El comité multisectorial y el Comité Civico Potosinista (Comcipo) dieron plazo hasta el 25 de febrero para que el gobierno anule los contratos de explotación de litio con las empresas Uranium y Hong Kong CBC, además de la disposición confiscatoria del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, caso contrario asumirán medidas de presión.
“Si el Gobierno no va a atender nuestras demandas, habrá movilizaciones. Vamos a esperar hasta el martes 25 de febrero y después la decisión es que habrá una medida de presión, el 25 se van a definir las movilizaciones que se van a tomar”, informó el presidente de Comcipo, Alberto Pérez.
Este lunes se llevó a cabo la quinta reunión multisectorial en el departamento de Potosí, en la que participó la dirigencia cívica y decidieron unirse a esa medida de protesta exigiendo la anulación de los contratos con las empresas rusa y china.
A la vez, el dirigente cívico señaló que se propusieron al menos cuatro medidas de presión: una marcha desde Patacamaya hasta La Paz, una huelga general indefinida, bloqueo de caminos y movilizaciones escalonadas. En el sexto encuentra que se realizará en Oruro se definirán esas acciones.
Con relación a los convenios para la explotación de litio, Pérez indicó que ninguna institución o sector social asistirán a las reuniones convocadas por el Gobierno para la socialización de esos contratos porque están a destiempo y, de forma previa, se debe aprobar una ley de recursos evaporíticos en la Asamblea Legislativa.
“Se rechaza la firma de estos dos contratos, ya no hay socialización porque es tarde se han equivocado de camino y no vamos a ser tontos útiles. Asimismo, estamos esperando la aprobación del proyecto de ley de litio o recursos evaporíticos y no se asistirá a ninguna socialización de los contratos”, manifestó.
Por otra parte, el secretario ejecutivo nacional de la Confederación de Gremiales, César González, señaló que los sectores productivos que participaron en esa reunión no asistirán a ninguna reunión para la reglamentación de la disposición confiscatoria.
“Ninguna de las instituciones que son parte de este ampliado ni de las cadenas de abastecimiento asistirán a las reuniones para tratar la reglamentación de dicha disposición. No se permitirá que se decomisen los productos a la cadena productiva”, aseveró el dirigente.
Fuente: ANF
