En medio de tensiones, acusaciones y un clima de confrontación, dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) abandonaron este martes la sesión de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, tras denunciar que la aprobación del contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group es “un complot contra el país”.
“El Comité Cívico se retira porque ha identificado la total coordinación que han tenido parlamentarios arcistas y algunos legisladores traidores al pueblo de Potosí; van a aprobarlo y van a regalar los recursos de Bolivia”, afirmó el presidente de Comcipo, Dr. Alberto Pérez, antes de dejar el hemiciclo.
Mientras los cívicos potosinos se retiraban, la comisión inició la votación para dar luz verde al acuerdo, que prevé una inversión de 975 millones de dólares para la construcción de una planta con tecnología de extracción directa de litio (EDL). La propuesta ha sido observada tanto por representantes potosinos como por legisladores de oposición, quienes cuestionan el apuro del oficialismo.
Pérez adelantó que retornarán a Potosí para convocar a un consejo consultivo y definir medidas de presión, además de llamar a todo el país a sumarse a la demanda. “No vamos a ser parte de este engaño, de este complot que le están haciendo al país. Un presidente de esta comisión como es Hernán Hinojosa ha manipulado en todo momento desde la sesión de ayer para la aprobación a rajatabla de este contrato”, acusó.
La jornada estuvo marcada por incidentes, empujones, gritos e incluso una mordida propinada por una diputada a una funcionaria. Finalmente, la sesión se reinstaló en horas de la tarde, a puertas cerradas y bajo resguardo policial.
Desde Comunidad Ciudadana (CC), la diputada Lissa Claros (ahora candidata por Alianza Libre) denunció que varios parlamentarios de oposición habilitados para participar fueron impedidos de ingresar. Tanto cívicos como representantes potosinos insisten en que el análisis del contrato debe realizarse en la próxima gestión de gobierno, con el objetivo de garantizar “mayor capacidad, certidumbre y tino” en la industrialización y exportación del litio.
Una vez aprobado por la comisión, el contrato deberá pasar al pleno de la Cámara de Diputados y, posteriormente, a la Cámara de Senadores para su tratamiento final.
