Envuelto en el escándalo y la investigación judicial por el fraude con la criptomoneda $Libra, Javier Milei busca recuperar la centralidad política y apuesta al discurso de “mano dura” contra los delincuentes. El presidente argentino planteó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores —hoy fijada en los 16 años— y propuso llevarla a los 10 años. El Gobierno ultra pretende que el Congreso inicie la discusión la próxima semana.
El debate suele reabrirse en Argentina, acicateado por casos que involucran a delincuentes juveniles. Esta vez se trata de la muerte de una niña de siete años, Kim Gómez, víctima de dos adolescentes que habían robado un auto. El hecho fue tomado por Milei para cuestionar a uno de los principales referentes de la oposición a su Gobierno, el peronista Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, la provincia donde ocurrió el crimen la semana pasada.
“Uno de los asesinos de Kim tiene 14 años y goza de ser inimputable, no se lo puede juzgar. El otro criminal cometió delitos siendo menor de 16 años, lo cual significa que con nuestra ley de imputabilidad no hubiera estado libre. Necesitamos bajar la edad de imputabilidad y no solo eso, necesitamos agravar todas las penas del código penal”, dijo Milei en la apertura de las sesiones parlamentarias, el último sábado. En su discurso abogó por la aprobación del proyecto presentado el año pasado por el Ejecutivo, que propone que a partir de los 13 años las personas puedan ser acusadas y juzgadas por delitos penales.
Un día después fue más allá: “Nosotros mandamos el proyecto de baja de imputabilidad a 13 años. Y la verdad es que cuando empezamos a mirar los números, también lo podríamos llevar a 10″, enfatizó el domingo, en una entrevista con el canal La Nación+. “Delito de adulto, pena de adulto”, remarcó el mandatario ultraderechista.
El régimen penal vigente en Argentina establece que los menores de 16 años no pueden ser juzgados. Entre los 16 y los 18 solo pueden ser procesados en casos de delitos graves de acción pública o que prevean una pena superior a los dos años de prisión. Las penas de detención en cárcel común están previstas a partir de los 18; antes, la privación de la libertad debe cumplirse en institutos para menores.
Tras las declaraciones de Milei, el oficialismo y sus aliados en el Congreso pretenden reabrir el debate sobre un nuevo régimen penal juvenil y convocaron para el próximo miércoles a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El partido de Milei, La Libertad Avanza, cuenta con respaldo de parte del PRO, la fuerza liderada por el expresidente Mauricio Macri, pero también enfrenta la resistencia y propuestas divergentes de legisladores del peronismo, la izquierda y otras bancadas. De hecho, en el Congreso ya fueron presentados más de una decena de proyectos para reformar el actual régimen penal y no parece allanado el camino hacia un dictamen mayoritario.
Si bien la inseguridad es un tema sensible para la opinión pública, las estadísticas oficiales muestran que Argentina tiene la tasa de homicidios más baja de Sudamérica. Un informe preliminar del Sistema Nacional de Información Criminal, difundido por el Gobierno en enero pasado, detalla que el país sufrió cuatro homicidios cada 100.000 habitantes en 2024, lejos de los asesinatos registrados en otras naciones de la región como Ecuador (38 casos), Colombia (26) o Brasil (21).
En cuanto a la participación de menores en delitos judicializados, las últimas cifras disponibles corresponden al primer semestre del año pasado. La Base General de Datos de la Corte Suprema indica que en ese lapso 907 niños y adolescentes enfrentaron causas penales en la Justicia Nacional de Menores. La gran mayoría de los expedientes, un 84%, se centró en delitos contra la propiedad, en especial robos y hurtos. Entre los hechos más graves se destacaron 17 causas iniciadas por delitos contra las personas que involucraron a un total de 39 menores: la mayor parte de los casos fueron por lesiones (59%) y hubo cinco causas por homicidios (29%), tres en grado de tentativa y dos consumados. De todo ese universo de delincuencia juvenil, el 60,1% de los acusados tenía 16 o 17 años al momento del hecho; un 38% tenía entre 13 y 15; y un 1,9% tenía 12 años o menos.
Fuente: EL PAÍS
