* 53 comunidades interpusieron la acción popular contra YLB y el Ministerio de Energía e Hidrocarburos
Potosí, Kollasuyo Digital
En un fallo sin precedentes, el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K concedió medidas cautelares a favor de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), que agrupa a 53 comunidades indígenas de la región.
La decisión judicial ordena la suspensión inmediata del tratamiento en el legislativo nacional de los contratos entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas Uranium One de Rusia y CBC de China.
La acción popular fue presentada por la Cupconl en defensa de los derechos colectivos, el acceso al agua y la protección de la Madre Tierra.
“El 27 de mayo, nuestras 53 comunidades lograron una primera victoria judicial”, expresó la organización en un comunicado; mientras, la abogada Fátima Monasterio, representante legal de las comunidades, explicó que el juez también instruyó a YLB abstenerse de ejecutar cualquier obra relacionada con los contratos mientras se resuelve el fondo del caso.
REACCIONES DIVIDIDAS
La decisión ha generado reacciones encontradas en distintos sectores, por ejemplo, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) celebró el fallo como un triunfo de la justicia ambiental.
Alberto Pérez presidente de la entidad, remarcó la determinación asumida por el juez del distrito de Colcha K, que resolvió, primero, hacer un estudio ambiental.
Sin embargo, Germán Caballero, secretario general de la Central Obrera Departamental (COD), expresó su preocupación por lo que calificó como una “intromisión judicial” en proyectos estratégicos para el desarrollo de Potosí. “La justicia no está actuando con imparcialidad”, afirmó, citando también el caso del proyecto minero Alcira.
Desde el ámbito académico, el decano de la Facultad de Minas de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Ing. Epifanio Mamani Alizares, respaldó la medida judicial. Señaló que la suspensión es coherente con estudios técnicos que recomiendan realizar un estudio de impacto ambiental previo a cualquier actividad extractiva en el Salar de Uyuni. “Es indispensable para garantizar la preservación del medio ambiente”, sostuvo.
DENUNCIAS Y ACLARACIONES
La diputada Lisa Claros, de Comunidad Ciudadana, denunció que las empresas extranjeras ya realizaban pruebas piloto en el salar, provocando daños por el consumo excesivo de agua en más de 50 comunidades.
Por su parte, YLB aclaró que los contratos aún no están vigentes, ya que no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa.
La empresa estatal aseguró que, una vez notificada formalmente, presentará un informe técnico y legal que demostrará que no se han vulnerado derechos colectivos ni individuales.
CONTEXTO MÁS AMPLIO
Este caso se enmarca en un debate más amplio sobre los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y América Latina.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece el derecho a la consulta previa, libre e informada antes de ejecutar proyectos que afecten sus territorios.
La decisión del juzgado de Colcha K Edson Villarroel Herrera, podría sentar un precedente importante en la defensa de los derechos indígenas frente a intereses extractivos, especialmente en regiones ricas en recursos naturales como el litio, considerado estratégico para la transición energética global.
