Ante la resolución del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) qué afirmó que la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue arbitraria, su defensa señaló que esa disposición es de carácter vinculante y pidió que sea liberado.
“El mandato del Grupo de Trabajo de la ONU es vinculante al amparo del concepto del ”bloque de constitucionalidad” reconocido en Bolivia, el cual incorpora los tratados internacionales de DDHH ratificados por el país al ordenamiento jurídico nacional”, aseveró Martin Camacho, abogado de la autoridad departamental.
El jueves se conoció la resolución que emitió el Grupo de Trabajo de ese organismo internacional que evaluó la situación de la detención preventiva del Gobernador. Ese informe fue rechazado por el ministro de Justicia, César Siles.
El primer punto resolutivo del documento indica que la privación de libertad de Luis Fernando Camacho es arbitraria, además de haber vulnerado los artículos 2, 7, 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Pide al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Camacho sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto”, señala el documento.
En ese sentido, el jurista destacó la evaluación que hizo el organismo y consideró que es favorable al proceso que se instauró contra la autoridad. Dijo que el Estado debe cumplir y ordenar su liberación.
“Estábamos esperando esta resolución que es bastante favorable y el Estado debería cumplir y ordenar la libertad del Gobernador, caso contrario vamos a accionar y a solicitar el mandamiento del cese a la detención preventiva”, sostuvo el abogado.
El 28 de diciembre de 2022 en medio de un fuerte operativo policial qué se desplegó en la ciudad de Santa Cruz, uniformados vestidos de civil y armados interceptaron su motorizado, lo redujeron y lo trasladaron hasta la ciudad de La Paz.
Otra de las recomendaciones que hizo el Grupo de Trabajo fue solicitar a las autoridades la investigación sobre la forma en que fue aprehendido y procesar a quienes vulneraron sus derechos humanos.
“Insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Camacho y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, resalta.
En ese sentido, la Human Right Foundation (HRF) señaló que ese documento no solo es una declaración o recomendación, sino un decisión vinculante que debe ser acatada por el Estado boliviano.
“Es un mandato vinculante conforme al concepto jurídico del ‘bloque de constitucionalidad’ reconocido en Bolivia, el cual incorpora los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país al ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, el Estado Plurinacional de Bolivia está obligado a cumplir esta decisión y proceder a la liberación inmediata de Luis Fernando Camacho”, indica el pronunciamiento.
Fuente: ANF
