- La Brigada Parlamentaria de Potosí se ha comprometido a trabajar por una minería responsable
Potosí, Kollasuyo Digital
Con la llegada del nuevo gobierno liderado por Rodrigo Paz Pereira, el sector minero boliviano se encuentra en una encrucijada: por un lado, se proyecta una apertura al capital privado y extranjero con promesas de seguridad jurídica e incentivos fiscales; por otro, persisten los desafíos ambientales y sociales, especialmente en torno al emblemático Cerro Rico de Potosí, cuya estructura está al borde del colapso.
La diputada potosina Katia Arando ha sido enfática en señalar que cualquier política minera debe priorizar la preservación ambiental y el respeto al patrimonio histórico. “Antes de pensar en ingresos, debemos proteger el Cerro Rico, ícono de los potosinos”, afirmó, proponiendo la modificación de la Ley 1197, que declara al cerro como Monumento Nacional, para reforzar su protección.
Actualmente, el Cerro Rico presenta más de 130 hundimientos, según estudios de la Universidad Autónoma Tomás Frías, y enfrenta un riesgo estructural grave. A pesar de los esfuerzos de relleno seco por parte de COMIBOL y el Ministerio de Minería, los resultados han sido insuficientes. La diputada Arando también planteó revisar la Ley 535 de Minería y Metalurgia, que ha sido criticada por permitir la expansión de cooperativas mineras en áreas fiscales sin suficiente control ambiental.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz ha anunciado una ambiciosa agenda minera que incluye:
- Triplicar la producción minera en cinco años, pasando de 5.000 a 15.000 millones de dólares.
- Eliminar el impuesto complementario del 12.5% para facilitar la reinversión.
- Formalizar cooperativas mineras mediante la creación de un Banco Minero que otorgue créditos y promueva trazabilidad ambiental.
- Industrializar la minería, con nuevas fundiciones y plantas de refinación para agregar valor a los minerales.
Sin embargo, organizaciones como el CEDIB han advertido sobre los riesgos de flexibilizar la normativa minera, especialmente en lo que respecta a la protección de recursos hídricos y zonas ecológicas sensibles.
En cuanto a proyectos específicos, el caso de la Minera Alcira, subsidiaria de la canadiense New Pacific Metals, es emblemático. Su proyecto “Silver Sand” en Tacobamba, Potosí, prevé una inversión de 358 millones de dólares y la creación de más de 2.000 empleos. No obstante, enfrenta obstáculos como el avasallamiento de tierras y la demora en la aprobación de licencias ambientales.
La diputada Arando ha señalado que todo proyecto minero será analizado jurídicamente antes de su aprobación, marcando distancia con prácticas anteriores. “No queremos levantar la mano sin saber qué beneficios trae para nuestras regiones”, afirmó.
En este nuevo escenario, la Brigada Parlamentaria de Potosí se ha comprometido a trabajar por una minería responsable, que combine desarrollo económico con respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural.
