El Ministerio de Hidrocarburos, a través del viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, aclaró este miércoles que no ha sido notificado oficialmente por la justicia sobre la acción popular presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), que busca la suspensión de los contratos firmados con las empresas Uranium One y CBC para la industrialización del litio en el salar de Uyuni, Potosí.
Arnez se refirió a la información difundida en medios de comunicación, que señala que el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K habría ordenado el pasado martes la “suspensión inmediata” de los contratos. Sin embargo, la autoridad fue enfática en señalar que ni el Ministerio ni Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) han recibido notificación alguna al respecto.
“El Ministerio y YLB no han sido notificados con una medida cautelar mencionada en los medios de comunicación, ni tampoco con ningún proceso que se esté llevando a cabo en contra de los contratos que se han firmado”, manifestó Arnez en una conferencia de prensa.
En ese sentido, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a continuar con el tratamiento y aprobación de los contratos, firmados el año pasado con la empresa rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC, ambas especializadas en la aplicación de la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).
El contrato con Uranium One, firmado en septiembre de 2024, contempla una inversión superior a los 970 millones de dólares para la producción de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Por su parte, el convenio con CBC, suscrito en noviembre del mismo año, prevé una inversión de 1.030 millones de dólares para la instalación de dos plantas con capacidad de 10.000 y 25.000 toneladas anuales.
Desde la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, la principal objeción a los contratos radica en la supuesta ausencia de estudios de impacto ambiental, entre otras observaciones. No obstante, el viceministro Arnez aseguró que dichos estudios existen y reiteró que la consulta previa a las comunidades será ejecutada una vez que los contratos sean aprobados por la Asamblea, conforme a la normativa vigente en actividades extractivas.
“Mientras no ocurra la notificación, nosotros vamos a seguir trabajando”, concluyó la autoridad, ratificando la voluntad del Gobierno de avanzar con el proceso de industrialización del litio en el país.
