* Se busca frenar el tratamiento de los acuerdos con la Uranium One Group y la CBC Hong Kong
Potosí, Kollasuyo Digital
El Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K admitió la acción popular presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) para frenar el tratamiento legislativo de los contratos firmados entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y las empresas CBC (China) y Uranium One Group (Rusia) para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.
La acción, presentada el 12 de mayo, fue impulsada por representantes de las 53 comunidades que integran la TCO Nor Lípez, encabezados por su secretario general, Iván Calcina.
El recurso legal exige que se suspenda cualquier avance en la aprobación de los contratos hasta que se cumplan una serie de condiciones fundamentales: la realización de estudios ambientales integrales, la implementación de procesos de consulta previa, libre e informada y la elaboración participativa de una Ley Marco del Litio y Recursos Evaporíticos.
“Estos contratos se firmaron a espaldas de los pueblos originarios, sin consultarnos y sin estudios técnicos que evalúen los impactos socioambientales y culturales”, denunció Calcina.
La Cupconl sostiene que el modelo extractivista propuesto, pone en riesgo las fuentes de agua, el ecosistema del salar y el futuro de las comunidades locales.
La audiencia judicial sobre esta acción popular ha sido programada para el próximo 27 de mayo.
Mientras tanto, la organización indígena exige que YLB se abstenga de firmar nuevos contratos o acuerdos relacionados con la exploración y explotación del litio en la región.
El conflicto se intensificó en semanas recientes, cuando comunarios de Nor Lípez expulsaron al ministro de Educación y a una diputada oficialista de un ampliado en Colcha K, donde se intentaba socializar los contratos ya firmados.
La protesta reflejó el profundo malestar de las comunidades, que denuncian la falta de transparencia, la ausencia de beneficios claros para la región y el uso intensivo de recursos hídricos sin planificación adecuada.
El Gobierno, por su parte, defiende los contratos, asegurando que cumplen con los requisitos legales y que permitirán avanzar en la industrialización del litio con participación mayoritaria del Estado boliviano.
Sin embargo, las comunidades insisten en que no se puede avanzar sin su consentimiento y sin garantías ambientales.
