* No existe la información técnica, científica e hidrogeológica sobre las fuentes del elemento vital
En un paso significativo hacia la defensa del medioambiente y los derechos colectivos, la Defensoría del Pueblo presentó el pasado 18 de julio una solicitud de medidas cautelares ambientales ante el Juzgado Agroambiental del Distrito de La Paz.
La acción busca resguardar el derecho de la población boliviana a un medioambiente sano y al acceso al agua, en cumplimiento del mandato constitucional de la institución.
La medida, presentada en la vía precautoria, cuestiona la falta de información científica, técnica e hidrogeológica actualizada por parte de las autoridades competentes sobre la gestión del agua en el país.
En particular, se destaca la ausencia de datos sobre la disponibilidad, recarga y manejo de aguas subterráneas y fósiles, lo que impide una evaluación ambiental rigurosa y vulnera el derecho a la información ambiental, tal como lo establece la normativa nacional y el Acuerdo de Escazú.
“El acceso a información ambiental clara y actualizada es esencial para garantizar la participación ciudadana y la toma de decisiones responsables sobre nuestros recursos naturales”, afirmó Heriberto Pomier, jefe de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.
Entre las solicitudes clave de la Defensoría se encuentran:
* La garantía de procesos efectivos de consulta previa, libre e informada antes de aprobar contratos sobre recursos naturales estratégicos.
* La exigencia de evaluaciones estratégicas de impacto ambiental.
* La validación técnica de los informes que respalden dichos contratos por instancias especializadas y representativas.
La institución también informó que esta acción fue comunicada formalmente al Órgano Legislativo, con el objetivo de que se considere en la programación de la agenda legislativa.
Actualmente, se espera la respuesta del Juez Agroambiental sobre las medidas solicitadas.
El documento presentado resalta la importancia vital y multidimensional del agua, no sólo como recurso para la vida humana, sino también como un derecho de la Madre Tierra.
Asimismo, subraya la necesidad de una gestión ambiental responsable y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, conforme al marco constitucional y a los tratados internacionales vigentes.
Fuente: Página web Defensor del Pueblo
