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Municipio de Potosí logra fallo favorable en demanda laboral presentada por el exalcalde René Joaquino

  • Este tema ha suscitado un intenso debate en la sociedad.

Potosí, Kollasuyo Digital

La Dirección de Asesoría Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí (GAMP), liderada por el abogado Osmar Téllez Maldonado, informó que el Juzgado Tercero en Materia Laboral emitió una resolución favorable al municipio en el proceso iniciado por el exalcalde René Joaquino Cabrera, quien exigía el pago de Bs. 514.634 por concepto de sueldos devengados, aguinaldos y otros beneficios laborales.

La demanda fue interpuesta por Joaquino en relación con una suspensión impuesta por el Concejo Municipal en 2010, cuando enfrentaba un proceso judicial. Según el exalcalde, durante ese periodo dejó de percibir ingresos que ahora reclama como derechos laborales.

Sin embargo, el equipo jurídico del GAMP presentó dos excepciones clave: incompetencia del juez e impersonería de la parte demandada. El juzgado declaró probada la excepción de incompetencia, argumentando que el caso no corresponde a la jurisdicción laboral, ya que no existía una relación laboral activa ni derechos laborales consolidados durante el periodo reclamado.

Este fallo se alinea con la postura de varios juristas y autoridades locales, quienes han señalado que las autoridades electas no están sujetas a la normativa laboral ordinaria. El abogado municipalista José Romay explicó que los beneficios sociales no aplican a figuras como Joaquino, ya que su vínculo con el Estado se rige por normas específicas del régimen político y no por el Código Laboral.

Asimismo, el Concejo Municipal de Potosí rechazó públicamente la demanda, calificándola como un “absurdo jurídico” y recordando que Joaquino, como abogado y exautoridad, debería conocer los límites legales de su reclamo.

Este caso ha generado amplio debate en la opinión pública, especialmente por el monto solicitado y el precedente que podría sentar en futuras demandas de exautoridades. Con esta resolución, el municipio evita un desembolso significativo de recursos públicos y refuerza la defensa institucional frente a demandas consideradas improcedentes.

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