El presidente Luis Arce admite “momentos complejos” y llama a defender la institucionalidad; el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia exigen investigar a fondo el caso que derivó en la renuncia de César Siles.
En medio de un escándalo que sacude al sistema judicial, el presidente Luis Arce posesionó a Jessica Paola Saravia como nueva ministra de Justicia, en reemplazo de César Siles, quien renunció poco antes de revelarse un presunto caso de manipulación judicial. El hecho es considerado por el Consejo de la Magistratura como un acto de prevaricato, que vulnera el orden constitucional.
Durante el acto de posesión, Arce reconoció las tensiones recientes y destacó la necesidad de dar continuidad institucional al trabajo del Ministerio de Justicia. “Ante las denuncias que ocurrieron el día sábado, el Gobierno nacional, asumiendo con responsabilidad, posesiona hoy una nueva autoridad para darle continuidad al trabajo del Ministerio de Justicia. Nuestra hermana Jessica ha sido viceministra y ahora asume la dirección de todo el ministerio”, declaró.
El presidente también destacó la trayectoria de Saravia y garantizó que su relación con el Órgano Judicial será “armónica y dentro de la normativa”. “Sabemos de su profesionalismo y capacidad. Estamos seguros de que los temas pendientes del Ministerio serán llevados a buen puerto con la ayuda del gabinete y la Asamblea Legislativa”, dijo.
Arce no mencionó directamente el escándalo, pero su decisión fue interpretada como un intento por contener una creciente crisis en el Órgano Judicial que, según advirtieron autoridades del sistema de justicia, podría incluso afectar la credibilidad del proceso electoral previsto para agosto.
Con la renuncia de Siles y la polémica abierta, la flamante ministra Jessica Saravia asume una de las carteras más sensibles en un momento crítico para la institucionalidad democrática. Deberá enfrentar las tensiones entre el Órgano Ejecutivo y el Judicial, y responder a los cuestionamientos sobre la independencia de los jueces, en un año electoral marcado por la polarización política y las denuncias de injerencia.
¿Quién es la nueva ministra?
Jessica Saravia es abogada y cuenta con una amplia trayectoria en instituciones públicas. Ha sido directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego en dos gestiones distintas (2016-2019 y 2020-2023), además de viceministra de Lucha Contra la Corrupción entre 2012 y 2016. Ha ejercido como abogada penalista, consultora en el Ministerio de Relaciones Exteriores y docente universitaria. Su formación incluye especializaciones en auditoría jurídica y sistemas de gestión de calidad y antisoborno.
El origen de la crisis: un fallo “prevaricador”
El conflicto se originó a raíz de una resolución emitida por el juez de Coroico Fernando Lea Plaza, quien ordenó que la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, entregue sus credenciales para habilitar a su suplente, Iván Campero. El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, calificó esta decisión de “prevaricadora” y advirtió que representa una amenaza directa a la seguridad jurídica del país.
“Si se sostiene este tipo de criterio judicial, ninguna autoridad electa podría sentirse segura en el ejercicio de sus funciones. Eso pone en riesgo el sistema democrático”, señaló Baptista en Sucre, la sede del Órgano Judicial boliviano.
Informó que el juez fue aprehendido, se encuentra con detención preventiva y se le iniciarán procesos disciplinarios. Además, anunció auditorías a sus fallos previos y pidió al Ministerio Público investigar a todas las personas mencionadas en el caso, sin importar su cargo o jerarquía.
El TSJ habla de “golpe institucional”
Más enfático aún fue el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien aseguró que se intentó “dar un golpe institucional” al TSJ con la resolución contra la magistrada Coaquira. “Se está gestando un juego de intereses para posicionar al suplente, Iván Campero, con fines políticos”, denunció.
Saucedo pidió a la Fiscalía General del Estado investigar al exministro César Siles, quien fue vinculado al caso mediante un audio que circula en redes sociales. “Lo que sucede es grave. El objetivo podría ser no reconocer al candidato que gane las elecciones de agosto”, alertó en una de rueda en Santa Cruz.
El descargo de César Siles
El exministro Siles publicó un comunicado en el que asegura que el audio en el que se lo involucra -presuntamente- dando instrucciones a autoridades jurisdiccionales fue manipulado y obtenido sin su autorización, lo cual —afirmó— vulnera sus derechos constitucionales.
“El contenido fue claramente alterado. No se identifica el proceso ni el contexto. Además, la Fiscalía ya desmintió ser la fuente del audio, lo cual confirma que se trata de una campaña para dañar mi imagen”, sostuvo. Aseguró que acudirá ante cualquier citación y que iniciará acciones legales contra quienes persistan en difundir acusaciones infundadas.
El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia han advertido que no permitirán que el caso quede en la impunidad. Ahora, todas las miradas están puestas en la Fiscalía, que deberá definir si amplía la investigación a otras autoridades y si efectivamente hubo una operación para influir en la composición del máximo tribunal del país.
Fuente: EL DEBER
