesa técnica. Además, indicó que se decidió apoyar el proyecto de ley de la magistrada del TCP.
“En la mesa número uno hemos aprobado por unanimidad pedir la inmediata suspensión del cargo de todos los autoprorrogados. Eso lo pedimos y fue aprobado por unanimidad, así como apoyar el proyecto presentado por la magistrada (Amalia Villca) lo cual significa que no es un proyecto solo de ella, sino de toda la mesa”, puntualizó.
Los autoprorrogados del TCP Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo no participaron en el evento. Sin embargo, los magistrados electos Boris Arias, Edson Dávalos, Amalia Laura y Paola Prudencio asistieron como observadores y de forma personal, no en representación de esa instancia judicial.
Las conclusiones
Las conclusiones de la primera mesa de trabajo fue realizar cambios estructurales a la Constitución Política del Estado (CPE) y a la ley del Órgano Judicial a largo plazo, que permitirá la independencia de ese órgano. Impulsar un nuevo procedimiento agroambiental, analizar la Ley de Deslinde Jurisdiccional, reformar la normativa laboral, penal y actualizar el código civil.
La mesa dos concluyó en solicitar que el Ejecutivo otorgue el 5% de los recursos del TGN, se remitirá un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que se efectivice esa propuesta. Además, se pidió recursos adicionales para la justicia indígena.
“La jurisdicción indígena originaria y campesina está al mismo nivel de la justicia ordinaria, tienen igualdad de jerarquía. Sin embargo, no se les ha brindado las condiciones necesarias para ejercer esa administración que tienen a través de nuestras naciones y pueblos indígenas, hoy estamos recogiendo esa propuesta para plasmarla y hacérselas conocer a los diferentes niveles del Estado”, dijo Saucedo.
Además, se dispuso incorporar normas internacionales de calidad que puedan certificar el trabajo y los resultados de la administración judicial.
La mesa tres resolvió la creación de una unidad especializada nacional de justicia digital, la unificación de los sistemas informáticos a nivel nacional ya que existen al menos 50 sistemas operativos para diferentes procedimientos.
A la vez, se definió reforzar la interoperabilidad de información entre las instituciones del Estado garantizando la transparencia y la publicidad; implementación de documentos virtuales con validez jurídica. Inclusión tecnológica en la justicia indígena originaria, dotación de presupuesto para la infraestructura tecnológica.
Finalmente, la mesa cuatro determinó impulsar una ley de la carrera judicial vertical que promueva la meritocracia de los administradores de justicia; se planteó impulsar una normativa para reforzar la evaluación de jueces, vocales y personal de apoyo.
Reforzar la capacitación del personal judicial a través de la Escuela de Jueces del Estado con valor curricular y formación certificada, se plantea la categorización como la antigüedad, remuneración salarial, méritos, capacitación y desempeño judicial que permita fortalecer la carrera judicial como una estructura profesional.
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Fuente: ANF
